■ “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, manifestaron por las calles de la capital
■ Denuncia padre de Juan Antonio Guerrero aparente secuestro de su hijo, hace 4 meses
Tal como se ha replicado en el país el reclamo por la aparición con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, se repiten en el territorio nacional las denuncias por los desaparecidos, ayer, en voz de Antonio Guerrero Aguilar se expuso el caso de la correspondiente de su hijo, un hombre de 44 años de nombre Juan Antonio Guerrero Lozano, quien fue sacado por la fuerza de su domicilio ubicado en la colonia Villas del Padre, el 27 de junio de este 2014, expusó.
“Está bien que apoyemos a los de Guerrero, pero también a todos los de aquí, porque ha habido muchos desaparecidos, hay corrupción. Yo le he pedido a todas las autoridades (ayuda), me falta ir a (la Comisión Estatal de) Derechos Humanos”, dijo frente a un grupo de varios centenares de personas.
Antonio Guerrero Aguilar se sumó ayer a la marcha-mitin convocada nacionalmente por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Frente Amplio Unitario (FAU) y que localmente lideró la sección 46 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. El hombre no pertenece a ninguna de estas organizaciones pero pidió hacer uso del megáfono para exponer su caso en Plaza de Armas, a donde culminó la comitiva que saliera a las 18 horas de la plancha ubicada frente a la sede de la Legislatura del estado.
Como también se ha repetido por el país en la frase: “nos quitaron tanto, que también nos quitaron el miedo”, Guerrero Aguilar dijo, “si algo me pasa ya no tengo que temer”.
Convocó a todos los zacatecanos para que se unan “y que vean que ya Zacatecas no es como era antes, una ciudad pacífica”, agregó, se han registrado muchos “levantones” y secuestros pero también anomalías y el “Gobierno del Estado no hace nada, son puras evasivas: que venga mañana, que venga pasado…”.
Al igual que los padres de los normalistas siente que su “muchacho está vivo” y reiteró acerca de las manifestaciones de solidaridad con las familias de los desaparecidos “que está muy bien y a todos los zacatecanos: hombres, mujeres y niños…porque ya es mucho lo que este gobierno no puede hacer”.
De su caso comentó para La Jornada Zacatecas, los vecinos de su hijo le informaron que luego de ocurrido el evento de su desaparición, acudieron al domicilio de Juan Antonio Guerrero Lozano varias unidades de las policías Metropolitana, Estatal y Ministerial, sin embargo, cuando acudió a estas instancias no encontró registro alguno de que se hubiera levantado un acta del hecho.
Dice haber visitado ya la 11 Zona Militar para pedir ayuda y levantó ya una denuncia formal por los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, donde después de obtener una entrevista con el titular, Arturo Nahle García, hace poco más de dos meses y tres semanas, “no ha pasado nada”.
Poco tiempo después de la desaparición de su hijo, recibió una notificación mediante un enviado, para pagar un rescate para lo cual fue dirigido a un domicilio ubicado en la colonia Alma Obrera, ahí fue atendido por un hombre al cual el propio llamó “Rafa” y a quien le entregó 30 mil pesos, pero Juan Antonio Guerrero Lozano no fue devuelto.
Acudió posteriormente al mismo sitio acompañado de elementos de la Policía Preventiva, dijo, pero la persona ya se había fugado.
Mediante investigaciones propias, se enteró que el domicilio donde pagó el presunto rescate corresponde al de un hombre “que trabaja en la Ministerial, en medicina legal. Por eso yo digo que ellos son los mismos… le dan el pitazo”.
La marcha-mitín realizada ayer en la capital del estado de Zacatecas y que se anunció en conferencia de prensa ofrecida por la mañana, tuvo réplica local en los municipios Fresnillo, Jerez y Río Grande, fue respaldada por el Frente Social por la Soberanía Popular, el sindicato de Cobaez, la Conajupe y el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.
Antes de su inicio, Jorge Arroyo Méndez, secretario general de la sección 46 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, expuso las razones de esta movilización como un acto de solidaridad con el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional y en exigencia de la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa.
Destacó la afectación propiciada por la crisis económica e institucional del país contra su población joven, que denunció, ha derivado en un clima de violación a los derechos humanos y la criminalización de la protesta social.
Tanto José Santos Cervantes como Efraín Arteaga Domínguez, ambos integrantes del FSPSP, encontraron detrás de crímenes como el de Guerrero, una alta descomposición social, resultado de las políticas neoliberales implementadas en el país desde 1982.
