■ Obtienen por año un millón 134 mil pesos; esposas de los ya finados, 567 mil pesos
■ La ley los ampara; es justa la pensión, cumplieron con toda responsabilidad: Castañeda
Por haber trabajado un mínimo de tres años, algunos cuatro, seis y un máximo de 12 años, ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Zacatecas reciben de por vida una pensión anual de un millón 134 mil pesos, mientras que sus viudas, 567 mil pesos.
Dicho de otra manera, los magistrados en retiro aún vivos tienen una pensión mensual de 94 mil pesos y las esposas de los ya finados, 47 mil pesos cada cuatro semanas.
Según información del secretario de actas y acuerdos del Tribunal, Marco Aurelio Rentería Salcedo, actualmente 11 magistrados en retiro gozan del beneficio, además de dos viudas de ex magistrados a quienes se les da 50 por ciento de la cantidad. En total, el Poder Judicial eroga anualmente 13 millones 608 mil 290.49 pesos por ese concepto.
Presupuesto del Poder Judicial
Lo anterior, de un presupuesto total del Poder Judicial de 546 millones de pesos; es decir, 2.4 por ciento de él, está invertido en 13 personas. El pago es del recurso estatal y no de una institución de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que generalmente se encargan de las pensiones de los trabajadores.
Los pocos años de antigüedad laboral de los 13 ya retirados obedecen a una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial hecha en el año 2000, a propuesta del entonces gobernador Ricardo Monreal Ávila y avalada por la 56 Legislatura. Los ex magistrados también fueron propuestos por el ex mandatario y electos por los mismos diputados. Actualmente todos deben durar en el cargo 14 años.
El decreto número 157 del año 2000, establece en su artículo tercero transitorio que, para garantizar la renovación escalonada de los miembros del órgano superior del Poder Judicial del estado, por única vez, los magistrados designados en 1998 debieron pasar a situación de retiro antes de los 14 años, debiéndoseles asignar las pensiones correspondientes. Esto con la finalidad de no empatar en su conjunto con el sexenio de un solo mandatario.
13 familias, las beneficiadas
Con datos del suplemento del Periódico Oficial de Gobierno del Estado donde se publicó el decreto en mención, para cumplir con los plazos escalonados, José de Jesús Gutiérrez Vázquez nombrado magistrado en septiembre de 1998, es uno de los beneficiados del decreto el cual le permitió terminar su gestión el 31 de enero de 2001, estando en el cargo menos de tres años, sin que eso significara perder su derecho de un haber de retiro vitalicio, del ciento por ciento de su salario los primeros años después de concluir su magistratura y 80 por ciento el resto de su vida.
Según el portal de transparencia del Poder Judicial, los magistrados presidentes de sala perciben una remuneración de 88 mil 691.17 pesos mensuales y el presidente del Tribunal, 110 mil 275.71 pesos.
Un segundo beneficiado es Leopoldo Enrique Santos Pérez, al haber sido magistrado sólo cuatro años (septiembre 1998-enero 2002), en situación similar está José María Soto Solís (1998-2002), aunque él ya murió y ahora su viuda es quien recibe 50 por ciento de la pensión.
Con seis años de antigüedad, Felipe Borrego Estrada logró su retiro (1998-2004), después se convirtió en funcionario federal al ser secretario técnico para la implementación de las reformas constitucionales sobre seguridad y justicia; Roberto Durán Donlucas es otro de los beneficiados también con seis años.
El ex magistrado Antonio Pinedo del Real fue parte del Tribunal Superior de Justicia ocho años, él se retiró en 2006. En la misma situación estuvo el ya finado Armando Ambriz Medina; hoy su viuda recibe la percepción correspondiente.
Manuel Ortega Martínez es un magistrado que logró su retiro después de 10 años (1998-2008); en la misma situación está Yrene Ramos Dávila. José Guadalupe García Balandrán junto con María del Carmen Arellano Cardona, José Antonio Rincón González y Abelardo Esparza Frausto se retiraron a los 12 años de ser magistrados.
Actualmente están en funciones 12 de 13 magistrados, puesto que hace más de un año Francisco Murillo Belmontes después de cinco años, se retiró por motivos de salud, situación que a decir del secretario general de acuerdos del Tribunal Superior, sí afecta porque él estaba en la primera sala penal y el trabajo se divide ahora. Corresponde al titular del Ejecutivo, Miguel Alonso Reyes, hacer la propuesta al Congreso.
La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo cuarto especifica que son magistrados en situación de retiro: quienes concluyan el periodo para el cual fueron electos, los que renuncien siempre y cuando hayan laborado más de la mitad de su periodo y quienes durante su desempeño sufran de incapacidad, física, mental o que haga imposible el ejercicio del cargo.
Rentería Salcedo detalló que hay tres magistrados que se retirarán en 2016 (Juan Víctor Manuel González, Bernardo del Real y José Gilberto Larralde) todos con el derecho a su pensión vitalicia.
Se justifican pensiones: Castañeda
En el entendido de que tan sólo en la pensión de 13 ex magistrados se erogan 13 millones 608 pesos al año de dinero público, y la gran parte de la sociedad lo rechaza al considerarlos montos estratosféricos e incluso una ofensa para los zacatecanos, cuya mitad de la población vive en condiciones de pobreza, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Antonio Castañeda Ruiz justificó el monto de la pensión.
En entrevista dijo que los 13 retirados cumplieron los plazos para los que fueron electos y la ley los ampara; incluso aludió a la disposición que establece que a la mitad de los 14 años (7 años) se pueden retirar con su pensión proporcional al tiempo trabajado.
“Es justa la pensión, porque cumplieron con toda responsabilidad y se entregaron en forma total para el servicio de la justicia en Zacatecas, tan sólo por ello tienen el derecho”, enfatizó.
-Ante la polémica suscitada hace algunas semanas con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes renunciaron a su haber de retiro por las críticas de la sociedad ¿estarían dispuestos a actuar en esa línea y analizar la posibilidad en Zacatecas?
De ninguna manera se ha vislumbrado una situación de esa naturaleza, porque son jubilaciones conforme la ley, dijo Castañeda al no pronunciarse más sobre el tema.
La Legislatura no se meterá
Erica Velázquez Vacio, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 61 Legislatura, orden de gobierno con la facultad de modificar las pensiones de los magistrados, en entrevista prefirió abstenerse de opinar y sólo justificó que el haber de retiro “está consagrado en la Constitución local y federal”.
Incluso consideró que en este momento “no hay condiciones” para pensar en una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y reducir el porcentaje de las pensiones de los magistrados. En lo particular los actuales diputados no han contemplado presentar una propuesta de reforma; eso dependerá de que “alguien” la presente, un ciudadano quizás, porque no está en la agenda del Congreso.
Acerca de lo injusto del monto que algunos consideran, la diputada priísta justificó que “es un tema más amplio” y se negó a opinar.
Jubilaciones de corte privilegiado son una ofensa
Crítico a las jubilaciones de “corte privilegiado”, el ex procurador de Justicia del estado, Aquiles González, opinó que de entrada no hay argumento para que a los ex magistrados les pague el estado su pensión y las instituciones de seguridad social también les den lo propio, cuando al resto de los trabajadores se sujetan únicamente a la jubilación del IMSS o ISSSTE y no tendría por qué haber particularidades. Sin embargo, los magistrados son 13 ciudadanos privilegiados que se pensionan por ambas instancias.
Además, dijo, está la “injusticia” de los pocos años de servicio con los que ex magistrados se retiraron, máxime que en el Poder Judicial hay jueces hasta con 30 años de servicio, entregan su vida, pero sólo tienen el derecho a pensionarse en el IMSS. Además, el grueso de los mexicanos debe trabajar 30 años por lo menos para poderse retirar con una jubilación.
Mientras que aseguró, algunos ex magistrados nunca trabajaron en el Poder Judicial como jueces. De los 13 retirados, sólo lo hicieron siete, el resto llegó por el mérito de haber sido la propuesta del gobernador en turno y decisión de los diputados; mejor dicho, escalaron gracias a sus relaciones políticas.
En 2010 la 59 Legislatura aprobó una reforma para reducir el haber de retiro de los magistrados locales, a 60 por ciento los primeros dos años y 20 por ciento el resto de su vida, sin embargo los interesados presentaron una controversia constitucional y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) derogaron las modificaciones legislativas y protegieron la pensión de sus pares locales.
Al respecto, González opinó que el “saqueo al erario” siempre estará protegido por la Corte, desde donde se protegerá a los órganos judiciales de los estados, puesto que los ministros están en la misma situación y nunca se ganará un planteamiento legislativo que abrogue sus derechos ganados.
Una salida a los montos “jugosos y exorbitantes” de pensiones, consideró, sería el establecimiento de una carrera judicial para que los jueces escalen a magistrados de acuerdo con sus méritos y no se nombre a gente de fuera por tener buena relación política con el gobernador en turno, quien les da privilegios para poderlos controlar.
Aunque, refirió, los cambios sólo se lograrían mediante una Reforma de Estado, donde se cree en el Poder Judicial la carrera de jueces, quitarle la Procuraduría al Ejecutivo, tener una ley auténtica de participación ciudadana con plebiscito, iniciativa popular, revocación de mandato. Pero eso sucederá cuando haya un gobernante verdaderamente demócrata.
En tanto, los magistrados no ven motivo para una reforma; no quieren perder sus beneficios, aunque también refirió, se debe tener claro que las leyes cambiarían para los futuros, no para los ya jubilados por la irretroactividad de la ley, “esos privilegios ya no se los vamos a quitar nunca”.
Como una voz de la academia, el docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la UAZ, Francisco Muro, consideró que ese tipo de funcionarios deben ser protegidos con una pensión para que puedan vivir “sin penuria”, aunque el problema es la cantidad. Puesto que al común de los trabajadores no le darán de pensión lo que reciben de salario, sino las tasas que maneja el ISSSTE o IMSS.
Ante el contexto que vive el país, opinó que por imagen del Poder Judicial, convendría bajar el monto, pero también reconoció que el trabajo de los magistrados es fundamental y riesgoso. “Los magistrados han sido altamente criticados, por lo cual sería importante que tengan en cuenta el decoro juarista”.
