En el último estudio de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) sobre los salarios en México, reveló que la participación de los salarios en el PIB es sólo de 27 por ciento, cuando en 1975 lo hacían con 40 por ciento. Es decir, las remuneraciones salariales equivalen únicamente a menos de la tercera parte del valor de los bienes y servicios producidos en un año en México. Esta proporción nunca había sido tan baja. Pero también se nos revelan las desigualdades en las percepciones económicas: si dividimos la población en grupos de diez, por montos de menor a mayor ingreso, ocurre que los 6 primeros grupos (deciles) reciben menos de 10 mil pesos al mes, del séptimo al noveno grupo reciben más de 10 mil y menos de 25 mil, y en el último decil pasan de 45 mil pesos mensuales. Cifras que dan muestra de la profunda desigualdad: la mayoría de la población tiene ingresos bajos (6 de los 10 grupos) y muy pocos están en el privilegio de altos ingresos. Pues bien, las altas burocracias reciben ingresos equivalentes a los tres últimos deciles, a los grupos de más altos ingresos del país. ¿Con qué argumento pueden justificar esta situación?
De regidores y autoridades municipales a funcionarios de primer nivel del gobierno intermedio, pasando por representantes populares; en todos los casos, observamos salarios y bonos excesivos. Por ejemplo, el ingreso del gobernador (quien es el referente máximo de todos los demás puestos) de acuerdo con la Ley de Salarios Máximos, juntando salario, bonos y compensaciones no puede exceder los 99 mil pesos. Y como es el tope de los salarios, todos los ingresos totales de todos los funcionarios restantes deberían ser menores al umbral de esta cantidad. El tope de los gobernadores es el salario del presidente que oscila en los 200 mil pesos mensuales; y en la lista de emolumentos de los gobernadores el país, el de Zacatecas aparece como de los más bajos con 44, 687 pesos; sin embargo, por fuera del salario están los bonos, que en este caso llega a los 146 mil pesos, con lo que el ingreso del titular del Ejecutivo se va arriba de los 190 mil mensuales: muy por encima de lo máximo que debería ser, los 99 mil arriba descritos.
Con estos ingresos, la clase política se convierte en una clase económica acaudalada, se coloca automáticamente en el último de los deciles, en el grupo de las personas de mayores retribuciones de la sociedad, junto a poderosos empresarios y dueños del dinero. Los funcionarios y representantes populares no son “dueños” del dinero, porque es público, pero son dueños de la capacidad de distribuirlo, y hacen uso de esta competencia legal para auto-asignarse recompensas extraordinarias por su “alta productividad”. ¿En qué consiste su productividad? ¿Han acabado con la pobreza y eliminado la desigualdad, o han hecho más productivo al campo? Nada hay de eso. Entonces, se dan ingresos fuera de toda justificación, de toda legitimidad .y de toda justicia.
