- Futuro Sostenible
El pasado 25 de mayo me llamó la atención, la publicación realizada en un diario de circulación estatal, realizada por Francisco Carlos Infante titulada: “el buen juez por su Juzgado debe empezar”, en dicha columna se hace alusión a la violación de derechos cometida en contra de la licenciada Gabriela Guadalupe Carlos Infante, empleada del Poder Judicial del Estado y presuntamente atribuida a su superior jerárquico la Juez del Juzgado Segundo Familiar quién la acusa del robo de un celular de una meritoria que apoya en dicho juzgado.
De acuerdo con la narración de hechos descrita por Carlos Infante, la Juez retiene, después de la jornada laboral, por dos horas y, en su privado a Gabriela Guadalupe Carlos (hermana del columnista) quien fue revisada, según la narración, en todas las partes de su cuerpo por la secretaria auxiliar notificadora Luz Castillo Castillo por órdenes de la juez, además de ser obligada a sacar de su bolsa sus pertenencias para tomar el celular de la afectada sin su consentimiento para con éste, marcar al supuesto celular robado, la agresión no para ahí, también le exigen las llaves de su vehículo para revisar dentro del mismo y verificar si el objeto robado se encuentra en él.
Ante estos hechos lamentables reflexiono en lo siguiente: A) ¿Cómo es posible que en el Poder Judicial sucedan este tipo de atrocidades contra la integridad de una abogada empleada del mismo órgano?, B) ¿Qué debemos esperar los ciudadanos comunes cuando recurimos a solicitar un servicio de la administración de justicia, teniendo frente a nosotros este tipo de servidores públicos? C) ¿Quién con una mediana inteligencia puede pensar que una abogada robaría un celular a una meritoria, exponiendo su trabajo y prestigio profesional? D) ¿Basta y sobra que una persona acuse un supuesto robo para que nos obligen a desnudarnos y escrudiñar entre nuestras pertenencias al más puro estilo de las tiendas de autoservicio? Vamos a responder: a todas luces y secreto a voces, en los tres poderes estatales se cometen ultrajes contra la integridad laboral y moral de las personas, yo mismo he padecido tales males, no me he dejado y me han despedido pero he salido con la frente en alto; algunos otros empleados (los más) se aborregan, se someten y se callan convirtiéndose en cómplices de tales abusos, si acaso, se hacen a un lado para que cuando la cuchilla del despido llegue, no los salpique con la sangre y otros fluídos. Imágine usted el sinnúmero de atropellos y violaciones a las normas, tratados y leyes que se comente en tales recintos estatales.
En el supuesto caso de que las imputaciones formuladas por Guadalupe Carlos Infante sean verdad −lo digo así para no cometer las mismas aberraciones que estamos puntualizando− se violaron sus derechos humanos fundamentales y si esto se comprueba, en el mejor de los casos, una recomendación sublime acabará por dar solución a tal afrenta, o bién, si se denuncia el hecho, el Ministerio Público remitirá la carpeta de investigación al Juzgado Penal en turno, instancia que forma parte del mismo Poder Judicial en donde hay también muchas situaciones adversas y, el posible círculo de complicidad, se antoja infinito. Desde el punto de vista laboral, la pérdida de la confianza basta y sobra para que se pueda despedir a una persona, y ya ante las instancias laborales, se buscará una conciliación y la entrega de las dádivas monetarias traducidas en la liquidación.
Dibujada así, la ilegalidad y la corrupción que prevalecen en algunas instancias, que no en todas, generan mucho miedo, desconfianza y complicidad, por lo que a mucha gente le es más conveniente el silencio y la simulación para aparentar que todo está bién, que todo sigue su marcha por los causes debidos, porque aquí lo más canijo y lo más peligroso para el sistema, es la gente que opina, que se defiende, que trasciende, que demanda o acusa, esos sí son los enemigos a vencer, en vano conmemoran la Toma de Zacatecas y hacen alarde de reconocimiento al valor, al heroismo cuando lo que idolatran es realmente lo contrario, la opacidad, el ostracismo, la traición y la violación del estado de derecho. Cualquiera que sea el resultado de las sendas quejas interpuestas ante las instancias que protejen los derechos humanos, a Gabriela Guadalupe Carlos Infante ya le hicieron juicio sumario al más puro estilo inquisitivo, pasando por alto la presunción de inocencia, el procedimiento penal, la división de poderes y en general, todo el esquema que procura y administra justicia en este país, en donde precisamente, prevalece la idea de que todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, así es en los hechos nuestro sistema jurídico. ■
*Coordinador de la Comisión Nacional
de Legislación Ambiental de la Semarnat
