La “seguridad” que separa a Peña Nieto de la ciudadanía

La “seguridad” que separa a Peña Nieto de la ciudadanía
  • Perspectiva crítica

Pese a que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó que hubo saldo blanco durante la celebración del grito de Independencia en el Zócalo capitalino, el evento no estuvo exento de hechos por demás significativos, como el acarreo de personas desde el Estado de México para garantizar la asistencia. En lo que ya amenaza con volverse una tradición marcada por el reparto de tortas y el paseo gratuito a la capital, en esta edición participaron Coyotepec, Cuautitlán, Tlalnepantla, Zumpango, Tultitlán, Villa Nicolás Romero y Ecatepec, desde donde arribaron familias enteras en camiones que ya no se molestan en disimular el acarreo.

De igual manera resultaron muy polémicas las medidas de seguridad desplegadas para el evento, pues además de que se repartieron golpes y se prohibió el ingreso de manifestantes (pese a ello lograron colarse decenas de personas que corearon “asesino” en diversas ocasiones frente a Enrique Peña Nieto), se montaron puestos de revisión que “basculearon” a hombres, mujeres, niños e incluso bebés. Las autoridades se han encargado de asegurar que esto es normal y forma parte del operativo que se desplegó, pero lo cierto es que esta medida por parte del Estado Mayor Presidencial (EMP), la Policía Federal (PF) y los elementos de la recientemente creada Gendarmería ha generado mucho recelo social. Esto se debe a que de facto se criminaliza a los infantes y se envía el mensaje implícito de que existe desconfianza hacia todos los miembros de la familia, además de que la figura presidencial toma mayor distancia de los ciudadanos.

Ahora bien, es preciso hacer hincapié en el hecho de que esta medida no representa un incidente aislado, sino que forma parte del ambiente de criminalización ciudadana que se generó a la par de la guerra contra el narco desatada por Felipe Calderón. En este sentido, a la revisión de infantes le anteceden medidas como los miles de puestos de revisión desplegados por toda la República Mexicana, así como ajustes en los marcos legales que promueven las medidas punitivas y el abuso por parte de las autoridades, con lo que se vulnera el derecho a transitar libremente y con seguridad por carreteras y calles, ejerciendo a cabalidad los derechos y garantías establecidos en el artículo 29 constitucional. La coartada de estos atropellos radica en legitimar el uso de la fuerza a partir de supuestas “amenazas internas”, concepto que gracias a su nivel de abstracción permite actuar especialmente contra la disidencia nacional, y se orienta a dotar de mayor poder a ministerios públicos y judiciales para detener personas, revisarlos, allanar domicilios sin órdenes de cateo o intervenir comunicaciones privadas.

El lado oscuro de estas medidas está en el arbitrio y los abusos que se cometen, pues más allá de la necesidad de montar diversos puestos de control para contener a grupos criminales, está el hecho de que la corrupción tiene permeado el aparato judicial, legislativo y penitenciario e incluso militar, lo que abre la puerta para incurrir en atropellos, en especial contra los estratos sociales más vulnerables. Considérese a este respecto que recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) admitió que hay más de 8 mil indígenas en prisión con violaciones a su debido proceso judicial, es decir, han sido encarcelados por cuestiones tan elementales como no contar con un intérprete o traductor al momento de hacer su declaración ministerial. La situación es mucho peor para quienes deciden defender los bienes comunes o sus tierras, como es el caso del vocero de la tribu Yaqui, Mario Luna Ramos, detenido por la Policía Judicial y sobre quien incluso Amnistía Internacional ha emitido una acción urgente ante el riesgo de que pueda enfrentar un juicio injusto.

La amenaza tampoco es menor para el resto de los ciudadanos, pues el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH sostiene que la tendencia en los abusos de autoridades se ha mantenido entre los gobiernos de Felipe Calderón y los primeros 11 meses de gobierno de Peña Nieto, con un saldo que supera las 10 mil denuncias por violaciones a los derechos humanos, las cuales incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,  tortura, tratos crueles e inhumanos, entre otros.

Es posible asegurar que esta realidad no cambiará debido a tres razones; a) La política peñanietista de puerta cerrada, de tomar distancia de la ciudadanía y seguir con la criminalización de la disidencia en el marco de la supuesta lucha contra el narco va a continuar por lo que resta de su mandato; b) la perspectiva inaugurada por Felipe Calderón sobre los “daños colaterales” derivados de la lucha contra la delincuencia organizada, posiciona a la ciudadanía que pierde la vida o su patrimonio en el fuego cruzado en una categoría de desechable, de mal necesario pero aceptable, y esta perspectiva ha sido asumida lo mismo por las fuerzas armadas encomendadas a la tarea de la seguridad pública que por el gobierno en turno; c) continuará el reforzamiento de las unidades militares desplegadas en puntos estratégicos de la República, y por ende los puestos de control, lo que sin duda generará más atropellos pero también la vulneración y pérdida de legitimidad del Ejército. ■

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