■ “Nadie en su sano juicio está conforme con tener una camisa de fuerza”: Héctor Camero
■ Prerrogativas “no han sido gratuitas y han costado mucho”; su origen, en movimiento del 68
Los derechos a la información, la libertad de expresión y comunicación, quedaron cancelados mediante el “golpe demoledor que le han dado los poderes Ejecutivo y Legislativo, al intento de democracia que aparecía en el horizonte a través de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones”, afirmó Héctor Camero Haro.
“Nadie que esté en su sano juicio está conforme con tener una camisa de fuerza”, agregó el representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), luego de exponer como una necesidad de la población, el comunicarse entre sí y dar voz a sus carencias y circunstancias de vida para coordinarse con otras personas que “sufren de los mismos rigores y problemas”.
“Esa posibilidad no existe a través de los medios comerciales. Ha surgido de la necesidad de luchar por estos espacios”, concretó.
Recordó que los logros en materia de libertad de expresión, derecho a la información y comunicación, “no han sido gratuitos y han costado mucho”.
Tienen sus antecedentes en el Movimiento estudiantil del 68 y su lucha por la democracia, las luchas de los trabajadores en los años 70 contra la hegemonía sindical, y entre otras, aquellas que protagonizó el pueblo del Distrito Federal al rebasar “por completo a unas autoridades ineptas”, cuando en un acto solidario protagonizó la ayuda a las víctimas del sismo de 1985.
Todo esto subraya, ha venido a cristalizar en la necesidad de decir: “Quiero tener mi propia voz y no acepto que me limiten”.
Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones son un intento de “colocarle una camisa de fuerza nuevamente a las comunidades, que nos plantea esto: Nadie en su sano juicio está conforme con tener una camisa de fuerza”.
De esta manera sintetizó los resultados que para la comunicación social derivan de esta reforma, inicialmente planteada por la Presidencia de la República como un medio de democratizar a los medios de comunicación, generar competencia entre las empresas prestadoras de servicios en esta materia y ofrecer apertura a la pluralidad y diversidad de voces en México.
La Amarc, agregó Camero Haro, ha analizado la desviación de esta propuesta original a los resultados que finalmente se tuvieron, mismos que según el análisis propuesto en el programa Synergia de La Jornada Zacatecas TV, tendrían detrás, la intención de la Plutocracia, el poder del dinero, de concretar “una gran ofensiva depredadora” contra los bienes comunitarios y nacionales.
Así fue planteado con sustento en el análisis de Manuel Castells, propuesto por Marco Torres Inguanzo, conductor de la serie, para dar una lectura al fenómeno que tuvo como escenarios la Cámara de Diputados y el Senado de la República, respecto a la que se socializó como la Ley Peña Nieto-Televisa.
El trato diferenciado para América Móvil y Televisa, donde se consideró actor preponderante del mercado al primero y no a la segunda, responde a que la televisión y no la telefonía donde se han anunciado “las grandes ventajas de la ley”, por ejemplo la gratuidad en llamadas de larga distancia, “es una fuente de poder político”, expuso.
“Las emisoras televisivas tienen que ver directamente con la construcción y el modelaje de las formas de pensar, la visualización, las narrativas de los acontecimientos y la formación de valores (…) darle libertad, espacio a la comunicación social sería darle espacio al contrapoder, al poder que equilibraría esta situación. Esto es, fue un diseño y una estrategia absolutamente medida y política porque están viendo lo que viene”, dijo.
El fundamento de la televisión mexicana comercial, recordó, es su estrategia de ocultamiento-entretenimiento y teatro político.
La Plutocracia explicó, tiene dos instrumentos: un sistema político donde la relación entre representantes y representados está rota, lo que abre un espacio para que los poderes fácticos maniobren.
Y el otro, el mantener en sus manos la fuente del poder político: los medios de comunicación. Donde se construyen significados e interpretación. Esto permite conducir a las instituciones políticas marginando a los representados de su poder de decisión.
En respuesta a esta lectura Héctor Camero agregó: “¿Después de todo, desde el punto de vista económico, qué es la plutocracia sino la riqueza acumulada en unos cuantos individuos?”.
“Frecuentemente se alude a la fuerza con la que sale Televisa de todo este proceso, pero ¿qué es Televisa sino el escaparate y bocina de los hombres más poderosos de México? Salvo (Carlos) Slim, los hombres más ricos de este país forman parte del Consejo directivo de Televisa”, expuso.
Y agregó, “por ello son capaces de poner al Presidente, precisamente porque tienen ese enorme control de la opinión pública, de la mentalidad ciudadana. Y entonces están en posibilidades de controlar este país a través de este poder que se retroalimenta”.
La reforma en telecomunicaciones estaría anunciando, dijo en esta misma lógica Torres Inguanzo, en concordancia a como funcionaron los medios de comunicación con la Reforma energética, que la intención es ocultar hechos y por otro lado, aislar la posibilidad de resistencia de la población.
“Ésa es una de las interpretaciones que podemos hacer desde la lectura estructural de Manuel Castells, de lo que está pasando en México”, dijo.
La depredación se espera para el medio ambiente, sus recursos forestales y otros que se encuentran en las comunidades indígenas y campesinas “y que ustedes van a vivir muy de cerca”, le dijo a Camero.
Por el contrario, a los medios sociales como las radios comunitarias e indígenas, justo se les “limitó todo”, dijo el presidente de Amarc en México.
Sus expectativas de adquirir, administrar y operar sus propios medios, fueron obstaculizadas al no aceptarse la posibilidad de su financiamiento mixto, como era una propuesta de su organización. Esto es, que pudieran obtener fondos públicos pero también comercializar espacios.
Ante esta iniciativa, comentó, “inmediatamente intervino la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión para decir que era una competencia desleal y que todo aprovechamiento comercial significaba lucro”.
“Nosotros les pasamos documentos que señalan que el lucro significa acumulación de ganancias, utilización privada de bienes públicos para enriquecerse”. Pero el argumento no tuvo eco.
De esta manera las radios comunitarias e indígenas quedaron sujetas al financiamiento público que compartirán también, expone, con las radios oficiales que antes pertenecían al Instituto Nacional Indigenista.
Deberán repartirse el uno por ciento del presupuesto que se destina en municipios, estados y Federación a “Comunicación Social”.
Este porcentaje, exhibió, es arbitrario. Pero además recordó, es una amenaza de censura permanente sobre los medios públicos y comunitarios, con “el consiguiente riesgo, dada la tradición autoritaria del Estado mexicano reflejada en aquel famoso dicho del ex presidente José López Portillo, de que ‘no pago para que me peguen”,
A esto hay que agregar que de la reserva de 30 por ciento de la banda de radiodifusión sonora de frecuencia modulada (FM) que pedían se destinara exclusivamente, para este tipo de emisoras, se redujo a sólo 10 por ciento. Y se les destinaron las frecuencias que tienen peor calidad de transmisión y están alejadas en el cuadrante de aquellas más escuchadas. Además de asignarles bajas potencias.
Todo ello, no obstante que las radios comerciales cuentan ya con 80 por ciento del cuadrante y tienen capacidad para emitir con altas potencias.
“Eso lo consideramos totalmente discriminatorio y arbitrario. ¿Con base a qué, dónde dejan los artículos 7 y 8 de la libertad de expresión?, ¿Dónde dejan los acuerdos internacionales firmados por el Gobierno mexicano?”, preguntó.
Tanto el Pacto de San José como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo, acordaron en torno al tema de la libertad de expresión, se evitaría “todo tipo de discriminación en forma indirecta como es la aplicación de medidas restrictivas en el otorgamiento de frecuencias”.
Torres Inguanzo trajo a colación sobre este tema que los tratados internacionales para México tienen rango constitucional, y por ello adelantó, a modo de pregunta, la posibilidad de que Amarc y otras organizaciones afectadas con la ley Telecom interpongan amparos o recursos de inconstitucionalidad.
Otro tema expuesto fue el problema de los contenidos. Mismos que estarán sujetos a lo que defina la Secretaría de Gobernación (Segob) y no el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), como originalmente se había propuesto.
El Ifetel tiene “cierta autonomía que podría traducirse en objetividad”, dijo el conductor de Synergia para este caso. El dejar a la Segob estas definiciones, significa que por este medio se evitará la crítica al Estado.
Se repite el esquema que durante años ha amordazado a los medios públicos, indígenas y comunitarios de que el gobierno se constituya en “juez y parte (…) hace a un lado al Ifetel en uno de los aspectos más dañinos para la libertad de expresión”, comentó por su parte Camero Haro.
Sobre mismo tema Marco Torres opuso la alta calidad de los contenidos de la televisión pública a la denominada Telebasura que se transmite por los canales de televisión privada.
Esto expresa dijo, una paradoja “donde el canal público no tiene emisión pública sino privada y el canal privado está adueñado de la emisión pública”.
La reforma en telecomunicaciones mantendrá los canales 11, 22, TvUNAM y otros estatales y universitarios, y sus contenidos, vedados a la mayoría de la gente, “no va a haber televisión pública en canal abierto”.´
“Así es. La democratización de los medios de la que hubo grandes expectativas a partir de la aprobación de la reforma constitucional de junio de 2013, quedó en estos resultados tan miserables que estamos viendo”, dijo en algún momento del análisis, Héctor Camero Haro, también director de Radio Tierra y Libertad, radiodifusora comunitaria que se encuentra en el estado de Nuevo León.
