a mesa de análisis y debate organizada por el Foro Macondo y La Jornada Zacatecas el pasado 2 de septiembre en el auditorio de la Unidad Académica de Derecho, Magdaleno Varela Luján, contó con la participación de los ex rectores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fui invitada para moderar. Ahora expreso una reflexión que por mi función no pude hacer sobre la mesa, lo hago en mi condición de ciudadana y de universitaria.
Aparentemente hay un consenso sobre la necesidad de que el Consejo Universitario convoque a un Congreso para discutir el problema de la crisis en la que estamos inmersos y proponer mecanismos de salida. Se coincidió en la importancia de ponernos de acuerdo internamente, entre los universitarios. Sin embargo, quedaron en el aire problemas de gran relevancia que fueron pasados por alto. El consenso (artificial) no debe ocultar responsabilidades específicas de aquellos quienes, siendo representantes legales de la institución, tomaron decisiones arbitrarias que tienen en jaque a la UAZ.
Las preguntas que dejé planteadas en la mesa, me permiten reflexionar sobre decisiones políticas que no se dijeron y que vale la pena recordar. Una de ellas giró en torno a uno de los problemas centrales en los que se encuentra la UAZ y que ocasionó el pasado movimiento de huelga de febrero de 2014: el endeudamiento por más de 860 millones de pesos por concepto de Seguridad Social, reconocida la Seguridad Social como un derecho humano de todos los trabajadores. En este punto el Mtro. Francisco Javier Domínguez Garay hizo una demagógica y espuria defensa de la autonomía universitaria, justificó el endeudamiento porque él, en su calidad de rector, tuvo como prioritario el derecho a la educación superior consignado (lo dijo seguramente sin leer el artículo 3º vigente) constitucionalmente; señaló que él prefiere “desempleados educados” y aludió a que la deuda históricamente ha sido pagada por el presidente en turno. Sin embargo, no dijo en su arenga, que su política de crecimiento no se logró por sus eficientes gestiones de nuevos recursos financieros, sino por el desvío de los recursos destinados al pago de la Seguridad Social de los trabajadores académicos y administrativos de la UAZ. No mencionó que simplemente dejó de enterar a las instancias correspondientes el descuento que a cada uno de nosotros, quincenalmente, se nos hace de nuestro salario. Y más aún, olvidó decir que ese derecho a la educación—ése que presume como logro personal— fue patrocinado por nuestro derecho a la Seguridad Social, sin nosotros estar enterados.
Mientras no haya un reconocimiento claro de nuestras responsabilidades en la ya larga memoria de la Universidad, cualquier discurso en defensa de la autonomía se vuelve letra muerta. Las nuevas generaciones de trabajadores universitarios y los estudiantes que decidieron formarse en esta universidad, deben estar informados para construir su propia opinión. No hagamos descansar nuestro discurso demagógico de defensa de la autonomía sobre una falsa página en blanco. El borrón y cuenta nueva aquí no vale. Ética y legalmente no vale. ■
