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viernes, 29 marzo, 2024
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Los hombres (y algunas mujeres) que vendieron Titán

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Por: ALBERTO VÉLEZ RODRÍGUEZ • ROLANDO ALVARADO • Araceli Rodarte •

Según el Contrato Colectivo de Trabajo UAZ-SPAUAZ (CCT), todos los trabajadores académicos que hayan ingresado hasta antes del 12 de agosto de 1991 gozarán de una serie de prestaciones que deberá cubrir el presupuesto universitario. De entre todas éstas la más onerosa es la “jubilación dinámica” porque implica para la UAZ pagar todas las prestaciones contractuales al jubilado como si estuviese en activo –excepto la prima de vacaciones-. La obligación de pagar ésta prestación al momento del retiro de los trabajadores es lo que se denomina “pasivo laboral”.

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Con la incorporación en 1991 al ISSSTE de los trabajadores de la UAZ el pasivo laboral disminuyó considerablemente, pero no se redujo a cero, por lo que la obligación se mantiene y deberá pagarse a un grupo de universitarios con los recursos de la propia UAZ. Si hubiera un crecimiento exponencial del presupuesto universitario no habría ningún problema, pero en las condiciones actuales de la Universidad, en las que no alcanza ni a pagar las cuotas de la Seguridad Social, los pasivos laborales son un problema complicado. Uno de los medios utilizados para resolver éste problema fue la “venta de prestaciones” que consistió, grosso modo, en el otorgamiento de un monto variable de dinero a un grupo reducido de miembros del personal académico para que no ejercieran su derecho a la jubilación dinámica.

En principio la propuesta luce atractiva, porque disminuye efectivamente el pasivo laboral, sin embargo estuvo mal realizada porque al otorgarse el dinero antes de la jubilación se volvió un incentivo para no jubilarse. Pero además, el manejo del programa produjo suspicacia en muchos universitarios. Y con razón. Si recordamos que de acuerdo al artículo 39 del CCT, y al 33 de la Ley Federal del Trabajo, los derechos favorables al personal académico son irrenunciables, llegaremos sin mucha dificultad a la conclusión de que esa venta de prestaciones es nula, y que tanto el Spauaz, como la Junta Local de Conciliación y Arbitraje –de acuerdo al mismo artículo 33 de la Ley Federal- no deberían aceptarlo. Sin embargo es un hecho que la transacción tuvo lugar, y también lo es que muchos universitarios abrigan sospechas respecto a la legalidad y moralidad de ese intercambio. Incluso el secretario general del Spauaz recién electo ha declarado que solicitará –no dijo cuando- al Rector copia de los convenios.

Me parece que todo el ruido alrededor del asunto de la venta de prestaciones gira sobre el eje de una confusión, que nos lleva a plantearnos un falso problema. Es momento de disipar la confusión. De acuerdo a los ordenamientos jurídicos ya citados no hay la posibilidad de que alguien venda sus prestaciones, y si lo intenta, el contrato de compra-venta no tendría validez legal, sería papel mojado. Lo inquietante es que dos rectores asumieron que podían comprar prestaciones, y varios universitarios sostuvieron que podían venderlas. Desde el punto de vista del Spauaz, i.e., desde el punto de vista de la relación bilateral consignada en el CCT, tal venta de prestaciones es imposible, porque los derechos son irrenunciables. Para aclarar la confusión el Spauaz debería declarar precisamente eso: los derechos son irrenunciables y no se reconoce ninguna venta de prestaciones, por lo que el derecho a la jubilación dinámica se mantiene intacto, aún para quienes aseguran haberlo vendido. ¿Deberían estas personas que intentaron vender su jubilación, y por tanto dañarse a sí mismas, recibir alguna reprimenda por parte del Spauaz? Eso es asunto de discusión en las instancias sindicales. Ojalá tenga lugar.

Queda un problema para la UAZ, porque si el Spauaz disipa las dudas y declara que sea lo que sea lo que establezcan los convenios, no los reconoce, entonces dos rectores estarían en la situación de haber sido estafados, porque les vendieron algo que no se les va a entregar. Podemos interrogarnos ¿tanta fue la buena fe de los rectores?, supongamos, sin conceder, que sí, pero, ante la prueba fehaciente de la estafa, la administración de la UAZ debería actuar y exigir que se le devuelva su dinero con los intereses del caso. Sin embargo no lo hará, al menos no en un futuro cercano, porque aceptar la estafa es reconocer que la solución propuesta por administraciones pasadas al problema de los pasivos laborales ha sido un fracaso, y por tanto que  el problema permanece insoluble, lo que implica una permanente violación del CCT. Por ello el Spauaz debería, además de enfatizar que los derechos son irrenunciables, exigir una solución real al problema de los pasivos laborales.

Quizás hubiera sido más creíble –sin duda hubiera sido mas divertido- que la administración de la UAZ hubiera intentado convencer a los universitarios de comprar Titán, la luna de Saturno anegada de metano, para construir en sus playas repletas de hidrocarburos policíclicos un complejo deportivo. ■

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