■ Habría que preguntar a diputados sobre su prescripción
El trabajo de la Auditoría Superior del Estado (ASE) respecto a las cuentas públicas de ayuntamientos los ayuntamientos de 2005 a 2009 “ya terminó”, puesto que en su momento se promovieron las acciones administrativas correspondientes ante la Legislatura y ya no le compete a esta instancia sancionar a quienes incurrieron en irregularidades.
Estas declaraciones las realizó el auditor de la entidad, Raúl Brito Berumen, un día después de que los diputados locales propusieran dejar sin efecto, es decir, que prescriban y se archiven definitivamente las sanciones que se les impusieron de 2005 a 2009 debido a la demora en el proceso para fincarles responsabilidades.
Según la propuesta presentada por la Comisión Jurisdiccional, presidida por la diputada Susana Rodríguez Márquez, decenas de ex presidentes, ex síndicos, ex regidores y ex funcionarios municipales quedarían sin sanciones, pese a que se les detectaron irregularidades en el ejercicio de sus funciones como desvío de recursos, nepotismo, compra de insumos o activos innecesarios y mal uso del presupuesto etiquetado en los Fondos 3 y 4.
Brito Berumen recalcó, por tanto, que como la auditoría no es el organismo encargado de sancionar, “yo ya no tengo porque volver a entrar o ya es un ejercicio completamente cerrado. Ellos son los que determinan la sanción, la auditoría no tiene nada que ver con ese asunto”.
Asimismo, agregó que “habría que ver exactamente por qué se tomó esa decisión” por parte de los legisladores, es decir, cuáles son los elementos en los que se basaron para determinar que las sanciones emitidas entre 2005 y 2009 tienen que prescribir y quedar, así, sin efecto.
En cuanto al trabajo que actualmente realiza la ASE, Brito Berumen explicó que ya casi está por vencerse el plazo de 20 días para que los entes obligados a estas revisiones “traten de desvirtuar las observaciones” que se hicieron en relación a las cuentas públicas de 2013. Al respecto, sostuvo que se enviaron 46 cuentas públicas de ayuntamientos y 20 de dependencias de gobierno.
Añadió que, una vez concluyan este plazo, la auditoría tendrá 120 días para elaborar y mandar el informe complementario “diciendo si están solventando los entes o no están solventando” por lo que esto tendrá que hacerse a más tarde entre febrero y marzo de 2015 para que sean finalmente dictaminados y, en su caso, aprobados.
