Los recientes debates sobre la necesidad de una reforma migratoria en Estados Unidos, nos han recordado, o al menos deberían hacerlo, la gran dependencia laboral que tiene nuestro país hacia nuestro vecino del norte. La trayectoria histórica del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos se remonta a más de cien años de antigüedad, sin embargo, la diáspora multitudinaria no comienza sino hasta la década de los ochenta, fecha a partir de la cual se comienzan a registrar niveles sin precedentes. Muestra de ello se tiene que en el año 2000 se estimó que en Estados Unidos el número de residentes mexicanos era 8.8 millones, cifra que incrementó a 11 millones en 2005. En este periodo se estimaron flujos anuales de 600 mil emigrantes, con una proporción de indocumentados de 85 por ciento. Si a este número de emigrantes indocumentados se agrega la cifra de residentes de origen mexicano, se tiene que el número de connacionales en el país del norte rebasa ya los 30 millones.
Con base en cifras publicadas en 2012 por la Fundación BBVA Bancomer, los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos (incluidos los de segunda y tercera generación) contribuyeron en ese año con más de 8 por ciento de Producto Interno Bruto generado en Estados Unidos.
Pues la fuerza de trabajo expulsada del territorio mexicano, se ha logrado insertar en los distintos sectores de la economía estadunidense, a pesar de que es en el sector de la agricultura en donde destaca el mayor número de mexicanos, con cerca de 80 por ciento de la fuerza laboral. De acuerdo con datos del Migration Policy Institute, los Estados americanos con mayor número de migración mexicana son California con 37 por ciento, seguido del Estado de Texas con 21 por ciento. Y las ciudades con mayor número de migrantes son Los Ángeles con 1.7 millones de mexicanos, Chicago con 684 mil y Dallas con 610 mil. Ciudades que cabe destacar, son las que registraron un crecimiento económico por encima de la media nacional en 2011.
En este contexto, en días pasados se llevó a cabo en el estado de California el primer Encuentro de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos, encuentro que contó con la participación del presidente Enrique Peña Nieto, quien tachó de “éticamente reprobable” que algunos estados de la Unión Americana continúen violando los derechos humanos de los migrantes mexicanos, argumentando que esta situación se aleja de los principios de responsabilidad compartida y de buena vecindad entre ambas naciones.
A pesar de que estas declaraciones son ciertas, el Gobierno mexicano no debe olvidar que la actual dependencia laboral que existe entre México y Estados Unidos es un hecho que se construyó sobre la base de una serie de transformaciones políticas y económicas que privilegiaron la apertura comercial por encima del desarrollo social. Por lo que la migración no es resultado de una generación espontánea de miseria, sino que es la consecuencia necesaria de una política económica deliberada que ha conducido a la concentración del ingreso. En este sentido, es necesario hacer conciencia sobre la magnitud del problema, ya que con propuestas alternativas al esquema de desarrollo neoliberal, este fenómeno social que se ha tornado en una tragedia humanitaria se puede revertir.
Ante tal panorama, la migración de trabajadores es una cuestión que debe reflexionarse por lo menos en dos sentidos: el primero y el más inmediato es que las personas migran esencialmente por causas laborales, en tal contexto se debe revalorar la condición como trabajadores que asumen los mexicanos en el país de acogida. Pues Estados Unidos es un país que históricamente se ha beneficiado de las migraciones laborales de todo el mundo, y la migración de mexicanos y centroamericanos no es la excepción, de tal suerte que se deben respetar sus derechos como trabajadores que benefician al desarrollo económico y social de esa nación. En segundo lugar, pero no por ello menos importante, es el derecho a no migrar que tienen todos y cada uno de los habitantes de los países expulsores. Ya que como ciudadanos, el Estado debe garantizarnos las posibilidades de un grado mínimo de desarrollo dentro de los límites de nuestros propios países y comunidades. Si el Estado nacional no puede asegurar ese mínimo de bienestar se pone en duda su gobernabilidad y se debe denunciar tal incapacidad. ■
