Estamos ante un Estado que no sólo ha dejado vacíos en su ejercicio de poder que han sido capturados por poderes fácticos legales o criminales, sino que ha sido francamente penetrado por el crimen y lo observamos alarmados en el caso de Michoacán: municipios gobernados por las bandas criminales y desde donde se armaban los actos de secuestro y de extorsión; áreas del Gobierno del Estado controladas por los templarios; candidatos pidiendo apoyo económico a los cárteles para lograr sus aspiraciones políticas, y un largo rosario de corrupción. Y el gobierno no contrata expertos con el objetivo de diseñar políticas efectivas para lograr los controles necesarios que obstruyan la acción de la delincuencia organizada, pero contratan expertos para ocultar con estadística-chatarra la realidad punzante del país.
El presidente llama a crear un “frente multinacional contra el narco”, pero no implementa medidas efectivas para eliminar la corrupción en el Estado; son palabras que caen en los medios de comunicación y generan imagen pública de la persona del presidente, pero no caen en la realidad y por tanto no la transforman. No hay seguimiento de las trayectorias patrimoniales de los políticos y de las élites económicas que operan en el país. Mientras no se actúe en serio contra la corrupción, las ventanas de entrada del crimen organizado seguirán abiertas. Y la clase política da muestras de que lo único que le interesa es no perder su poder y privilegios, y no resolver los grandes problemas nacionales que generen seguridad humana. La muestra diáfana es el contraste en el trato a los migrantes abandonados de toda seguridad humana y a los que se les impone un rígido enfoque de seguridad nacional, y las medidas de protección del capital internacional al cual se le crea la gendarmería para cuidar su patrimonio. Es el signo de las esclusas en la sociedad: pequeñas zonas seguras de ciertas élites que coexisten con la tierra baldía del resto de la población. Es la centroamericanización de México. Aunque ya hay autores que comparan a este país con Somalia o Afganistán.
Los organismos internacionales no han hecho lo que se esperaba de ellos, se les observa impávidos ante la violencia y el ocultamiento mediático de la misma; las élites empresariales también se ven lentas, y los poderes económicos que invierten en el país y que pueden ser víctimas de la delincuencia aún viven en una burbuja que no se les ha roto. La esperanza está en que la sociedad víctima del vacío del Estado, que les hace vulnerables a múltiples violencias, reaccionen y rescaten al Estado mediante un monitoreo que obligue a los gobiernos a realizar medidas para limpiar la corrupción. El control social del poder es esencial para resolver este problema: la democracia es la gran solución. Y Zacatecas, ya lo observó Edgardo Buscaglia, “no cuenta todavía con los instrumentos normativos que regulen la participación ciudadana que se requiere”. Por tanto, seguimos en un estado con secuestros, desapariciones y extorsiones, pero con exhibición de estadística-chatarra que cubre mediáticamente esa realidad: es como ocultar la pólvora debajo de la alfombra.
