■ Acusaciones de Soledad Luévano vuelven a poner en jaque el tema: Guadalupe Medina
■ Ley sobre el tema se retomará en el actual periodo ordinario de sesiones: Rafael Gutiérrez
A cuatro años de aprobada la reforma constitucional en materia de salarios máximos y que Zacatecas carece de una ley reglamentaria, los coordinadores de las fracciones del PRD, PAN, PRI y PVEM se comprometieron a sacarla adelante en el actual periodo ordinario de sesiones, en el entendido de que se dan algunos excesos en funcionarios de municipios y diferentes órdenes de gobierno.
Derivado de la denuncia pública que hizo esta semana la diputada Soledad Luévano, respecto de los bonos que se otorgan a funcionarios de primer nivel en Gobierno del Estado, el coordinador de los perredistas, Iván de Santiago Beltrán, refirió que ya existe una iniciativa de la misma legisladora (Luévano) para reglamentar los salarios de los servidores públicos, entre otros temas, y aunque ha estado en la congeladora, comprometió a su fracción a impulsarla para aprobarla a la brevedad.
Dicha promesa la hicieron varias bancadas al inicio de la 61 Legislatura, la cual ya cumplió un año, no obstante el perredista consideró que es el momento para analizar y atender el tema, de modo que la iniciativa se dictamine, sea en sentido favorable o negativo. Aunque justificó que la oposición no tiene mayoría para consensuar algunos temas.
De Santiago además cuestionó la ley elaborada por la 59 Legislatura, porque dividió el estado en regiones respecto de los salarios de alcaldes y había algunos que ganaban más como maestros que al ser ediles. “Hubo falta de planeación y ciertas inconsistencias”, aunque también estaban quienes se autoaprobaron sueldos estratosféricos.
En su oportunidad, la coordinadora del PAN, María Guadalupe Medina, dijo que las acusaciones dadas a conocer por Soledad Luévano vuelven a poner en jaque el tema de los salarios máximos, de modo que se sumó a la denuncia de la diputada y se pronunció porque la iniciativa de austeridad pública salga de comisiones y se ponga a discusión.
Máxime que los municipios siguen siendo observados por tener los alcaldes sueldos por encima de los permitidos. “Sin duda alguna como PAN es un tema que nos interesa y por eso impulsaremos que ya se retoma el tema y evitar más observaciones”.
Debido que han transcurrido cuatro años sin analizar el tema, la panista consideró que quizás se trata de una política un tanto permisiva, con la finalidad de favorecer a funcionarios de todos los niveles y los propios diputados. Expuso que a lo mejor una falta de compromiso para restringir salarios, no obstante, es momento de retomar el tema.
Cuauhtémoc Calderón, coordinador del PVEM, dijo que la Ley de Salarios Máximos aprobada en 2010 en Zacatecas fue declarada inconstitucional, de modo que los actuales diputados realizan un análisis “muy preciso” para adecuar la ley estatal y que no contravenga con preceptos constitucionales. De lo contrario no habrá una aplicación real.
En los términos actuales en que está la ley, el ecologista comentó que se ha metido en problemas de aplicación a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Legislatura, de ahí la necesidad de armonizarla con la Constitución y desechar las deficiencias, “ello tienen que ser en este periodo, no se debe dejar pasar más tiempo”.
En tanto Rafael Gutiérrez, coordinador de los priístas, declaró que su fracción también está en ánimo de impulsar una legislación que procure beneficiar a los ciudadanos, de modo que la Ley de Salarios Máximos es de su interés y la retomará en el actual periodo ordinario de sesiones.
Dijo que el PRI tiene un planteamiento específico en materia de transparencia y rendición de cuentas, pero lo dará a conocer en su oportunidad y reglamentar los montos de salarios se debe agilizar, pero sin distorsionar la realidad por intereses políticos.
A partir de ahora “ya no entraré a contestar cuestiones absurdas”: MAR
Tras las críticas realizadas por la oposición a Gobierno del Estado, tanto en el tema de los bonos de productividad a funcionarios de primer nivel, como en relación a los cuestionamientos sobre el nombramiento, ya confirmado por el mandatario estatal, del secretario de Seguridad Pública, Jesús Pinto Ortiz, como mando único, Miguel Alonso Reyes, advirtió que, a partir de ahora, no responderá a planteamientos de este tipo, los cuales calificó como “absurdos y sin sustento”.
En concreto, Alonso Reyes aseveró que “tenemos que ponerle a este tipo de afirmaciones racionalidad, porque si no todos los días van a estar inventando cosas y haciendo de generar calumnias y descalificaciones su modus operandi. (…) Así que sí les comento, desde ahora que ya no entraré a contestar cuestiones absurdas, cuestiones que no se sustentan en los hechos y que finalmente la intencionalidad es de descalificación, creo que no son opiniones que valga la pena considerar”.
Antes de hacer esta declaración y con relación al primer cuestionamiento, el de los bonos de productividad millonarios que fueron denunciados este lunes por los diputados locales Soledad Luévano y José Luis Figueroa, el mandatario estatal negó las cifras que se ofrecieron y aseveró que “es absolutamente falso” que su sueldo sea de 191 mil pesos.
Al respecto, señaló que su sueldo es de 98 mil pesos, lo cual cumple con la Ley de Salarios Máximos, que impide a los gobernadores cobrar más de 100 mil pesos, subrayó.
Además, reiteró que Gobierno del Estado ha trabajado de manera apegada a esta normativa y que estos recursos y los salarios se asignan de acuerdo con la legislación y “de acuerdo también con la productividad de los que trabajan en el gobierno”.
Respecto a este último punto mencionado por el mandatario estatal, se le pidió que explicara en qué consiste la productividad de los servidores públicos, es decir, en qué se basa este concepto.
Al respecto, Alonso Reyes únicamente aseguró que “de manera tradicional, y lo vemos en todo el esquema de la administración pública, siempre hay en la propia clave del servidor público una parte que se le llama compensación, que se le llama bono de productividad, pero realmente no es un bono secreto, especulativo o discrecional, que a veces se aplica que a veces no se aplique”.
Concluyó que “son conceptos que están establecidos en la ley y que forman parte a final de cuentas de lo que el servidor público no sólo recibe, sino de lo que paga en impuestos”. “Ahora también con estas modificaciones a nivel nacional, necesarias, se paga también impuesto sobre la renta y se pagan también una serie de impuestos en base en los ingresos”.
En otro tema, el gobernador se refirió al adeudo de cerca de 100 millones de pesos del Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez) y a la petición que hiciera el director del este sistema educativo, Felipe Ramírez, para que el estado o la Federación asumieron los costos de este pasivo.
Al respecto, Alonso Reyes puntualizó que “no tenemos hoy por hoy un presupuesto que nos dé esa certeza; lo que sí tenemos es la capacidad de gestión que estaremos desarrollando particularmente para el presupuesto 2015 a nivel federal”.
