- Perspectiva crítica
Múltiples críticas se han generado tras la presentación del segundo Informe de labores de Enrique Peña Nieto y diversos analistas han señalado su carácter publicitario y carente de contenido, pues si bien el priísta hizo uso de la voz por más de dos horas, en términos generales compartió un discurso abstracto y que no buscó profundizar en los problemas que aquejan al país, tales como el desempleo, el precario crecimiento económico, las carencias alimentarias, en salud o el despojo de bienes comunitarios en amplias zonas del país, problemas que han vigorizado la inconformidad social que se ha expresado durante los últimos dos años.
El vacío que esto propicia en la opinión pública es grave, pues a pesar de que las televisoras y clase política cerraron filas para enaltecer la figura presidencial al estilo de la vieja guardia priísta, lo cierto es que se trató de un ejercicio de promoción política guiado por la discrecionalidad y no por la vocación de rendir cuentas a la población, lo que al menos en teoría debiera ser el propósito de un informe de gobierno.
De igual forma se hizo una alusión demasiado superficial y a conveniencia del tema de la violencia, pues sirvió más para respaldar la política peñanietista de procuración de justicia y seguridad que para dar cabal cuenta de cómo se va a enfrentar este fenómeno, y lo mismo ocurrió con el tema de la corrupción, la cual está estrechamente asociada al problema de la violencia y la inseguridad. Desde 2013 el Índice de Percepción de la Corrupción ubica a México entre los países más corruptos del mundo, lo que implica que sean comunes prácticas como el abuso de poder, el soborno, el cohecho y los acuerdos clandestinos, que en los hechos explican desde la “fuga” de El Chapo de la prisión de Puente Grande en 2001, hasta la impunidad que protege a personajes como Cuauhtémoc Gutiérrez o Carlos Romero Deschamps.
Esta situación se ha complejizado al paso de los años pues la corrupción e impunidad han corroído poco a poco las instituciones y las prácticas de los servidores públicos, y dan pie a que se incurra en acciones que atentan contra los derechos humanos. Un claro ejemplo de ello es la reciente advertencia de Amnistía Internacional de que la tortura es ejercida con regularidad tanto por las fuerzas armadas como por la policía mexicanas. De acuerdo al organismo, entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 7 mil 164 quejas por tortura, pero increíblemente ninguna terminó en una condena por ese delito, lo que refleja la impunidad de la que saben gozan tanto policías como militares y marinos.
Los casos de abuso por parte de autoridades se cuentan por miles y abarcan prácticamente todo el territorio nacional, pero más allá de ese largo y negro anecdotario, tres aspectos resaltan en esta situación y son el germen para asegurar que esta problemática está lejos de concluir. El primero es que esta realidad persiste a pesar de que México cuenta con una legislación robusta en el tema, pero que es poco eficiente para regular y sancionar los abusos de los funcionarios y agentes que incurren en estas prácticas. El segundo es el hecho de que la corrupción e impunidad se han acentuado en el marco de la llamada Guerra contra el narco, cuya política de mano dura es una estafeta que Peña Nieto ha tomado de Felipe Calderón, además de que persiste la falta de saneamiento en organismos como la Procuraduría General de la República (PGR), ministerios públicos, Ejército y Marina Armada de México, entre otros. El tercero es que la tortura es muy conveniente para los gobiernos de los últimos años, los cuales ven en ésta una forma expedita de sacar confesiones, fabricar expedientes judiciales y mantener en prisión a las personas que les representan una amenaza, tales como adversarios políticos o luchadores sociales.
A este respecto cabe recordar que desde mediados de la década de los noventa el Observatorio Internacional de Prisiones reportó la existencia en México de espacios clandestinos a donde se llevaba a los detenidos para arrancarles confesiones; la tortura a simpatizantes y miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) y la desaparición e incluso asesinato de miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De igual forma han sido ampliamente documentados los métodos de tortura, entre los que figuran los “tehuacanazos”, asfixia, dislocamiento de brazos y hombros, golpes o amago sicológico.
Esta cara de la realidad mexicana simplemente no tiene cabida en el discurso peñanietista, a pesar de que Amnistía Internacional haga un llamado con carácter de urgente para detener esta situación. Muy por el contrario, las cabezas de la inconformidad social por la reciente contaminación de ríos, la amenaza de despojar de sus tierras a campesinos para construir el Aeropuerto de la Ciudad de México, las víctimas directas e indirectas de la Guerra contra el narco o los miles de desempleados que optan por manifestarse en las calles, es muy probable que mantengan como denominador común la amenaza de ser detenidas, procesadas bajo tortura y al amparo del mutismo presidencial. ■
