■ Defensor dice que deben recibir salarios caídos, liquidación de 48 mil pesos y otras prestaciones
■ No serán reincorporados, pero sí ayudará a que se limpie su imagen, asevera el abogado
El Tribunal de lo Contencioso y lo Administrativo declaró como nulos los oficios donde se decreta el cese o baja de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, a Jorge Martínez Ortega, Elvira Flores Guzmán, María Patrocinio Gallardo Espino, Luis Antonio Mayorga Chacón, Sandro Ulises Quintero Hernández, Cruz Andrea Lamas Rodríguez, José Emiliano López Martínez, Julio Ángel Norato Adame, Violeta Guerrero Cruz, Cecilio Galván Fernández y Javier Pérez Vacio, por no haber aprobado los exámenes de control de confianza, además de comprobar que no están coludidos con grupos de crimen organizado, no consumen drogas ni encubren a quienes las distribuyen.
Los antes mencionados piden que se les retire de Plataforma México, si es que se subieron sus datos por no aprobar dichas pruebas.
Además, dijeron, no han recibido los 48 mil pesos que, según autoridades del ayuntamiento capitalino, ya dieron a los 11 ex policías por el concepto de liquidación, ni el crédito que se les ofreció para que emprendieran un negocio.
El abogado de los ex uniformados, Santos Antonio González, indicó que se debe pagar salarios caídos a los trabajadores, los 48 mil pesos que erogó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), aguinaldo y prima vacacional, además de reparar el daño moral a los ex policías.
Los ex agentes tenían entre 15 y 20 años de servicio, y cuando se les informó de su despido, autoridades del ayuntamiento sólo les ofrecieron 2 mil 500 pesos de liquidación, aumentando la oferta a 4 mil 500, argumentando que lo aceptaran a pesar de que no merecían tanto dinero.
La resolución se dio el pasado 15 de octubre, y aunque no serán reincorporados a la administración municipal, sí ayudará a que se limpie la imagen de los ex policías.
El abogado abundó que un día antes de cesarlos se les dio de baja en el IMSS y 24 horas después de darlos de baja se emitió un oficio donde se informaba que no habían aprobado los exámenes de confianza, los cuales habían hecho dos años antes de que entrara la administración que encabeza el alcalde Carlos Peña.
Apuntó que la resolución también se basa en las inconsistencias de dicho oficio, donde informaba que los policías no habían aprobado los exámenes de confianza; el cual está firmado por el secretario general de Gobierno, Alfredo Salazar de Santiago, pero que no contaba con la firma de ningún titular de Subsemun.
Sin embargo, explicó que el ayuntamiento está integrado por el alcalde, el síndico y los regidores, y no se incluye al secretario. “En un vacío de poder, el alcalde, quien debe ser el jefe de la policía, le delega esa facultad al secretario. Un presidente no puede desobligarse de lo que le asigna la constitución política del estado”, expuso Santos Antonio González.
Además, el ayuntamiento sólo quiere darles 27 mil pesos de los 48 mil que están aprobados por la Federación, argumentando que ganaban 500 pesos diarios.
Los ex policías señalan que se les dio de baja para que el ayuntamiento obtuviera el recurso del Subsemun, además de que en dos años no habían recibido capacitación.
María Patrocinio es madre soltera y mantiene a su mamá (quien padece cáncer), a su hija y a una nieta. Con lágrimas y la voz entrecortada, narra que los medicamentos que requiere su madre cuestan cerca de 2 mil pesos, y requiere 25 mil pesos para una intervención quirúrgica.
Dijo que no ha recibido apoyo del alcalde, a quien ha solicitado ayuda médica para atender a su madre. Dijo que fue injusto el despido de los ahora ex agentes, pues sólo fue para obtener recursos federales.
Por su parte, Verónica Guerrero relató que estudiaba el segundo semestre de la licenciatura en Leyes, dominaba 90 por ciento el idioma inglés y se desempeñaba como policía turística. En 2012 tuvo un embarazo, lo que le impidió hacer completo el examen de confianza, pues no era apta para hacer la prueba del polígrafo, expuso.
Al año siguiente se embarazó de nuevo, pero perdió al bebé y se puso en riesgo su salud. Cuando regresó al trabajo se le informa que lo había perdido por no haber aprobado los exámenes de confianza, los cuales no pudo presenta por cuestiones de salud, mencionó.
Ahora, relata, se dedica a vender elotes afuera de su casa, y se siente satisfecha que el Tribunal de lo Contencioso haya dado una resolución favorable, pues se desprestigió su imagen ante sus hijos y la sociedad.
Cecilio es esposo de Verónica y señala que el alcalde capitalino en este tema se ha conducido con mentiras, mal informando a la sociedad y a los medios de comunicación.
“Yo conseguí trabajo de velador, pero el alcalde les dijo a los que me contrataron que me despidieran porque no era de confianza. Acabó con mi carrera policiaca que tanto amaba, dejó con hambre a una familia y sin atención médica a mis hijos, pero no acabó con nuestra dignidad”, agregó Cecilio.
Van este año 19 juicios de nulidad interpuestos por policías; argumentan ceses injustificados
A lo largo de este año se han presentado 19 juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por parte de policías municipales, quienes aseguran haber sido despedidos de manera injustificada en diferentes corporaciones.
Entre ocho y nueve de esos juicios corresponden a despidos por reprobar el Examen de Control de Confianza, informó en entrevista, Juan Esquivel Ibarra, secretario de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso. Una de las 19 demandas corresponde a un solo expediente que conjunta a 11 policías municipales.
El secretario no detalló los municipios a los cuales pertenecen los ex policías, se limitó a señalar que no hay uno que sobresalga en número. Además dijo, todavía hay muchos en proceso de resolución.
También informó que 150 ex policías dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE) en conjunto con las dependencias, acudieron al Tribunal de lo Contencioso a firmar un convenio mediante el cual los uniformados expresan de manera voluntaria su retiro y están de acuerdo con su liquidación, derivado del examen de Control y Confianza del Mando Único.
De esa manera la autoridad se blinda para que más adelante no presenten juicios en su contra, y además se salvaguarden derechos de los ex agentes estatales.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado también firmó un convenio similar con 20 policías que estaban a su cargo, agregó Juan Esquivel Ibarra.
Debido a que este día 29 es la fecha límite para que los municipios depuren sus corporaciones policiacas, el secretario de Acuerdos resaltó que hasta ayer ningún ayuntamiento había acudido a firmar un convenio similar al de la PGJE y la SSP.
