México, DF. Las comisiones de Hacienda y de Energía de la Cámara de Diputados aprobaron esta tarde el dictamen que crea la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo, que modifica la Ley de Coordinación Fiscal, en el cual se define el mecanismo para la asignación de contratos y el pago de contraprestaciones a las empresas, así como el sistema de regalías para el gobierno federal, aunque estas últimas serán definidas por cada contrato que negocie la Secretaría de Hacienda.
Durante la discusión del documento, legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano insistieron que al no definirse un pago mínimo por parte de las empresas al Estado, no se garantiza la renta petrolero, y en cambio ésta se comparte a través de las diferentes modalidades de contratos, especialmente el de producción compartida, que permite el pago a los consorcios “en especie”, es decir con petróleo crudo.
La comisión de Hacienda avaló el dictamen con 22 votos a favor de PRI, PAN y sus aliados del PVEM y Panal y nueve en contra de PRD, PT y Movimiento Ciudadano; mientras que la de Energía lo hizo con 18 votos en favor y cinco en contra de las mismas bancadas
La diputada Aleyda Alavés (PRD) sostuvo que el Fondo Mexicano del Petróleo no tiene como prioridad el ahorro de largo plazo “sino garantizar el pago de los contratos, lo que lo convierte en una simple pagaduría”.
Por su parte, el diputado Adolfo Bonilla (PRI), afirmó que el fondo tiene como objeto aclarar la ruta de los ingresos petroleros y que la transparencia de su uso se garantiza a través de un comité técnico.
Sin embargo, el diputado Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, denunció que todas las acciones del comité técnico y de sus integrantes, así como de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda quedarán cubiertas con la redacción del artículo 63 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en el cual se define que los funcionarios contarán “con seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación en el ejercicio de sus atribuciones, o bien, seguros para asumir servicios de defensa y asistencia legal”.
Se trata, dijo, de una cláusula de impunidad.
