■ Normatividad inserta a la víctima en el enfoque del sistema de impartición de justicia
Luego de un proceso difícil para su aprobación, que incluyó debates en torno a su constitucionalidad y reticencias, pero tuvo como factor fundamental la movilización de organizaciones de la sociedad civil y las propias víctimas para presionar su aprobación, finalmente fue concretada por unanimidad hace poco más de un año en el Congreso de la Unión, la Ley General de Víctimas, misma a la que recientemente se ha adherido Zacatecas.
La normatividad inserta un nuevo enfoque en el sistema de impartición de justicia, el derecho victimológico, que visibiliza a las víctimas, antes un factor no tomado en cuenta en los procesos judiciales donde toda la atención se enfocaba en el ejecutor del delito.
El siguiente reto en el entorno local, tanto para el sistema de justicia como para la propia sociedad civil, es la implementación de esta Ley, además única en el concierto mundial en sus características, pues pretende garantizar el derecho a la reparación integral del daño, a la verdad y a la justicia, tanto de las víctimas de violaciones a los derechos humanos como de los delitos del fuero común y federal.
El proceso requerirá recursos económicos y humanos, éstos últimos conscientes y sensibles a la problemática que se detonó como “una emergencia nacional” luego del inicio de la guerra contra el narcotráfico por Felipe Calderón, que entre otros saldos, ha dejado alrededor de 27 mil desaparecidos en el país.
Lo anterior fue expuesto en la reciente emisión de Synergia, en voz de Ricardo Bermeo Padilla, representante de Zacatecanos por la Paz, organización vinculada al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una de las organizaciones que encabezada por Javier Sicilia, fueron protagonistas de este proceso, y José Carlos Galván Klein, presidente en Zacatecas de la organización Con tu voz no más silencio y representante de Abuso sexual nunca más.
Un país victimizado y una ley por probar
Para iniciar el análisis, Marco Antonio Torres Inguanzo, conductor de la serie, dijo según cifras del Inegi en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 (Envipe), uno de cada tres hogares en México tiene entre sus integrantes a una víctima directa de delitos de la delincuencia organizada, común o violaciones a derechos humanos.
La guerra contra el narco de Calderón Hinojosa replicó Ricardo Bermeo, hizo crecer la violencia de una manera desmesurada en México. Su estrategia dejó de lado las causas detrás del fenómeno, cuando lo necesario era atender la prevención de la misma con acciones contra la pobreza y falta de empleo.
“En ese contexto comienza a crecer muchísimo el número de desapariciones de personas, de asesinatos y crímenes”.
Ante el escenario, la sociedad civil empezó a plantear la necesidad de abordar estrategias alternativas.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y un grupo de víctimas ligado a Emilio Álvarez Icaza, junto con otras organizaciones, lograron conformar una red. Lo importante a resaltar, dijo Bermeo Padilla, es que la LGV surgió de la propia sociedad civil con la participación protagónica de las propias víctimas.
Las dificultades para que una víctima del delito fuera tomada en cuenta por las autoridades, terció Galván Klein, era aún mayor en el contexto de las localidades ubicadas fuera del Distrito Federal.
En su opinión, sin embargo, la principal preocupación ahora, es la capacitación del Ministerio Público en la nueva lógica del sistema judicial, pues luego del agresor, es la propia autoridad competente la que revictimiza.
Agregó luego Torres Inguanzo al respecto: “cuando se le recibe (a la víctima) con sospecha, ignorancia o no se le atiende”.
Leyes de víctimas en el mundo y los retos para Zacatecas
Las leyes de víctimas de España como de Colombia con respecto a la mexicana son distintas. En el país sudamericano se formuló una normatividad que se dedica sólo a las víctimas de violación de derechos humanos, dijo Torres Inguanzo.
Ricardo Bermeo agregó que aunque la normatividad en la materia colombiana es un referente obligado, su ley ha tenido muchos problemas para su implementación. Entre éstos la imposibilidad de garantizar el retorno a sus localidades de origen de alrededor de 6 mil desplazados y restituir sus bienes.
“Porque quienes usurparon y robaron ya están ahí instalados y amenazan de nuevo a las víctimas. Es un problema complejo y difícil de resolver, sigue abierto…”.
De tal manera expuso, que la Ley General de Víctimas mexicana, aun en el proceso de su discusión en el seno de las organizaciones civiles que le dieron origen, fue vista como un avance en el concierto internacional en la materia.
En atención a la importancia de la sociedad civil en este proceso, preguntó Torres Inguanzo a los panelistas la situación respecto del monitoreo de la aplicación de la ley en Zacatecas.
Galván Klein mencionó sobre el estado de la violencia en el estado, no sólo no está “calmado” sino que “las cosas están hirviendo y el miedo…todavía no se desborda el agua de la olla pero va en proceso de…”.
Al respecto criticó que todo se le quiere dejar al gobierno y agregó, “no podemos hacerlo así si pensamos como sociedad civil”.
La problemática suma pasividad de la sociedad, temor, ignorancia y falta de conciencia del problema. Existe por ello necesidad de que las organizaciones no gubernamentales sean apoyadas económicamente para coadyuvar en que “la gente abra los ojos”, dijo.
Bermeo Padilla agregó, las víctimas están prácticamente aisladas viviendo su proceso sin apoyos. Por eso es una prioridad “trabajar de manera muy fuerte y enfocar todas las baterías” en hacerles llegar la información y buscar se organicen o en su defecto acudan y participen.
Un aspecto fundamental de la Ley agregó Marco Antonio Torres, es la construcción de un sistema de acompañamiento de la víctima respaldado por un concejo victimal, donde abogados especializados en la materia le guíen para asegurar que reciba la atención adecuada.
Este beneficio legal no obstante, se topa con la realidad de la falta de presupuesto para ello, que habría sido señalada ya por el procurador general de Justicia del estado de Zacatecas en reciente foro sobre la materia.
El problema de la asesoría jurídica entonces, comentó por su parte el presidente en Zacatecas de Con tu voz no más silencio, debe recaer en las organizaciones de la sociedad civil, que pudieran acreditar abogados victimales ante la Procuraduría de Justicia o el Concejo.
La cifra negra; desaliento a denunciar
Torres Inguanzo, luego de fijarse la estadística oficial de uno de cada tres hogares victimizados por el crimen, agregó existe una cifra negra que arroja el que en el país, 92 por ciento de los delitos no se denuncian, misma que en Zacatecas llega a 89 por ciento.
Además, solo 8.7 de los delitos son investigados para que finalmente sea el dos por ciento de ellos los que resulten en la consignación del agresor.
Ante este escenario fue planteada la posibilidad de que la aplicación en Zacatecas de la Ley General de Víctimas aliente a la denuncia.
Pero para ello insistió Galván Klein, se requiere la capacitación de los funcionarios del sistema judicial.
Se agregó por parte de Ricardo Bermeo, derivado de la aprobación de la Ley General de Víctimas, se requerirá una diferenciación para la atención según la competencia y gravedad de los delitos contra las personas, de tal manera que se buscan generar marcos legales para ello en los ámbitos municipal y estatal.
La Ley General de Víctimas también amplía el espectro de violaciones a los derechos humanos, e incluso ante el incumplimiento en las funciones de los comisionados en esta materia o funcionarios del sistema de impartición de justicia, pueden ahora interponerse denuncias.
Esto fue dicho por Ricardo Bermeo en respuesta al comentario de Torres Inguanzo sobre la coyuntura de crisis de confianza en los ombudsman, que ha significado incluso se pida la destitución por parte de organizaciones no gubernamentales del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por omisiones graves en su actuación contextualizadas en crímenes de lesa humanidad.
En este tema se expuso otro campo para la intervención de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de conformar una contraloría social que dé seguimiento a estos procesos e involucre dijo Bermeo, a la Iglesia católica en la difusión de la información hacia las víctimas para que éstas puedan exigir sus derechos.
Por otro lado agregó, está muy bien cuidado en el articulado de la Ley Estatal de Víctimas próxima a votarse, la posibilidad de interponer denuncias ante la violación de derechos humanos por incumplimiento de la Ley General, contra entre otros actores, el Ministerio Público y la Policía.
Vacíos y esperanzas
Como vacíos sin resolver, fueron mencionados el tema de las víctimas como sujetos colectivos, que ejemplificó Marco Torres Inguanzo en las comunidades de desplazados del país o los grupos de migrantes centroamericanos.
Y con énfasis especial agregó Carlos Galván Klein, el caso de los denominados “daños colaterales”, que enfatizó en el caso de las familias y aun los vecinos de una víctima, que propuso en el contexto de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Sobre la designación de los integrantes de una Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, Ricardo Bermeo apuntó la necesidad de que más allá de que el sistema sea colegiado o unipersonal, el tema es que el responsable de la misma esté capacitado, tenga trayectoria clara de atención y apoyo a víctimas o dentro de organizaciones en defensa de derechos humanos.
En voz de Galván Klein se agregó, que más importante que el área jurídica que dijo ya está nombrada, la atención debe ponerse en la social, “porque es la que está de mano con la problemática”.
La adhesión de Zacatecas a la Ley General de Víctimas y la próxima votación de la ley estatal en la materia, dijo por último Marco Torres Inguanzo, genera esperanzas y expectativas para un tema que no ha concluido y deberá seguirse con atención en su implementación.
