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jueves, 28 marzo, 2024
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Tierra de nadie

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Por: SOCORRO MARTÍNEZ ORTIZ •

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Existe gran consternación internacional y nacional, así como el repudio hacia el gobierno mexicano, por los hechos de barbarie sucedidos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasado, cuyo saldo fue: varias personas perdieron la vida, otras resultaron lesionadas y la detención y desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

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Hasta la fecha, las autoridades directamente  involucradas por acción u omisión en aquellos acontecimientos, no han dado  información ni tampoco el avance de la investigación sobre la cual se trabaja. El presidente municipal de Iguala, se encuentra prófugo, al igual que algunos de sus colaboradores. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el titular de la PGR Murillo Karam, dan a conocer datos contradictorios que lejos de aclarar los hechos, confunden más a la sociedad, y generan  un ambiente peligroso para la expansión de la violencia no solo en aquella entidad, sino en todo el país, si se toma en cuenta que Guerrero, ha sido cuna de guerrilleros que participaron activamente sobre todo en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, en contra del gobierno estatal y federal, enarbolando causas justas por el grado de pobreza extrema en que se encuentra inmersa gran parte de su población. Basta recordar el ejemplo de algunos de esos levantamientos encabezados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.

Tampoco el jefe del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, ha dado a conocer una  postura seria y comprometida con la sociedad.

Los sucesos de Ayotzinapa, ameritan una investigación exhaustiva, pues independientemente de quienes sean responsables: los ofendidos o las autoridades por acción u omisión, es importante reconocer que vivimos en un Estado de Derecho, dentro del cual, siempre lo que manifestado porque es así, todos, gobernantes y gobernados, quedan sometidos al imperio de la ley.

México, es un país de leyes. Un país en donde existen autoridades. Un  país que vive en un Estado de Derecho. Un país en el cual no son admisibles, hechos como los de Ayotzinapa, pues hasta ahora, por lo menos constitucionalmente, no hay guerra. El Presidente de la República  no la ha declarado en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. A su vez, tampoco este poder, la ha declarado en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

Por la dimensión del problema estudiantil de los normalistas, no es posible evadir responsabilidades. Las muestras de apoyo y solidaridad están a la vista, se han multiplicado por parte der otras escuelas normales, también lo han hecho universidades públicas y privadas  y el Instituto Politécnico Nacional. En el extranjero también se exige al gobierno de Peña Nieto esclarecer los hechos y no dejarlos impunes. Pero no se ha reparado en ello, pues recientemente, al parecer se dio un atentado en contra de alumnos del Tecnológico de Monterrey.

Nuestro país no es tierra de nadie. Los ciudadanos eligen bajo lineamientos constitucionales y electorales a sus representantes con un fin específico: velar y defender los intereses populares. Cuando los dirigentes de algunos partidos políticos señalan que no debe culparse a éstos por los actos de algunos funcionarios como es el caso, se encuentran en un  grave error. Los partidos políticos deben estar constituidos bajo criterios legales: 1.- tener una Declaración de Principios, en la que se contenga el respeto a la Constitución; los principios ideológicos de cualquier carácter: económico, social y político que postule; obligación de conducir su actividad por medios pacíficos y la vía democrática y, no pactar acuerdos o convenios con otras organizaciones, ni recibir dinero diferente a como lo establece la ley de la materia. 2.- Su Estatuto, debe contener: denominación; procedimiento para la afiliación individual; procedimiento para la renovación de los órganos internos; normas para la postulación de candidatos; la obligación de éstos para sostener y difundir la Plataforma Electoral; sanciones a los miembros que infrinjan estas disposiciones. 3.- Para candidatos, el partido deberá presentar y obtener el registro de la Plataforma Electoral que ellos sostendrán a lo largo de sus campañas políticas.

En medio de toda esta confusión, hay propuestas planteadas por el PRI; PAN y el  propio PRD, al cual pertenece el gobernador guerrerense. El primero propone que el mandatario debe asumir su responsabilidad; el segundo solicita la desaparición de los poderes en la entidad y el último, efectuar encuestas para definir la postura de Aguirre.

Yo difiero. Todos los involucrados por acción u omisión deben ser sometidos a proceso, pero, como gozan de fuero constitucional, se instaurará en su contra previamente, juicio político para retirarles esa protección. Luego, ya en condiciones de un ciudadano común, dejarlos a disposición de la autoridad investigadora y posteriormente la judicial competente, para que respondan de sus actos.

No sería justo que, en aras de propiciar la disputa electoral del año entrante y minimizar hechos tan indignantes a favor de la economía como declaró el secretario de Hacienda Videgaray, se convirtiera a México en tierra de nadie y prevaleciera la barbarie donde la existencia de un derecho se determina mediante el uso de la fuerza física. ■

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