Proponen formar comisión para analizar situación de la UAZ y aportar soluciones

Proponen formar comisión para analizar  situación de la UAZ y aportar soluciones

■ Este grupo y Presidencia Colegiada del Consejo informará avances a los sindicatos

■ Presentan varias propuestas metodológicas para revisar la problemática de la institución

Por propuesta de la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se acordó la creación de una comisión integrada por cinco profesores y los secretarios de las comisiones de ese organismo, cuyo objetivo será el analizar la situación en que se encuentra la institución, aportar soluciones e informar sus avances a los consejeros.

Según planteó José Francisco Román Gutiérrez, miembro de la Presidencia Colegiada, los integrantes de esa comisión podrán “exponer, ser contrapuntos y aportar propuestas, para enriquecer las perspectivas de trabajo de la agenda, propuestas de solución y negociación”.

En conjunto con esa comisión, dijo, la Presidencia Colegiada entablará comunicación con los sindicatos para informar sus avances y con ello generar acuerdos, alternativas o consensos, además que dicha comisión será la responsable de extender la información a los Consejeros Universitarios.

Aunque esa comisión será formalizada este jueves, Patricia Lugo, directora de la Unidad Académica de Enfermería, propuso que ese organismo se integrara por Raquel Jiménez, Benjamín Romo, Francisco Valerio Quintero, Antonio Guzmán Fernández, Teresa Villegas y Mariana Terán Fuentes, a fin de que ellos realicen un ejercicio de planeación estratégica a partir de la problemática académica, administrativa y financiera de la UAZ.

Durante la sesión se presentaron también diversas propuestas metodológicas para revisar la problemática universitaria, las cuales serán discutidas y valoradas hoy, mediante las cuales se atenderán los asuntos coyunturales y estructurales.

El primer planteamiento lo expuso Cuauhtémoc Daniel Monroy, de la Unidad Académica de Psicología, quien propuso realizar un Foro de Reforma Universitaria, mediante el cual sea posible modificar la normatividad, puesto que fue “rebasada por la realidad”

Marcelo Sada Villareal presentó la propuesta del Grupo Plural de Académicos Universitarios, en la que se plantea normalizar todos los aspectos de la vida universitaria, promover la transparencia, legalidad y certeza, superar las crisis, los conflictos y la sobrepolitización de la vida institucional, y a partir de ello construir “una nueva normalidad centrada en el avance académico y la normatividad vigente”.

Asimismo, se plantea normalizar en lo inmediato el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales con ambos sindicatos, incluyendo los pagos y enteros al ISSSTE, Fovissste y Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

Esa agrupación también propone una reducción de gastos por concepto de nómina y de operación de la plantilla de funcionarios y personal de confianza de la administración central, mediante su ajuste a los máximos establecidos tanto en nivel como categoría en los contratos colectivos vigentes.

Asimismo, sugiere registrar y fiscalizar todo tipo de ingresos por servicios universitarios, dedicando parte de ellos al pago de la deuda institucional, además de disminuir el gasto de operación en 50 por ciento el resto del presente año y considerar políticas de austeridad a partir de 2015 y aplicar con puntualizada cláusula 48 del Contrato Colectivo de Trabajo, que refiere a la exclusividad laboral.

Por su parte, Mariana Terán Fuentes expuso una propuesta firmada conjuntamente por el Grupo Plural de Académicos Universitarios y el Frente Universitario pro Defensa de la Autonomía, en la que plantean la creación de una Comisión Especial de Universitarios “que reúna, sistematice y difunda la información verídica y confiable sobre la situación por la que atraviesa la UAZ”.

En dicha información, añadió, se deberá agregar los convenios financieros, las propuestas presupuestales de 2014 y 2015 y los paquetes de información a la última auditoría externa que se realizó a la institución.

Marco Antonio Torres Inguanzo, a nombre del Frente Universitario pro Defensa de la Autonomía, dio a conocer una propuesta en la que plantea la necesidad de justificar un aumento del presupuesto federal y estatal a la Universidad, para lo cual se requiere una amplia participación de los universitarios, activar los órganos colegiados ya existentes y consultar la opinión de la sociedad.

Según expuso, la discusión debe tener elementos esenciales, como la existencia de información, datos e indicadores organizados sobre innovación y desarrollo profesional en el estado, programas y bolsas extraordinarias, análisis del mercado de trabajo, y análisis comparativo con otras universidades, lo que implica la creación de una Comisión Especial de Información.

“Se deben contemplar tres etapas básicas: información deliberación y resolución, así como el nombramiento de una comisión especial para gestión externa que realice ese trabajo junto con as autoridades universitarias ante las autoridades federales y estatales”, indicó.

Torres Inguanzo afirmó además que el problema no se resuelve focalizando la atención en los esquemas contables internos, puesto que “la simpleza de esa mirada sólo agravará el problema, porque termina proponiendo recortes que mutilan las capacidades de la institución para atender el problema real. Se debe ver en conjunto el problema de insuficiencia financiera junto a las necesidades educativas del estado”.

Finalmente, Manuel de Jesús Chávez, en representación de Regeneración Universitaria, propuso presentar una serie de ponencias para analizar la problemática universitaria, seguido de una etapa deliberativa y después generar resolutivos en mesas de discusión.

Explicó que en dichas mesas podría analizarse la postura oficial emitida desde la OCDE, la SEP, Anuies y Gobierno del Estado, ya que todos esos organismos tienen una perspectiva sobre el tipo de Universidad que desean. Otra mesa atendería los asuntos administrativos, los fundamentos y legislación universitaria y la pertinencia de los programas en torno a la ciudadanía, la iniciativa privada y el sector público.

Durante la sesión, el Rector Armando Silva respondió inquietudes que había planteado Crecenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), respecto a la carta emitida recientemente por la Secretaría de Educación Pública, y aclaró que su postura es que “necesitamos que las autoridades federales cubran el recurso necesario para que nos dé cobertura a los contratos colectivos de nuestros sindicatos”.

“No fui a negociar absolutamente nada. Yo estoy reclamando que se dé el respaldo con los recursos necesarios para que la Universidad pueda cumplir con las obligaciones que están pactadas en los contratos colectivos de trabajo y los derechos que tienen los universitarios”, agregó.

También informó que su administración ha regulado gastos que la Universidad hacía, y en el momento en que lo pida el Consejo Universitario, estaría dispuesto a mostrar datos detallados sobre los gastos de operación.

Explicó que el convenio de apoyo financiero de Gobierno Federal y la UAZ no contempla el recurso necesario para las jubilaciones y pensiones (para lo cual la Universidad requiere de 224 millones de pesos) y sólo incluye recursos para una parte del personal que aún está activo.

En ese sentido, indicó que en la Universidad sólo hay 940 plazas de tiempo completo autorizadas de un total de mil 640, cantidad que aumentará porque ya se han firmado las promociones de categoría.

Silva Cháirez reiteró que acudió a la SEP para solicitar que se respalden financieramente esa cantidad de plazas que actualmente no se reconocen, pero no únicamente en los tiempos completos, sino también en horas-clase, donde hay un déficit de alrededor de 30 mil horas.

Aseguró que la cantidad de plazas de tiempo completo que tiene la Universidad, es la misma que tenía en 1994, a pesar de que en ese momento había 20 mil alumnos y ahora 32 mil 800, situación que desde su punto de vista justifica un incremento en el presupuesto.

El Rector precisó que su intención es que Gobierno Federal reconozca la totalidad de las plazas de docencia, extensión e investigación que hay en este momento en la Universidad, ya que todas ellas están justificadas.

 

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