El desprestigio de autoridades y poderes del Estado, partidos y clase política en su conjunto es un indicador que debe llamar a la preocupación: instituciones sin legitimidad porque han sido capturadas por poderes fácticos. Hace algunas décadas en América Latina teníamos gobiernos despóticos: dictaduras militares o gobiernos autoritarios con discursos populistas. Durante los años noventa, tuvieron lugar procesos de reforma de los regímenes políticos que hicieron el acceso al poder más abierto y competido, con sistemas de partidos políticos sostenidos con recursos públicos, y aumentó la confianza en la contabilidad de los votos emitidos. La presión para conseguir equidad y transparencia en los procesos electorales fue intensa porque se creía que con la conquista del Estado se abría la posibilidad del cambio social. Luego entonces, para cambiar la realidad habitada de injusticia, era necesario acceder al poder estatal, y dicho acceso tenía una puerta: los procesos electorales. Al avanzar el proceso el pluralismo político se expresó en las instituciones y llegaron las alternancias en el Poder Ejecutivo (existen lugares donde han elegido autoridades de todos los partidos); pero el cambio añorado en la hipótesis nunca llegó: la posibilidad de la conquista del poder no cambió la realidad social.
No mejoró el bienestar social esperado porque las instituciones carecían de capacidades para ser efectivas y una causa de ello fue la estructura autoreferencial de las instituciones: se convirtieron en fines en sí mismas y abandonaron su misión de incrementar el bienestar de los habitantes. Llegar a ser candidato, diputado, presidente municipal, gobernador, juez o magistrado o funcionario, se convirtió en un fin per se, y no en un medio para-algo. Se vació la estructura intencional de los puestos (son para algo) y consecuentemente se sustantivó su búsqueda. Este fenómeno permite ver a diputados que llegan sin agenda legislativa, a presidentes municipales sin diagnóstico y plan de gobierno, y funcionarios sin perfil específico (saltan de un sector a otro). La práctica autorreferencial del poder aleja a las instituciones de la sociedad a la que originalmente se deben.
Así las cosas, crece la desconfianza y con ello, la des-legitimidad. Las capacidades más importantes de las instituciones públicas son las llamadas ‘relacionales’; y son justo las que no tienen, pero lo más grave es que no se ve que exista la intención de dotarles de estas capacidades. En las diferentes reformas, nunca se planteó la posibilidad de reformar a las instituciones del Estado para regresarles su naturaleza intencional, democratizarlas y crear las condiciones para que sean agentes de cambio social. Y con ello, conseguir que la población las vea con familiaridad y confianza. Por el contrario: en lugar de acercar las instituciones a la sociedad, se entregan a los poderes fácticos, y en casos escandalosos, hasta al crimen organizado. En los acontecimientos que ahora estrujan los cabezales informativos, es cuando más se palpa la crisis institucional en la que vivimos. Se palpan las distancias o los abismos entre las élites que mandan y las masas humanas que padecen.
