Los informes en gobiernos republicanos tienen una razón de ser, y el objetivo no es la exposición ritual de las obras sueltas de gobierno y generar con ello el aplauso de los grupos corporativos que dan las gracias al gobernante por los apoyos recibidos. El sentido republicano de informar constituye, por el contrario, una rendición de cuentas: justificar ante los ciudadanos las acciones emprendidas por el gobierno alrededor de las metas propuestas en el plan de gobierno. Publicitar obras sueltas de esto y aquello no constituye ni siquiera información significativa porque con ello no se puede emitir juicio alguno de evaluación de lo sabido: ¿son las acciones correctas?, ¿están conectadas con otras acciones que llevan a resolver problemas sociales reales?, ¿cuáles indicadores mejoran? El informe de gastos con cifras gruesas tampoco refleja la eficiencia de gobierno, porque no hay parámetros previos con los cuales compararlos. Por tanto, el formato de los informes de gobierno está sustentado en una concepción previa de lo que significa informar.
Si partimos del supuesto de que informar constituye una práctica de evaluación y rendición de cuentas, deberíamos tener un formato adecuado a esto. Primero, el documento del informe debe ofrecer una exposición de las metas del periodo señalado, con la debida justificación de las mismas en la estrategia general de gobierno.
Esto es esencial porque es hacer público el referente contra el cual se analizará lo que efectivamente se hizo. Segundo, se exponen las acciones emprendidas ordenadas por nivel de significación; y tercero, se ofrece una evaluación desde el propio Ejecutivo sobre los alcances de lo realizado, todo lo cual debe tener manera de ser constatado. Cuarto, como las bases del sentido republicano está en el juego de equilibrios en el ejercicio del poder, en este caso debe prevalecer este mismo principio en los formatos, además, como una parte importante de las cosas que se informan requieren de cierta habilidad técnica para comprender su significado, es importante que exista una instancia técnica auxiliar del Poder Legislativo que pueda emitir una dictamen al informe presentado.
Luego entonces, la opinión de una instancia técnica dictaminadora dotada de autonomía, resulta esencial para orientar a la propia opinión pública que no tiene la posibilidad de revisar con detalle lo que en teoría se le informa. De manera que los gobernantes sepan que su informe será efectivamente evaluado, y además, que esa evaluación tendrá una retroalimentación (recomendaciones de mejora): porque evaluar sin retroalimentar es un acto absolutamente estéril. En el formato de informe se debe contemplar la sección de retroalimentación que hace el Poder Legislativo al Ejecutivo. La clave para esto es abrir la posibilidad de que los actores o beneficiarios de los programas tengan un espacio para emitir recomendaciones. Si concebimos un informe como un ritual del poder ninguna evaluación es posible, pero concebirlo como un acto normal de gobierno democrático debería llevarnos a cambiar los formatos estériles que pueden dar lugar a rabietas políticas pero que no mejoran las políticas. El objetivo final de todo acto de rendición de cuentas es mejorar las políticas públicas, si esto no se cumple nada tiene sentido.
