Llama poderosamente la atención la cobertura que prácticamente todos los medios han dado a un episodio de fines de junio pasado, ocurrido en algún poblado del Estado de México, donde un enfrentamiento de presuntos delincuentes con el Ejército arrojó el saldo de 21 civiles muertos; lo que constituyendo un hecho tan común habría pasado inadvertido de no ser por algunos periodistas, al servicio de una agencia extranjera, quienes por alguna razón enigmática desconfiaron de los boletines oficiales, de acuerdo con los cuales repelieron los uniformados un ataque de criminales, y se trasladaron por ello al sitio de los hechos para publicar luego de no haber encontrado indicios de fuego cruzado, y reproducir además declaraciones de vecinos que aseveraban ejecutaron los federales a mansalva a decenas de individuos de ambos sexos, una niña incluida, quienes sin oponer mayor resistencia se habían previamente entregado.
Resulta difícil explicarse que organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso el Departamento de Estado norteamericano duden de la palabra de las autoridades mexicanas, universalmente famosas por su apego irrestricto a la verdad, y más aún siendo archisabido los heroicos reclutas que eficazmente nos protegen de las acechanzas de los japoneses y coreanos por el Pacífico, guatemaltecos en el sur y cubanos al oriente no sólo respetan cabalmente las leyes humanas y divinas, sino son incapaces de mancillar el honorable uniforme con el uso un vocabulario soez, como el consignado por los reporteros de marras.
Se relaciona lo anterior con el anuncio hecho por el licenciado Peña Nieto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, consistente en que a partir de esa fecha actuarán milicias nacionales en las operaciones de dicha organización, si bien sólo en misiones de ayuda humanitaria, y en manera alguna en acciones armadas; con lo que se corrobora la vocación humanista distintiva de México, en virtud de la cual nuestros épicas huestes disparan exclusivamente a mexicanos.
Todo parece indicar que el enriquecimiento con minerales de las aguas del Río Sonora por el Grupo México, del señor Germán Larrea, que por prácticas similares de bastante menor cuantía está siendo efectivamente multado en los Estados Unidos con mil setecientos millones de dólares, no es sino otra ingeniosa campaña del gobierno que pone a México en movimiento destinada a mostrar al mundo con hechos algunos dolorosos inconvenientes de invertir en otros países, en tanto en el México hospitalario y comprensivo pueden los capitanes de empresa enterrar vivos a más de medio centenar de operarios o erradicar la vida a lo largo de una vía fluvial, todo ello sin más consecuencia, en el peor de los casos, que módicas sanciones, en extremo conservadoramente calculadas, y, lo mejor de todo, meramente declarativas, ya que ninguna autoridad moverá un dedo para hacerlas efectivas. ■
