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viernes, 29 marzo, 2024
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En el estado hay 435 personas desaparecidas, denuncia la organización Zacatecanos por la Paz

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Por: RAQUEL OLLAQUINDIA •

■ Son los familiares de las víctimas los que se hacen cargo de las investigaciones: Bermeo

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■ Acusan la falta de atención a los allegados de los afectados; llaman a no cerrar los casos

Hace ya casi un mes, desde el pasado 4 de agosto, que Edith Marimar García Torres fue vista por última vez. En el tiempo que ha transcurrido desde que la joven de 18 años, originaria de Tacoaleche (Guadalupe), desapareció, las autoridades encargadas de llevar a cabo la investigación no han notificado algún avance a los familiares de la víctima.

Con el mismo sentimiento de no saber el paradero de un ser querido se encuentran, ya desde hace dos años, varias familias de la comunidad de Estancia de Ánimas, en el municipio de Villa González. En el año 2012, cinco jornaleros fueron arrestados por agentes de la Policía Federal, según narraron testigos presenciales de los hechos, y desde entonces sus allegados no han vuelto a verlos.

Edith Marimar García, Ismael Rodríguez Muñoz, José Castillo Aguayo y los hermanos Nectali, Amado y Juan Carlos Delgado Rodríguez son seis casos de zacatecanos que están desaparecidos, y cuyas familias no han cesado en su empeño por encontrarlos.

Junto con estos seis jóvenes hay otras 429 personas que, según las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ), están en paradero desconocido, sumando un total de 435 casos de desapariciones, ya sean forzadas, involuntarias o voluntarias.

Las historias presentadas y los datos de la dependencia estatal mencionados fueron expuestos por los propios familiares y conocidos de las víctimas en una conferencia de prensa que ofrecieron este sábado, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

Los objetivos de este evento fueron, entre otros, los de visibilizar el problema que afecta a cientos de familias en Zacatecas, exhortar a las autoridades a no archivar los casos y, por tanto, abandonar la búsqueda de estas personas, y denunciar la falta de atención que sufren los allegados de las víctimas.

El académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) e integrante de la Asociación Civil Zacatecanos por la Paz, Ricardo Bermeo Padilla, aseguró que “prácticamente son los familiares de las víctimas los que se hacen cargo de las investigaciones”.

Cristela Trejo Ortiz, también integrante de esta organización, denunció que en los casos de desaparición no se brinda atención de tipo alguno por parte de las autoridades. Es más, agregó, en todos los casos de los que han tenido conocimiento “nunca se han brindado asistencias de primera ayuda con personal especializado”.

En cuanto a las familias, en concreto esposas e hijos, de los cinco jornaleros que fueron víctimas de una “presunta desaparición forzada”, pues aún no se ha reconocido el hecho por parte de las autoridades, tuvieron que salir adelante y convertirse en el sustento económico de sus hogares, sin algún tipo de ayuda psicológica o de respaldo económico.

Por tanto, Trejo Ortiz concluyó que “no hay atención efectiva de las autoridades” en los casos de desaparición. Además dijo que, en muchas ocasiones, la falta de asistencia de las autoridades o incluso el involucramiento de éstas en las desapariciones, como en el caso de las forzadas, provoca que ni siquiera se interpongan denuncias “por miedo e intimidación”.

Para reflejar este temor de los familiares de las víctimas a denunciar públicamente sus historias y exigir, así, mayor intervención gubernamental, los integrantes de Zacatecanos por la Paz informaron que a la rueda de prensa fueron invitadas 30 familias de desaparecidos, pero que “prácticamente todas rehusaron venir, menos dos”.

De ahí que el académico de la UAZ, Ricardo Bermeo, expusiera que es necesario que, aparte de contar con organizaciones como a la que él pertenece, también se requiere la constitución en Zacatecas de una asociación de las propias víctimas, donde los familiares encuentren apoyo y un “espacio de consuelo”.

Además, aseguró que es fundamental que la sociedad civil tenga una interacción real y cercana con las autoridades, sobre todo con instancias como la PGJEZ, ya que ese “modelo de trabajo ciudadanizado” está “probado que contribuye a mejorar la justiciabilidad de las familias de las víctimas que no vencen el miedo”.

Como ejemplo de la cercanía que falta entre las autoridades del ámbito de seguridad y los familiares de los desaparecidos, tanto Mariana Torres Reyes como Martín García Zapata, padres de la joven de 18 años, Edith Marimar, expusieron que desde hace unos días los agentes que se están encargando de la investigación no han tenido contacto con ellos.

Aunque aseguraron que “no dudamos de la capacidad” de quienes están realizando las averiguaciones, exhortaron a las autoridades a no archivar el caso de la desaparición de Edith, sino a que redoblen los esfuerzos para poder volver a ver a su hija.

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