■ Se plantea un referéndum en los primeros 3 años de gestión del mandatario estatal en turno
■ 3% de los inscritos en la lista nominal podría solicitar la rescisión de uno o varios legisladores
En la sesión del Congreso del estado celebrada este jueves se presentó una iniciativa de Ley de Revocación de Mandato, a fin de someter al escrutinio de la población mediante un referéndum y en los primeros tres años de su administración, la permanencia o no del gobernador en turno.
Además se propuso que los zacatecanos tengan la posibilidad de remover de su encargo a los funcionarios públicos electos mediante el voto popular. Esto cuando 5 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal local, al primer año del sexenio, solicite la revocación de mandato del gobernador.
Asimismo, que 3 por ciento de los ciudadanos solicite la revocación de mandato de uno o varios diputados locales durante su primer año de gestión y el mismo porcentaje lo solicite en los ayuntamientos.
La iniciativa de la diputada de Movimiento Ciudadano, Soledad Luévano Cantú, argumenta que someter al gobernador a un referéndum obligatorio a la mitad de su mandato es saludable para la democracia, porque permitirá concluir con malas administraciones o en su caso respaldar la gestión del mandatario, proporcionándole mayor legitimidad.
Consideró que la revocación de mandato es un método democrático de participación directa que fomenta la rendición de cuentas, de modo que cuando la cifra total del plebiscito sea superior a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, y para las autoridades competentes.
La Legislatura sería la encargada de convocar a plebiscito también a petición del gobernador, lo equivalente a 33 por ciento de los diputados o los propios integrantes de ayuntamientos. Esto respecto de sus propios actos o decisiones.
Mayores castigos a conductores
Por otro lado, por mayoría, los diputados locales aprobaron que conductores de vehículos quienes manejen en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, vayan a prisión administrativa de 20 a 36 horas, además serán sancionados quienes lleven en automóviles música a todo volumen, traigan más pasajeros de los permitidos conforme el modelo, usen faros que encandilen y ponga a niños en la cabinas de las camionetas.
La propuesta de la legisladora Claudia Anaya Mota establece de manera contundente que a partir de ahora ninguna persona podrá conducir un vehículo con más de 0.8 grados de alcohol en la sangre, aunque los choferes de transporte de pasajeros o carga, se les prohibiría el uso mínimo de cualquier sustancia tóxica o alcohol. De modo que estarían sujetos a ser sometidos a pruebas cuando lo solicite la autoridad.
Se detalló que la medida de prisión administrativa ya se aplica en otras ciudades del país, además el arresto sería independiente de la multa que actualmente se impone, la cual a partir de este año es de 5 mil pesos.
La reforma también establece que se quitarán concesiones de autobús por no dar servicio a personas con discapacidad, ante la indolencia de algunos camioneros, quienes no se detienen a subirlas debido a la premura del tiempo.
También está prohibido usar teléfonos celulares o dispositivos de radiocomunicación que distraigan la atención del conductor, así como las instalaciones de televisiones o pantallas para reproducir imágenes en la parte interior delantera del vehículo. Los conductores no podrán realizar algún tipo de comunicación a través de dispositivos móviles, sean mediante audio, video o mensajes de texto.
Los conductores de motocicleta, bicicleta o similares están obligados a partir de ahora a portar casco protector. Además la reforma contempla el uso de caballos, burros o vacas como medio de transporte o de carga, sin embargo, los propietarios tendrán la obligación de tratarlos con respeto y dignidad, y se prohibirá mover al animal si está enfermo o imposibilitado o tengan cargas excesivas que lesionen su integridad física y pongan en riesgo a terceros durante el tránsito.
Cárcel a médicos que violenten a mujeres embazadas
Durante la sesión, la legisladora María Guadalupe Medina Padilla presentó una iniciativa de reformas al Código Penal, para dar de tres a seis años de prisión y hasta 300 días de salario mínimo a los médicos que ejerzan violencia obstétrica en contra de féminas a punto de dar a luz.
Esto porque cada vez hay más quejas, acerca de que durante la atención institucional del parto ya sea público o privado, se violan los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, con hechos que van desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas y humillaciones, hasta manipulación de la información, negación al tratamiento, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, no consultarlas o informarlas sobre las decisiones que toman en el curso del trabajo de parto.
Esa así que de aprobarse la reforma, se entenderá como delito el que un médico no atienda de manera oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio o en emergencias obstétrica. Altere el proceso natural del parto de bajo o alto riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario.
Y no obstante de existir condiciones para el parto natural, practique la cesárea, sin el permiso de la mujer, así como acosar o presionar con el fin de inhibir la libre decisión de la maternidad y colocar el dispositivo intrauterino o algún otro, sin obtener el aval de la mujer.
