■ Aprueban sin discusión y por unanimidad el dictamen de la Comisión Jurisdiccional
■ Involucradas, ex autoridades municipales de todos los partidos políticos en 2009
Diputados avalaron este martes el desfalco realizado por ex autoridades municipales de todos los partidos políticos en 2009 y así será en lo consecutivo hasta febrero de 2013, esto pese a haber defraudado al erario con millones de pesos. Se desconoce aún el monto global, no obstante hay ayuntamientos donde se registraron desvíos hasta por más de 10 millones de pesos.
Lo anterior se da tras carecer hasta antes de 2013 de una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que data del sexenio de Ricardo Monreal, pero en 2011 fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En sesión ordinaria del Congreso de Zacatecas, los legisladores avalaron sin discusión y por unanimidad el dictamen de la Comisión Jurisdiccional, el cual dio carpetazo a 24 expedientes con decenas de sanciones resarcitorias y administrativas a ex presidentes municipales, síndicos, regidores y otros ex funcionarios.
En los siguientes días se hará lo propio con 50 expedientes más, anunció la presidenta de la Comisión, Susana Rodríguez.
Pese a haber desviado millones de pesos según las cuentas públicas de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el ex alcalde de la capital, Arnoldo Rodríguez (junto con regidores incurrió en anomalías por 7 millones de pesos), el ex edil de Guadalupe y ahora diputado, Rafael Flores (sólo en 2012 tuvo irregularidades por 3 millones de pesos), son algunos de los cientos de beneficiados por el vacío legislativo derivado de una Ley de Responsabilidades que se hizo en el sexenio de Ricardo Monreal, pero nunca fue refrendada por el secretario del ramo, (en aquel entonces el perredista y ex rector de la UAZ, Jorge Hiriatt).
De modo que en 2011 los ministros de la Corte la invalidaron tras un juicio promovido por la ex gobernadora Amalia García, quien sería sujeta de sanciones por diversas irregularidades. Fue así que la pasada Legislatura aprobó una nueva ley, pero el titular del Ejecutivo la vetó.
Es hasta febrero de 2013 (dos años después de la declaración de inconstitucionalidad) que el Ejecutivo firma la ley que carecía de la rúbrica, pero se debe resaltar que ésta ya fue declarada inconstitucional.
No obstante, la 61 Legislatura trabaja en la tesis de que hasta antes de febrero de 2013, (2009-2010-2011) la sanciones que emita la ASE no podrán ser aplicadas al Legislativo, Ejecutivo, ayuntamientos y órganos autónomos, por lo ya expuesto.
A partir de esa fecha, la diputada Susana Rodríguez asegura que se tiene una ley sólida para aplicar sanciones.
En tanto, “de frente y con toda certeza, no hay manera de fincar una responsabilidad o ejercer una sanción”, dijo la legisladora del PVEM, al detallar que por los antecedentes, en el Congreso decidieron dar por cerrados los archivos. Comentó que se pudo haber seguido con el procedimiento, pero ante la posibilidad de que los sancionados se amparen en la Corte, sólo significará un costo legal, sabiendo de antemano que favorecerán a los inculpados.
Argumentó que por enfocarse en esos casos, se podrían desatender otros que sí pueden ser sujetos de sanción. Rodríguez calificó de lamentable el vacío legal y prescripción, pero justificó que no es culpa de los actuales diputados, ya que incluso a ex funcionarios sancionados se les ha ido a buscar y ya ni siquiera viven en Zacatecas.
“Todo eso implica un costo, además a la gente ya no le interesa porque ya pasó y ya no recuerdan ni quien eran”, expuso.
Tanto la legisladora, como en otras ocasiones el propio secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar, admiten que decenas de ex servidores públicos quedaron y quedarán en la impunidad.
Susana Rodríguez evitó especular si la falla en la Ley de Responsabilidades se hizo con alevosía y ventaja para favorecerse en determinado momento o saquear al erario, “eso no lo aseguro, pero lo que ahora tenemos en el papel es que esa ley no sirvió de nada”.
La constante de las administraciones municipales, dijo es el desvío de recursos, transferencias de fondos como el 3 y 4 para gastos injustificados, rebasar el tope salarial y el nepotismo es muy común en los municipios más pequeños, porque colocan en cargos públicos a parientes, lo cual resulta dañino por ser gente sin el perfil, agregó Rodríguez.
Independientemente de la situación, la diputada refirió que en las Comisiones de Vigilancia y Jurisdiccional sacarán adelante los expedientes 2009-2013, a sabiendas de que no sucederá nada y al final se enviarán al archivo o van a prescribir.
Admitió que la pérdida para el erario es de “millones de pesos”, porque hay municipios muy pequeños cuyos ex alcaldes dejaron deudas “sorprendentes”.
Ejemplificó que algunos manejan presupuestos anuales de 10 millones de pesos y dejan desfalcos de hasta 5 millones de pesos por subirse el sueldo, comprarse una camioneta o realizar otros gastos innecesarios, pese a ser lugares alejados con altos niveles de marginación y pobreza.
En la lista de los ex alcaldes, que pese a cometer desvíos, ayer se dio carpetazo a sus archivos: Isidro Loera, del Plateado de Joaquín Amaro; Francisco Figueroa, de Jalpa; Luis Gerardo Mares, también de El Plateado; Plutarco Zavala, de El Salvador; Otoniel Chávez, de Genaro Codina; Mauro Montoya, de Melchor Ocampo.
Asimismo, Antonio de la Torre, del municipio de Villanueva; Jorge Almanza, de Trancoso; Serafín Bermúdez, de Jerez; Marco Regis, de Cañitas de Felipe Pescador; por mencionar algunos, e incluso sin aludir a los ex síndicos, regidores y directores.
Sin embargo, estos son de 2009, vendrán más en los siguientes días, sin contar que faltarían las irregularidades que salgan de 2010, 2011, 2012 y el primer mes de 2013 la mayoría de ellos todavía en proceso de fiscalización de sus cuentas públicas a cargo de la ASE. Administraciones en las que gobernaron ahora diputados o incluso son funcionarios estatales en función.
Susana Rodríguez cerró su comentario al decir que la actual Legislatura está en el entendido de que “ya no puede seguir habiendo más impunidad, ni en México ni en Zacatecas, no lo podemos permitir más”.
En otras ocasiones el titular de la SFP, Guillermo Huizar, ha dicho que una posibilidad para no dejar en la impunidad a los ex funcionarios es la vía penal, pero no en todos los casos es procedente y además la administración estatal “no está obstinada en el tema” (sanciones a Amalia García y sus ex funcionarios), declaró la semana pasada.
Además del carpetazo a sanciones, los diputados ayer en la sesión discutieron acerca de la economía zacatecana. Mientras que la oposición insistió en desconocer avances en la materia durante este sexenio, el PRI defendió al gobernador.
