Aún está fresco el desastre del derrame de 40 millones de litros de desechos peligrosos en el río Sonora de la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México. La catástrofe es ambiental, pero también económica: decenas de productores agrícolas y pecuarios han tenido altas pérdidas en la producción y en la venta de sus productos por la contaminación. El poder de la empresa, enorme, se manifiesta en que no se ha podido clausurar temporalmente mientras se investigan las causas y se reparan los daños ecológicos.
El accidente en la mina de Pasta de Conchos, donde fueron abandonados los mineros enterrados es, también, reciente. Recordemos que por el mismo tiempo de esta tragedia, ocurrió un accidente en una mina de Chile, pero ahí sí fueron rescatados los mineros igualmente enterrados. La diferencia fue la actitud del Estado sobre la actuación de las empresas mineras. En México la impunidad con la que actúan no se observa en otros países. La pregunta es, ¿cuál es la causa de la impunidad e indolencia con la que actúan, devastando el medio ambiente y sin el menor cuidado de la vida humana?
La causa es la debilidad del Estado que ha sido invadido por los poderes fácticos. Cuando las grandes empresas mineras hacen lobby en las cámaras legislativas y logran detener iniciativas que las obligarían a pagar las contribuciones que justamente corresponden a cambio de los derechos de explotación de los recursos de la nación, se nota el enorme poder que tienen. Una parte importante de los funcionarios estatales responsables de regular la industria minera son, en realidad, empleados de estas empresas lo que genera una relación de complicidad entre el gobierno y las mineras, y por tanto, cuando los afectados de los derrumbes en asentamientos humanos se quejan, o los ambientalistas exigen estudios objetivos de impacto ambiental, o los trabajadores piden mejoras en la seguridad de su trabajo, no son escuchados o, aún peor: viven la desesperanza de enfrentarse al poder económico de las empresas y al poder público que actúan en conjunto.
El Estado en este país no responde o representa al pueblo: está en manos del poder económico rapaz de mineras, televisoras, productores de chatarra, y ahora después de las llamadas reformas estructurales, en manos de las poderosas petroleras transnacionales. Las empresas petroleras dentro de muy poco tiempo ejercerán un enorme poder aun mayor a los que hemos mencionado. Y los desastres ecológicos por la práctica de métodos como la fractura hidráulica (que aprobó también el Partido Verde), serán los encabezados de la prensa en los próximos años.
Recordemos que la situación de presión contra el medio ambiente y condiciones justas de los trabajadores de parte de estas empresas, es una situación mundial, pero la diferencia es la respuesta que dan sus gobiernos a dichas presiones; no ha sido la misma respuesta a estas empresas en Canadá, Alemania o Bolivia, que en Centroamérica, Colombia o México. Hay lugares donde existen regulaciones, y países donde actúan sin límites. México está en el grupo de países donde se sienten dueños del territorio nacional.
