■ Los predios, después de su explotación, podrían no ser habitables, afirma Víctor Corona
■ Se ha demostrado que si la riqueza está debajo de un pueblo, a éste se le mueve por completo, dice
La figura denominada “ocupación temporal de tierras”, que se incluye en la Reforma Energética, generará el desplazamiento de grandes cantidades de personas tanto en zonas urbanas como en rurales, además de que después de su explotación podrían no ser habitables, afirmó Víctor Corona Loera, docente de la Unidad Académica de Antropología de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
“Antes uno era dueño de todo el terreno y su profundidad, pero ahora no y prácticamente sólo se es dueño de la superficie donde construyes o donde siembras, pero todo hacia debajo se vuelve un bien explicable”, explicó.
De acuerdo con la experiencia que hay en Zacatecas con la minería, recordó que muchas comunidades enteras han tenido que mudar el espacio geográfico donde habitaban a otro, debido a la explotación.
Por lo tanto, si había algún impedimento legal para que los propietarios de sus tierras se defendieran contra las empresas para evitar la explotación, ahora ha desaparecido y basta con que haya el decreto de la existencia de recursos naturales explotables para que se instituya la “ocupación”, expuso.
Corona Loera explicó que en consecuencia, las personas ahora están en la indefensión total y no habrá posibilidad alguna para que sus tierras sean expropiadas si se encuentra oro, plata, petróleo, zinc y otros minerales.
En el mejor de los casos, dijo que los propietarios podrían recibir el pago de la renta por el uso de su tierra y después de ser explotada se le devuelve, pero hay el riesgo de que en ese momento ya no sea habitable.
Con la “ocupación temporal de tierras”, entonces, “habrá un desplazamiento de grandes conglomerados de población, porque se ha demostrado que si la riqueza está debajo de un pueblo, a éste se le mueve por completo. El capital no tiene sentimientos, simplemente explota la riqueza y lo dejan al abandono a pesar del daño ecológico y social”.
Reiteró que toda explotación y extracción de recursos naturales trae consigo condiciones desfavorables para todo el entorno y, en muchos casos, como ha ocurrido en el propio estado de Zacatecas, no hay forma para que ese territorio pueda ser habitable.
La denominación “ocupación temporal de tierras”, indicó Corona Loera, es un título que se utiliza para no decir que hay expropiación, pero en realidad es un mecanismo para usufructuar el espacio físico y geográfico de las personas, además de explotar la riqueza natural.
Concluyó que la Reforma Energética permitirá que todo espacio físico sea sujeto de ocupación si ahí se encuentran recursos naturales, lo que derivará en cambios “de gran alcance” en los comportamientos sociales.
El valor del sistema agroalimentario de México es superior al del sistema energético: Correa
La ocupación temporal de tierras de mexicanos que podrán hacer las empresas privadas con motivo de la Reforma Energética, traerá graves repercusiones para los campesinos y los pueblos indígenas, se podría comparar incluso con los territorios ocupados de Gaza, pues llegarán las trasnacionales con sus propios guardias de seguridad a alterar el equilibrio ecológico, la vida cotidiana de los pueblos, depredar y saquear lo antes posible el agua, gas y petróleo, consideró, Max Agustín Correa Hernández, dirigente nacional de la Central Campesina Cardenista.
A propósito de que legisladores del PRI han justificado la figura de ocupación temporal de tierras e incluso el diputado zacatecano, Adolfo Bonilla, consideró que para los campesinos será más benéfico vender sus tierras o rentarlas que continuar cosechando, el líder campesino comentó en entrevista que si los priístas comen carbón, respiran gas y toman petróleo, entonces tienen razón en sus posturas.
Lamentó ese tipo de argumentos porque dijo, la producción de alimentos debería ser el principal interés nacional, además es una obligación del Estado mexicano promover su industrialización, comercialización y abasto como lo establece el artículo cuarto de la Carta Magna y el artículo 27, que en una de sus fracciones se elevó a rango de derecho constitucional la alimentación para todos los mexicanos.
Correa consideró que el valor del sistema agroalimentario de México es superior al del sistema energético y de las telecomunicaciones. En el campo se generan grandes fortunas desde la producción hasta la comercialización de alimentos, de modo que es una actividad económica estratégica para la seguridad nacional.
Es por ello que se requiere una nueva política del Estado mexicano hacia el campo, que le dé un nuevo vigor a la producción de alimentos y con ello el dueño de las tierras tenga mayores ingresos, por tanto, las organizaciones proponen algunas medidas que el presidente Enrique Peña debe tomar en cuenta.
Entre ellas está un programa de impulso a la actividad productiva mediante financiamientos con tasas de un dígito, seguro al ingreso, un decreto que establezca compras gubernamentales, entre otros.
Respecto de la permisión que habrá para extraer gas mediante el fracking o fractura hidráulica, el dirigente de la Central Campesina Cardenista dijo que sin duda traerá repercusiones muy negativas, porque el agua de uso doméstico y agrícola corre el riesgo de combinarse con químicos, por ende se contaminarían los mantos freáticos, se alterará el equilibrio ecológico y se dañará la biodiversidad de las zonas desérticas donde se realizará esa actividad.
Caso específico de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, el norte de Veracruz, Chihuahua, que es justamente donde se carece del líquido, incluso para uso doméstico y agrícola, pese a que el gobierno ha ofrecido la creación de una norma para el fracking, de cualquier manera lo rechazan.
Max Correa agregó que desde esta semana se realizarán reuniones de balance y programación de las organizaciones campesinas movilizadas el pasado 23 de julio, a fin de programar un nuevo plan de acción para los próximos meses. Entre ellos la conformación de los comités de defensa del territorio, en ejidos, pueblos y comunidades para informar sobre los alcances de la nueva legislación y encontrar maneras para defenderse.
Además se seguirá en la mesa de negociación con el gobierno para continuar con la creación de la Reforma del Campo, desde donde se protejan los derechos humanos de campesinos e indígenas, derivados de la Reforma Energética, finalizó.
