¿Por qué se tienen que ‘rescatar’ los municipios e instituciones de educación? La crisis financiera en los municipios y en las de educación superior, sin agregar a las organizaciones de productores que también se ‘rescatan’ de adeudos crónicos, tienen asignadas atribuciones muy por encima de los recursos financieros de que disponen: la desproporción entre obligaciones y financiamiento genera un creciente y crónico adeudo con sus compromisos laborales y con la Seguridad Social. Los municipios tienen un grave problema de pago al IMSS, y la UAZ al ISSSTE. Es decir, tienen dos coincidencias esenciales: la desproporción señalada y el ramo o partida del adeudo, es decir la Seguridad Social.
Los municipios, después de las reformas constitucionales que los convierten en nivel de gobierno, aumentaron sus competencias; antes sólo se limitaban a los servicios básicos que señala el artículo 115 de la Constitución: agua potable, manejo de residuos, infraestructura urbana, seguridad preventiva y así. Ahora en cambio, tienen funciones en la política de desarrollo social y económico, apoyos a la educación, cierta atención a productores y, últimamente, con la ley general sobre cambio climático, los municipios deben contar con un programa de cuidado ambiental. Es decir, los municipios pasaron de ser sólo proveedores de condiciones urbanas de vida a agentes de desarrollo social. Sin embargo, los recursos son reducidos: reciben la mayoría de sus ingresos de Gobierno Federal por vía tanto de participaciones como de aportaciones, y muy pocos ingresos propios.
La pasada Reforma Hacendaria no tocó al pacto de coordinación fiscal donde se establecen los criterios y algoritmos de reparto de los recursos recaudados. Se abandonó la reforma del Estado, que implicaba una profunda innovación a la estructura del federalismo, la cual supone la llamada reforma municipal que pudiera llevar a equilibrar competencias con presupuestos municipales. Esa sí es una verdadera reforma estructural. Pero como no se llevó a cabo, año con año se tiene que rescatar municipios de sus enormes pasivos, que en cuanto se cubren vuelven a generarse, porque no se atiende la causa de fondo que lo provoca.
En el caso de la educación superior estamos ante una desproporción similar: tienen la obligación de atender a una enorme población de jóvenes y se les dota de un presupuesto que cubre la mitad de lo requerido: de los 2 mil 100 millones que requiere la UAZ, se otorgan mil 200. Y como la demanda de servicio educativo que recibe la Universidad es muy alta, contratan profesores para cubrirla, y el resultado es el que ahora vivimos, se dejó de pagar la Seguridad Social configurando un adeudo que a la fecha ya rebasa los 850 millones anunciados. Pero si aun con la contratación de profesores ‘no autorizada’ son rechazados nuestros jóvenes en su derecho a estudiar, de no haberlo hecho, la situación de los jóvenes que ingresan a las aulas universitarias fuera mucho peor. No dudamos que existan irregularidades, pero dada su proporción, no son en lo absoluto la causa de su crisis.
Se requiere que la Federación tenga como criterio normativo la exigencia de pasar de una cobertura de 30 a 50 por ciento de la oferta educativa en el estado de Zacatecas, y para ello, enfrentar el problema desde sus causas reales, para dejar de hacer ‘rescates’ que se presentarán de nueva cuenta en unos años.
