Con motivo de su segundo Informe de Gobierno, la publicidad gubernamental ha llevado la imagen del Presidente de la República a todos los rincones del país. El informe es presentado como un ejercicio de rendición de cuentas, aunque nunca lo haya sido. Poco tiene que ver con una democrática relación entre poderes o de equilibrio entre ellos, ni con la intención de someterse al escrutinio público.
El informe se ha convertido en un ejemplo claro del retroceso democrático que padecemos por la excesiva publicidad política, complementada por el sistema de medios de comunicación, especialmente la televisión. En estos momentos clave, el discurso oficial ocupa la mayor parte de los espacios mediáticos. La profusión de spots y anuncios dominan el espacio público. Las voces críticas desaparecen bajo esta avalancha de promoción. Pero además, el control de la comunicación y de la opinión se logra a través de un uso propagandístico, arbitrario y opaco de la publicidad oficial.
La promoción personal de nuestros representantes a través de la publicidad oficial debió desaparecer. Sin embargo, desde hace dos semanas, al ver la omnipresencia de la imagen del Presidente, nos damos cuenta que no ha sido así. Esto se debe a la falta de compromiso democrático y a un marco normativo esquizofrénico. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), en su artículo 242 párrafo 5, establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe, lo que es contrario a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Para terminar con esta abusiva propaganda y celebrar un verdadero debate sobre esta práctica, la asociación Fundar interpuso un amparo en contra de este artículo de la Legipe, que fue admitido por el Poder Judicial el pasado mes de julio. Así, los jueces tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre este asunto mientras tanto, el Poder Legislativo como el Ejecutivo no han cumplido con sus promesas y obligaciones de regular el uso de la publicidad oficial.
Pero el problema de la publicidad en el país no se circunscribe solamente a su contenido. En México, la publicidad oficial se ejerce con opacidad, sin criterios claros para su asignación ni mecanismos de control. En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios. Estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país y sobre la calidad de la democracia. Por ello es cada día más urgente que se emita la legislación en materia de publicidad gubernamental y propaganda del Estado.
