■ Diputados actuales no tenían alternativa; no es su culpa inconstitucionalidad de la ley: Haro
■ El problema se originó por falta de responsabilidad de Legislaturas anteriores: De Santiago
Los coordinadores de las bancadas del PRD y PRI, Iván de Santiago Beltrán y José Haro de Torre, respectivamente, lamentaron que sea la 61 Legislatura quien asuma el costo político de dejar en la impunidad a ex funcionarios municipales, quienes en el pasado cometieron algún desvío de recursos públicos, pero debido a expedientes prescritos o bien por deficiencias en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos los tuvieron que archivar sin la posibilidad de aplicar las sanciones.
El priísta José Haro admitió que se trata de impunidad, pero, dijo, los diputados actuales no tenían otra alternativa, ya que de ellos no dependió la inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidades declarada en 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni tampoco es su culpa la prescripción de algunos casos.
Lo anterior porque el pasado martes en sesión del Congreso por unanimidad se archivaron 24 expedientes que contenían sanciones administrativas y resarcitorias a ex funcionarios municipales, además se anunció en el mismo sentido la presentación de otros 50 en las siguientes semanas.
Lamentó que en tiempo y forma no se hayan corregido las inconsistencias y las omisiones de la ley, pero a la actual Legislatura no le quedó más alternativa que mandarlos al archivo; jurídicamente no había otra salida. Si se hubiera seguido adelante con el procedimiento, los sancionados se irían a un amparo y se revertiría la situación por no haber acatado lo que indicó la SCJN.
Haro de la Torre dijo que independientemente de los alegatos jurídicos, están claro de que sí se cometieron irregularidades en los municipios, “pero no podemos hacer nada”. Agregó que el asunto viene desde 2001 y hasta 2013, cuando no se le había hecho la corrección necesaria para actuar con el marco legal debido. Fue en 2011 cuando la SCJN la declaró inconstitucional, pero hasta 2013 se publicó una nueva.
“Ahora el golpe es para nosotros como ustedes lo manejaron en el periódico el día de ayer, pero no había otra salida, si lo votábamos en contra se regresaría a la Comisión e iba a pasar lo mismo”.
No obstante, de cara a las próximas cuentas públicas, se pronunció por ser más exigentes para evitar la impunidad, tener un marco legislativo acorde a la realidad y no vuelva a suceder una situación similar.
Asumimos costos que no nos corresponden: PRD
Por su parte el coordinador de los legisladores del PRD, Iván de Santiago, aseguró que la prescripción de las sanciones se debe al rezago que había en la Comisión Jurisdiccional, sin embargo, éste se originó por la falta de responsabilidad de Legislaturas anteriores, en especial la 59; lamentó que es a la actual a quien le toca asumir el costo que, dijo no les corresponde.
Al igual que José Haro, el perredista insistió en que no tuvieron argumentos jurídicos para hacer efectivas las sanciones, sobre todo porque “algunas” ya habían prescrito y por tanto se debe dictaminar y votar de acuerdo a la realidad.
Al haber hecho un pronunciamiento en contra del dictamen de la Comisión Jurisdiccional, incluso se les pudo haber acusado de actuar políticamente y no van a tomar el tema como una bandera política aunque vengan más expedientes en el mismo sentido.
“No estamos a favor de la impunidad, pero sí de la legalidad y jurídicamente no había elementos para defender el tema”. Incluso la propia área jurídica del Congreso estimó pertinente que los dictámenes se desahogaran en ese sentido, a fin de iniciar con los nuevos procedimientos de manera firme.
De cara al debate de los próximos dictámenes que se deban aprobar en el mismo sentido (2010-febrero 2013), de Santiago habló además de la necesidad de modificar el mecanismo actual de fiscalización de los recursos públicos. Ya no permite tanta efectividad, de ahí la necesidad de virar hacia un Tribunal de Cuentas con autonomía, porque el esquema actual está caduco, no funciona y permite la impunidad.
Incluso se pronunció porque cuando los casos lo ameriten por el monto de las sanciones de peculado o desvío de recursos, aunque haya la posibilidad de que se amparen los inculpados, el PRD buscará que sigan los procedimientos e incluso buscar otras alternativas, ya que cuando se genera una denuncia de hechos, pueden dar lugar a una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, y ésta, a través de una acción penal se garantice el resarcitorio económico, lo cual sería una alternativa.
