Del análisis e información compartida en el tercer Encuentro de Organizaciones que Acompañan a Víctimas de Desaparición, realizado en Monterrey N.L., de 14 estados del país, (ver artículo anterior) surgió un comunicado para una rueda de prensa, que daba cuenta de amenazas, intimidaciones, tortura, y crímenes , vinculados con un tema de creciente gravedad, abordado con profundidad en las sesiones de trabajo: el de la seguridad de las y los defensores de derechos humanos en México.
Partiendo del reciente asesinato de Sandra Luz Hernández, en el estado de Sinaloa, el 12 de mayo de este año, defensora de derechos humanos y madre de un joven desparecido. Siguiendo después, con el caso de Martha Solórzano, defensora de derechos humanos de San Luís Río Colorado, en Sonora, quien por el hostigamiento y amenazas por parte de agentes de las fuerzas de seguridad, respuestas represivas ante las valientes denuncias en su lucha contra la corrupción, el riesgo que corre es considerado muy alto, a pesar de tener el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.
El comunicado de las 11 organizaciones, llama la atención de la prensa y de la opinión pública, en otros tres casos, que en las sesiones de trabajo, los integrantes de las organizaciones que han sido objeto de hostigamiento y agresiones, expusieron personalmente de una manera clara y detallada, como parte de una reflexión colectiva sobre el tema, en torno a las experiencias vividas, en esta nefasta y creciente ola de violencia, contra los defensores de derechos humanos, (junto con los periodistas). El breve resumen con que se menciona cada caso, no describe adecuadamente la situación, pero es urgente darlos a conocer, porque solamente la solidaridad colectiva, traducida en presión, en denuncia, en exigencias al gobierno mexicano, para que se haga efectivamente justicia, lograría hacer la diferencia.
Uno de los caso, señalados en él comunicado, es el del Colectivo por la Paz de Jalapa, cuyos representantes, en marzo de 2014, recibieron amenazas de funcionarios del gobierno de Veracruz, por exigir a las autoridades investigar el paradero de personas desparecidas, cuyas denuncias permanecen estancadas en diversas agencias del Ministerio Público, además han recibido actos intimidatorios por parte de la Secretaría de Marina, Seguridad Pública y Agencia Veracruzana de Investigaciones.
Otro caso, es el del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), cuyas oficinas fueron cercadas por 150 elementos de la Secretaría de Marina, supuestamente en búsqueda de un delincuente que se ocultaba en viviendas aledañas. Con vehículos civiles, sin identificación, bloquearon diversas calles. Un capitán de la Marina informó al personal de la CDHNL que solicitaban autorización para ingresar a las oficinas a revisar las instalaciones y la documentación de las quejas (violaciones a los derechos humanos), para así “verificar que todo estuviera en orden”, a lo que los integrantes del comité, se negaron, pidiéndole una orden judicial, que no fue presentada. La revista Proceso, ayudó a romper el cerco, cuando sacó la noticia vía Internet, muy rápidamente, gracias a la nota enviada por el mismo CDHNL, no obstante la presencia de los marinos, continuó durante varias horas. Por estos hechos, organizaciones como CEJIL, Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, enviaron escritos a la Comisión interamericana de Derechos Humanos, a la Presidencia de la República, y a la Secretaría de Gobernación, condenando los hechos y solicitando medidas de protección para el personal del CDHNL.
El tercer caso, es el de Miguel Ángel García Leyva, asesor legal y coordinador de enlace de la Asociación Esperanza contra la desaparición forzada y la impunidad, AC., quien denuncia amenazas, agresiones, tortura, criminalización (violaciones de derechos humanos), por parte de policías municipales, estatales y federales, en su contra, a raíz de diversos casos donde interviene como defensor de derechos humanos.
El año pasado la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, reportó 89 agresiones. En lo que va del actual sexenio, han sido víctimas de desaparición 29 defensores y defensoras de derechos humanos. Frente a 59 que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón.
En definitiva, las injusticias cometidas contra las víctimas, revelan una crueldad “sistémica”, ( una de sus fuentes -sin duda- se encuentra en la violencia estructural de las brutales desigualdades sociales), junto con la impunidad con que los victimarios operan, evidencian profundas fallas y fracturas del Estado de Derecho. La “sociedad que somos” se encontraría viviendo un peligroso giro histórico hacia formas de “totalitarismo al revés”. Aunque para advertirlo haya que tomar cierta distancia, lo percibimos -ya- en una disonancia, aquella dada entre la retórica oficial sobre los derechos humanos, y el endurecimiento represivo que se traduce en un grave incremento de las violaciones a los derechos humanos.
Sólo tiene sentido luchar; la intervención ciudadana, crítica, activa – creativa y propositiva- es crucial. ■
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