Contrademanda Barragán Ocampo a diputada Soledad Luévano, por el delito de calumnia

Contrademanda Barragán Ocampo a diputada Soledad Luévano, por el delito de calumnia

■ Dijo el funcionario poseer actas constitutivas de las empresas señaladas como “fantasmas”

■ Pretende desacreditar a legisladora sobre asignaciones directas y servicios no prestados

Le Roy Barragán Ocampo, secretario de Administración de Gobierno del Estado, respondió a las acusaciones de peculado y cohecho denunciadas el pasado 28 de agosto ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas por la diputada local por Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano Cantú, con una contrademanda penal por calumnia.

El funcionario indiciado citó en la sala de juntas de la PGJEZ a conferencia de prensa también para dar a conocer que exhibiría en su defensa una serie de documentales mediante los que pretende acreditar su inocencia.

Ante las acusaciones de inexistencia de empresas a quienes Gobierno del Estado por su medio habría pagado facturaciones millonarias, servicios no proporcionados y asignaciones de contratos dados a prestadores de servicios en contravención de la Ley estatal de adquisiciones, denunciadas por Luévano Cantú y referidas a los gastos por la conmemoración del Centenario de la Toma de Zacatecas, Barragán Ocampo  ofreció a la autoridad investigadora dijo, actas constitutivas de las empresas citadas y otras emitidas por un fedatario público domiciliado en el Distrito Federal que aseveró, constatan la existencia de los domicilios fiscales de las prestadoras de servicios, así como las facturas emitidas por las mismas, que señaló, antes de cubrirse habrían sido validadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por ley.

Agregó un dictamen del despacho contable Santos Rayas Contadores Públicos, SC, bufete que asienta su domicilio en Zacatecas del que citó: “nuestro trabajo incluyó un análisis del expediente integral que incluyo además del contrato lo siguiente: solicitud de prestación del servicio, cuadro comparativo de cotizaciones, documentos de identificación del proveedor del servicio, facturas del servicio, fianza, actas de entrega recepción, álbum fotográfico de los eventos en que fue prestado el servicio”.

De la revisión, la empresa aseveró que la contratación realizada el 18 de junio de 2014 entre los prestadores de servicios y Gobierno del Estado “se realizó en apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas y Decreto número 43 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2014”.

Integró a los documentales los “riders técnicos”, integrados a los anexos de los contratos de Fernando de la Mora, Pepe Aguilar, Flor Silvestre, Leonardo y Angela Aguilar, Las Tres Grandes Voces y Dora Guzmán, para demostrar la contratación de servicios requeridos por las producciones de los artistas, que habría denunciado como inexistentes Luévano Cantú, y refieren, dijo, equipo técnico y logístico de audio, iluminación, video y escenografía, cuyos costos son independientes a los honorarios de los personajes.

Asimismo reseñó copias de facturaciones de empresas que también habrían sido señaladas como “fantasmas”, recuperadas de páginas de Internet de gobiernos estatales y municipales de otras entidades, entre ellas, una referida a la contratación que el ayuntamiento de Texcoco hizo por renta de equipo de audio para el primer informe de gobierno de la administración encabezada por Movimiento Ciudadano.

“Tengo todas las pruebas más que suficientes para demostrar que la denuncia (de Soledad Luévano Cantú) es infundada”, afirmó.

En ataque a “la moralidad” desde la que la diputada habría actuado, se remitió a la época en que la denunciante tenía la misma función pública que Barragán Ocampo, citó, entre los años de 2003 y 2004.

Dijo “espulgamos ahí, agarramos una caja”, en la que habría encontrado documentación que señala casos de contrataciones de servicios para Gobierno del Estado contrarias a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones en vigencia en aquella época, mismas en las que también involucró al asesor de La legisladora en la 61 Legislatura del estado, Pedro Carrera Chávez, entonces funcionario en aquella dependencia.

Luego de la extensa exposición del secretario de la Administración del gobierno de Miguel Alonso Reyes, el procurador de Justicia del estado, Arturo Nahle, explicó la presencia del funcionario en esa sede, en términos del requerimiento del informe citado para efectos de la integración de la averiguación previa que se le sigue.

Añadió, la denuncia penal interpuestas por la diputada de Movimiento Ciudadano, fue corregida pues de los hechos que se refieren, no pueden configurarse los delitos de cohecho y peculado sino probablemente los de tráfico de influencias o negociaciones ilícitas contra de Le Roy Barragán.

La denuncia penal hecha por el funcionario contra la diputada, agregó, se acumulará a la averiguación que ya se lleva a cabo en la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

Finalmente, Nahle García hizo la observación que los hechos referidos por Barragán Ocampo en cuestionamiento de “la moralidad” de Luévano Cantú, probablemente no sean ya constitutivos de delito en tanto que hubieran expirado legalmente.

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