Perspectiva Crítica
La reciente detención y el encarcelamiento de José Manuel Mireles, lejos de ser un hecho que se limite a la comisión del delito, obedece en cambio a motivos políticos y a intereses asociados al narco, particularmente a los Caballeros Templarios. De igual forma no representa un caso aislado, pues se suma al esquema vigente de criminalización de personajes que resultan una amenaza para las autoridades que se benefician y defienden la economía negra del narcotráfico, la cual va desde la piratería hasta el tráfico de personas. Al igual que Mireles, el padre Alejandro Solalinde es uno de dichos personajes.
Para dimensionar esto es necesario considerar que el poderío económico y de fuego de los cárteles mexicanos ha desatado una Guerra contra el narco basada en una política de “mano dura”, presuntamente en contra de los grandes capos de la droga, pero en los hechos ésta no ha sobrepasado el encarcelamiento de cabecillas de bajo o medio nivel y la incautación de algunas propiedades y dinero que poco les representa a los grandes capos. La estructura de los cárteles mexicanos (incluso el de Sinaloa con la detención de El Chapo) sigue sólida y se sostiene en la transnacionalización del crimen organizado, que sólo en Latinoamérica se ha extendido a 12 países de América del sur, siete de América central, 13 del Caribe y México, de acuerdo a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). De manera paralela anualmente ingresan a México entre 25 mil y 40 mil millones de dólares producto de la venta de droga en EU, lo que compite o superaría el ingreso por petróleo (30 mil 882 millones de dólares) según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o las remesas (25 mil 137 millones de dólares), según el Banco de México (Banxico). Con base en el Estudio binacional de bienes ilícitos de 2010, se considera que 90 por ciento de los recursos del narco ingresan en efectivo desde EU, y casi 50 por ciento de eso llega al sistema financiero mexicano para ser blanqueado.
Esta esfera permanece prácticamente indemne (con excepciones como las ínfimas multas a bancos como Bank of America o el británico HSBC) pues representa un ingreso descomunal que beneficia a banqueros y políticos de primer nivel; alimenta campañas políticas orientadas a perpetuar el poder; vigoriza el despojo de bienes comunes al amparo del modelo neoliberal, y es una buena fuente para la compra de armas que son utilizadas tanto para la hiperviolencia que se ejerce contra la población, como para contrarrestar a grupos guerrilleros.
En este contexto se concretó la detención de Mireles y también se ha realizado el acoso sistemático en contra del padre Alejandro Solalinde, quienes han montado una denuncia permanente y que ha llamado mucho la atención sobre las actividades ilícitas de los cárteles para acrecentar ganancias. En el caso de Mireles, el avance de las autodefensas a las que pertenece representa una amenaza para el negocio de la producción de mariguana y amapola en diversos puntos del estado para abastecer el mercado norteamericano que demanda estas sustancias; para la tala ilegal; para las bandas que se encargan de la extorsión que se ejerce en contra de la población, y de manera especial para el control del Puerto de Lázaro Cárdenas, en el que se realizan actividades ilícitas como la exportación de hierro por parte de los Templarios a China. Según ha admitido el propio ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, las ganancias anuales para los Templarios por el control de Lázaro Cárdenas rondarían los 2 mil millones de dólares.
La detención de Mireles está llena de paradojas e ironías, como el que se le haya capturado a pesar de que más de 70 por ciento de los mexicanos ve con buenos ojos a las autodefensas, de acuerdo con Parametría; el trato de delincuente que se le ha dado y su envío al penal de Sonora, donde se han registrado casos de tortura, y en especial que se le haya apresado antes de capturar a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta.
En su propio contexto lo mismo ocurre con Alejandro Solalinde, quien ha denunciado las actividades ilícitas de los cárteles, particularmente los que aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes que arriban a México para extorsionarlos, sumarlos de manera forzosa a sus filas, secuestrarlos o asesinarlos en caso de oponer resistencia. Solalinde ha enfrentado desde hace más de cuatro años embates de todo tipo para desacreditarlo como defensor de los derechos humanos de los migrantes, y entre estos se cuentan varias amenazas de muerte, la acusación por parte de autoridades de migración de haber abandonado a un migrante, e incluso proteger a supuestos delincuentes.
No es de extrañar que ante la detención de Mireles, Solalinde declarara que muy probablemente ahora se actúe en su contra, en tanto las detenciones estarían siendo perpetradas por un gobierno que criminaliza y reprime a la sociedad que se organiza y exige se actúe contra el crimen organizado. La posición de Mireles a este respecto se mantiene en la misma tónica, en tanto ha denunciado que es un preso político del gobierno peñanietista.
En este escenario la posibilidad de contrarrestar a los cárteles es poco alentadora, pues a pesar de que los reclamos de estos luchadores sociales son legítimos, resultan esfuerzos que poco atentan contra el entramado de intereses descritos en este texto, además de que tanto la detención de Mireles como la campaña de desprestigio contra Solalinde representan una amenaza tácita del Gobierno Federal contra la población que busca manifestar su inconformidad, ya sea por la vía pacífica o por la armada. ■
