■ “Es mejor estar solo que mal acompañado”; 70% ha reprobado exámenes: Arturo Nahle
■ El problema no está sujeto a disponibilidad de fondos; “es un asunto de imaginación”, dice
“Pues tárdese cuatro meses en contratar a uno nuevo y de ahí sale el dinero”, recomienda Arturo Nahle García a los presidentes municipales que exponen como problema para la depuración de sus policías la falta de recursos económicos para pagar su liquidación.
El procurador general de Justicia del estado agrega que efectivamente, pudiera generarse en caso de tomarse una medida así, desequilibrios en materia de seguridad pública en Zacatecas, en tanto que cerca de 70 por ciento de los integrantes de los cuerpos policiacos ha reprobado el examen de confianza que implica de manera obligatoria su despido, pero añadió: “es mejor estar solo que mal acompañado”.
El tema fue expuesto luego de que la PGJE detuviera esta semana a 16 policías de Sombrerete, presuntamente vinculados a delitos de homicidio y secuestro. Y el anuncio de que la representación social ampliará su investigación a toda la corporación de esa demarcación.
Recordó que la depuración del Ejército, la Marina y las policías federales, estatales y municipales de todo el país es una obligación que tiene como límite de cumplimiento el próximo mes de octubre, tal como lo establece la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Propuso por ello que el problema no está sujeto a la disponibilidad de recursos, como han argumentado presidentes municipales de la entidad, sino que “es un asunto de imaginación”.
A continuación expuso la forma en que el procurador general de Justicia de Zacatecas ha buscado solucionar dijo, de manera escalonada y desde hace dos años en que ocupó la titularidad de la instancia, el problema con sus propios agentes ministeriales, “porque tampoco tengo dinero para mis policías reprobados”.
“Cuando usted despide a un policía le tiene que dar tres meses de salario, la parte proporcional de aguinaldo y su prima vacacional, o sea le tiene que dar en números redondos cuatro meses de salario, ¿de dónde va usted a sacar esos cuatro meses de salario que tiene que pagarle a un policía que despide?, pues tárdese cuatro meses en contratar a uno nuevo y de ahí sale el dinero”, propuso.
Añadió, “es preferible que (los ayuntamientos) no tengan su policía completa durante cuatro meses, a que durante cuatro meses la tengan llena de malandros”.
Actualmente la Policía Ministerial tiene alrededor de 480 agentes, de los cuales restan por relevarse derivado de su incompetencia para el cargo, algunos 120, comentó.
El destino que siguen los policías depurados, luego de su despido de las corporaciones policiacas no está previsto mediante un programa gubernamental ni en el ámbito federal ni estatal, y quedan sujetos a las posibilidades que ofrece el mercado laboral del país.
Como integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública y ante el seno de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, misma que tuvo una reunión reciente en la Ciudad de México, Arturo Nahle ha propuesto que los ex policías obtengan facilidades para acceder a los programas de Gobierno Federal y estatales del tipo de las becas y bolsa de trabajo que ofrecen el Servicio Nacional de Empleo o los apoyos al autoempleo que apoya la Secretaría de Economía, expuso.
Agregó, sí existe un registro de los ex policías en la base de datos Plataforma México, que sustenta presuntamente, el que no puedan ser recontratados por corporación de seguridad pública alguna en cualquier otra entidad del país.
Sobre la posibilidad de darle seguimiento a la ubicación y actividad que realicen quienes fueron capacitados en el uso de armas de fuego y otras técnicas milicianas, en algunos casos de inteligencia en materia de seguridad, luego de que dejen las corporaciones policiacas, esto en prevención de que se repita el fenómeno de Los Zetas, agrupación criminal que tuvo como fundamento a ex elementos del Ejército, opinó, implicaría una violación a sus derechos humanos.
En respuesta al comentario de que la legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones ya prevé este tipo de seguimientos que implicarán para todo usuario se guarde información por dos años de su ubicación, llamadas, conversaciones e intercambios de correos electrónicos y chats, bajo el apartado “Capítulo de colaboración con la justicia”, misma que ha sido cuestionada justo por la violación a los derechos humanos que sus críticos han dicho implica, el funcionario dijo desconocerla por su novedad.
También propuesto como un tema de prevención del delito, el procurador dijo desconocer si existen en el ámbito de la contratación de elementos seguridad privada, exámenes de confianza similares a los que se realizan en el servicio público, circunstancia que pudiera derivar en la contratación de los ex policías despedidos en estas agrupaciones.
Opinó al respecto, “sí creo que habrá que legislar si es que no hay una disposición en ese sentido, para que también las policías privadas sean policías confiables, o sea, que los integrantes de una policía privada también deban tener acreditado su examen de control de confianza, porque si no nada más vamos a pasar el problema de un lado a otro. Es como sacar una manzana podrida que trae en la bolsa del pantalón y metérsela en la otra bolsa, pues no”.
