Necesario, proceso para reinstitucionalizar a la UAZ: académicos

Necesario, proceso  para reinstitucionalizar  a la UAZ: académicos

■ Polemizan sobre un plebiscito para definir la permanencia o no del Rector Armando Silva

■ Ha crecido una nómina simulada; son grupos fantasma, materias impartidas sin que existan, dicen

Líderes de opinión al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), coincidieron en la necesidad de emprender un proceso de reinstitucionalización académica, financiera y organizativa en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, aunque hubo discrepancia en el planteamiento de un Congreso Universitario para atender y resolver la actual crisis institucional.

Durante el segundo Foro Macondo La UAZ que Zacatecas requiere, hubo profesores quienes plantearon la necesidad de llevar a cabo un Congreso para que la comunidad genere alternativas a la situación en que se encuentra la Universidad, mientras que otros reafirmaron su postura de efectuar un plebiscito para definir la permanencia o no de Armando Silva Cháirez en la Rectoría, y después iniciar un periodo de transición mediante el cual sea posible un reordenamiento interno.

Marcelo Sada Villarreal destacó que durante el foro nadie haya expresado que la actual administración central de la Universidad sea ejemplar, pero aseguró que la realización de un Congreso es “peligroso”, porque podría derivar en la modificación de la Ley Orgánica de la institución, además de que favorecería a una minoría de funcionarios con responsabilidad directa en la situación que enfrenta la UAZ.

“La propuesta de un Congreso de reforma es solamente de coyuntura, no se sí electoral, espero que no, que pretende ganar tiempo para los intereses de las minorías privilegiadas de nuestra Universidad”, dijo.

Además, afirmó que en este momento hay problemas que deben atenderse de inmediato, sin la necesidad de realizar un evento masivo, entre ellos la falta de transparencia por parte de la Rectoría con relación a la manera en que ha ejercido el presupuesto en los últimos años.

Sobre el argumento de que el crecimiento de la matrícula ha sido subsidiado con los recursos que ahora se adeudan, señaló que “la matrícula no ha sido proporcional al gasto, y lo que ha crecido es una nómina simulada en toda la Universidad. Estoy hablando de grupos fantasma, materias que se imparten sin que existan, turnos casi completos de estudiantes inexistentes en algunas licenciaturas, entre otros”.

Sada Villarreal denunció además que algunas áreas y programas académicos de posgrado o diplomados “son negocios privados de algunas personas y todos los ingresos van a dar a bolsas particulares, sin pasar por alguna fiscalidad interna de la Universidad, ni mucho menos externa”.

Propuso acudir a plebiscitos, foros, mesas de diálogo u otros mecanismos de consulta para resolver problemas “que se generan voluntaria e intencionalmente por algunas personas o grupos en contra de los intereses de la Universidad”.

Por su parte, Francisco Valerio Quintero comentó que la Universidad, por su cuenta, no tiene la fuerza necesaria para oponerse a la dinámica que imponen las políticas públicas y los procesos de globalización neoliberal.

El Foro Macondo se realizó en Estudios del Desarrollo; negaron acceso al auditorio de la Unidad Académica de Derecho ■ fotos: ERNESTO MORENO

“Nosotros no podemos detener esa locomotora y algo tendremos que plantear, tal vez con ánimo derrotista, para ver qué se conserva de esto. Es decir, en este proceso de discusión, llámese foro, coloquio, congreso o como sea, preguntemos a los padres de familia que tanto la Universidad cumple con su compromiso”, indicó.

En ese sentido, añadió que el déficit financiero de la UAZ no se encuentra en los bolsillos de nadie, y aunque la corrupción pueda ser “más grande de lo que imagino”, las causas de origen son otras.

“Esos problemas estructurales son los que hay corregir y reencaminar a la institución en el cumplimiento de su responsabilidad pública en materia educativa, y claro, corregir todas esas irregularidades pero con prudencia y no con el hígado”, indicó Valerio Quintero.

También manifestó que la situación de la UAZ no puede ser resuelta por autócratas, sino que debe ser discutida, analizada y evaluada por los organismos de la institución, ya que un cambio de rector o la erradicación de la incompetencia en los funcionarios, no corregiría el problema del déficit financiero.

“Yo, probablemente ingenuo, sigo pensando que si quitan mañana a Armando Silva de la Rectoría, no tengo la garantía de que las cosas vayan a cambiar porque no es un problema de personas. El problema es que la Universidad debe gestionarse desde abajo y esa base está inmóvil, aturdida, asustada”, expresó.

Mientras que Antonio Guzmán Fernández manifestó que no le tiene miedo a un congreso, debido a que sólo en cuatro meses antes de a huelga iniciada en febrero pasado, en el Sindicato de Personal Académico (Spauaz) hubo más de 170 reuniones delegacionales y en el proceso de huelga se registraron 73 reuniones del Comité de Huelga, donde confluyeron representantes de todas las corrientes y grupos políticos.

 

“No le tengo miedo a un congreso. Al contrario, el cuestionamiento es hacia donde va, cómo se realizará, qué se persigue, porque un congreso va a terminar como han terminado los anteriores, en una reforma a la Ley Orgánica”.

Desde su punto de vista, hay cuestiones más urgentes que se deben resolver y que pueden atenderse de inmediato, como lo es el pago de la Seguridad Social de los profesores y trabajadores, sin necesidad de esperar meses a que se acuerden resolutivos en un Congreso.

Guzmán Fernández expuso que es necesario diferenciar entre los problemas institucionales, que podrían analizarse en algún foro, y la problemática de los derechos laborales como el pago de la Seguridad Social, que no puede ser parte de la discusión porque afecta a todos.

Asimismo, cuestionó que el crecimiento de la UAZ se haya solventado con los recursos que debieron destinarse al pago de la Seguridad Social de los profesores, sin algún respaldo financiero de Gobierno Federal. En consecuencia, mientras los universitarios discutan la problemática, la deuda crecerá y a la Rectoría y al mismo Estado les conviene “porque no afectan sus intereses”.

Incluso propuso que la Universidad deje de cubrir impuestos y se reanude el pago de la Seguridad Social de los trabajadores, con lo cual se atendería el precepto de que el Estado es el responsable de la educación.

Benjamín Romo Moreno admitió que el título de “Congreso” ha provocado confusiones, pero dijo que puede ser llamado de cualquier manera y su realización no sería para modificar la Ley Orgánica, sino para discutir el problema financiero y reactivación de los colectivos de decisión.

La intención es consensuar una salida mediante la cual, dijo, “se modifique la vida universitaria en diferentes aspectos, pero recordando que la petición del momento está en el escrito que entregamos en la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario”.

 

Comentó que los contratos colectivos, como instrumento fundamental para la preservación de los derechos laborales, han sido rebasados por la realidad económica y política, que a su vez ha conducido a cambios significativos en el quehacer académico, la investigación y la extensión.

Desmintió que la propuesta del Congreso pretenda privilegiar a una minoría, y dijo que si se refiere a aquellos que detentan el poder en la Universidad, la respuesta está en el hecho de que las autoridades no han respondido a esa solicitud.

Romo Moreno indicó además que la problemática podría resolverse a través de una propuesta académica sólida que permita gestionar más recursos, pero habría la disyuntiva de que la UAZ siga el modelo planteado por las autoridades o que se rediseñe dentro del marco de esas políticas.

Por el contrario, señaló que ese modelo debe pasar por la comunidad universitaria, porque de lo contrario, el proyecto académico de la Máxima Casa de Estudios de la entidad quedará definido por elementos externos que posiblemente tengan intereses ajenos a los universitarios y a la sociedad.

 

“No estamos de acuerdo en el modelo de que la Universidad se convierta en un apéndice de la empresa como lo plantea el capitalismo académico, y que permean en muchas de las propuestas, incluso al interior de la UAZ”, agregó.

En tanto que Marco Antonio Torres Inguanzo precisó que un congreso no implica la modificación a la Ley Orgánica, puesto que se trata de un espacio deliberativo y resolutivo “con el más grado de legitimidad para discutir algo”.

Desde su punto de vista, hay la necesidad de un espacio deliberativo amplio que incorpore a todos los programas universitarios y cuyos resolutivos ayuden a resolver a emergencia institucional actual.

Aclaró que no se trata de discutir o reformar la Ley Orgánica, puesto que sería un suicidio para la Universidad. Por el contrario, “requerimos una instancia que incorpore a esa masa semidormida y que la deliberación y sus acuerdos tengan carácter de solución”.

Incluso, señaló que si el Congreso define que haya una administración de transición con determinadas características y objetivos, sería una solución legitimada por toda la comunidad universitaria, además que permitiría reactivar los órganos colegiados.

Torres Inguanzo aseguró que la crisis en que se encuentra la UAZ no es financiera, sino una crisis institucional que se explica por un mal funcionamiento de las estructuras para generar acuerdos, el empantanamiento de los mecanismos para tomar decisiones y la fragmentación de los procesos de implementación de acciones.

En consecuencia, no es posible lograr acuerdos, generar proyectos o construir vías de solución con otras instituciones para que haya el financiamiento necesario. En otras administraciones rectorales, dijo, había capacidad para llegar a acuerdos, pero ahora “el mecanismo institucional es un pantano”.

Por último, el Foro Macondo se pronunció respecto a la negativa del director de la Unidad Académica de Derecho, Luis Rubén Sataray Ramos, de realizar los foros en su auditorio, motivo por el cual se trasladaron a la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo.

“Ello se debió a la oposición expresada por el director de aquella unidad académica, quien adujo sentirse personalmente agraviado, al igual que el Rector, con las opiniones vertidas por los ex rectores el pasado martes”, sostuvo.

Sin embargo, se aclaró que en el pasado foro no hubo alusiones personales y aunque hubiese ocurrido, toda figura pública está sujeta al escrutinio social y las instalaciones universitarias no son de su propiedad.

“Las instalaciones y los espacios de la amadísima Universidad no son patrimonio de los funcionarios  que de forma efímera los administran. Mucho menos cuando el origen de las negativas para hacer uso de ellos provengan de la convicción de un grupo político que, desde ahorita, interpreta que lo que no se haga por y para él, se hace en su contra de cara a la próxima sucesión rectoral”.

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