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jueves, 28 marzo, 2024
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Pobres, expectativas sobre resultados en caso de supuesto soborno a legisladores: González

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Por: ALMA ALEJANDRA TAPIA • Araceli Rodarte •

■ Parece que hay acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Judicial para blindar el tema, dice ex procurador

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■ Duda el jurista que la PGJEZ indague el asunto a fondo, pues “nadie investiga a su jefe”, advierte

El ex procurador de justicia, Aquiles González Navarro, consideró que son menores las expectativas que tienen sobre los resultados de la reapertura del caso de presunta corrupción en la pasada Legislatura; todo indica que hay un acuerdo entre los Poderes Judicial y Ejecutivo para que la denuncia que en su momento interpusieron el PRD y el movimiento #YoSoy132 y que se dio por concluida, no se llevara a un amparo a los tribunales federales, donde pudo haber habido más implicaciones para los denunciados.

La semana pasada el Poder Judicial mandó a la Procuraduría General de Justicia reabrir la denuncia hecha el año pasado en contra de ex diputados y secretarios de gobierno porque el Ejecutivo habría pagado 100 mil pesos a legisladores para que aprobaran el presupuesto 2013, según se difundió en un audio.

Al respecto, Aquiles González consideró que en la primera investigación la PGJE se caracterizó por una inactividad tremenda y no quiso revisar en lo más mínimo las posibilidades de integrar una averiguación. Ahora que intervino el Poder Judicial, no ha sido para el efecto de hacer justicia, sino para perfeccionar la averiguación misma y aporte más elementos que permitan decirle que no procede a los ciudadanos que presentaron la denuncia penal.

Debido a que si no se afina la investigación, está la posibilidad de que los denunciantes acudan a un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito y éste, ordene con más fuerza lo que acaba de hacer el del fuero común, hecho que complicaría la investigación al Gobierno estatal.

Yo no creo que el Poder Judicial, que está tan maniatado al Ejecutivo, de verdad  quiera encontrar culpables en el asunto tan lastimoso de corrupción. González dijo percibirlo así, porque el juez pidió hacer la investigación en el sentido de revisar las cuentas de los indiciados, la detección en torno a quien corresponde las voces escuchadas en el audio y las declaraciones de los secretarios de Gobierno y Finanzas, pero no se atiende el fondo principal de investigación.

Es decir, determinar de dónde salió el dinero y no a dónde fue a dar, porque hay muchas vías para hacerlo llegar a los integrantes del Legislativo, como son los cheques, en efectivo y otros, cuando lo importante sería que la averiguación se centre en revisar las cuentas del Ejecutivo, donde se podría encontrar la fuga de dinero, con algunos millones que no podrían justificarse y correspondieran en tiempo con las fechas investigadas. Ahí está la clave de todo, que no le anden buscando más.

Comentó por tanto que la pregunta es ¿se atreverá el procurador a encauzar la averiguación e investigar las finanzas del Ejecutivo? Situación que dudó porque nadie investiga a su jefe y por ende la investigación quedará trunca.

En la estructura jurídica actual el procurador depende del gobernador en turno y mientras no se cambie el esquema y se le dé autonomía técnica, financiera y jerárquica, todo seguirá dependiendo de lo que el jefe del Ejecutivo determine, insistió el también jurista.

Ante el escenario, el ex diputado local consideró que todo pareciera un acuerdo entre los dos poderes del Estado para blindar el caso, cerrar las puertas a un amparo federal que podría llegar a mayores implicaciones, porque de que se llevaron el dinero se lo llevaron.

O bien, opinó, se podría tratar de una simulación de justicia, para tratar de detener un poco los ataques que ha tenido el Poder Judicial por sus altas percepciones salariales y casos como ex magistrados jubilados con tres años de antigüedad y sólo por eso recibe una pensión de más de 90 mil pesos.  “Quizás quieran aminorar un poco ese golpeteo”.

P3 carlos lozano, foto

Terminaría “juego mediático de los perversos” la reapertura de presunta corrupción en diputados

Para terminar con el “juego mediático de los perversos”, Juan Carlos Lozano Martínez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que está bien se haya reabierto el caso de la presunta corrupción en la 60 Legislatura, en el cual se acusa a los ex diputados de haber recibido 100 mil pesos por parte del Gobierno del Estado para aprobar el presupuesto de egresos 2013.

El priísta comentó en conferencia de prensa que él mete las manos al fuego por sus “amigos” Felipe Ramírez, Ana María Romo, José Olvera y otros ex legisladores de su partido que algunos ahora están en puestos públicos, pues dijo, “injustamente” se les ha involucrado en el presunto delito.

De modo que al ser gente “honorable” del partido, merecen el respeto de la dirigencia estatal, pese a que el PRD, dijo, siempre busque como desequilibrar para generar condiciones de beneficio propio.

Esto porque la semana pasada a petición del Sol Azteca, el Poder Judicial mandó a la Procuraduría General de Justicia reabra el caso de la presunta corrupción en la pasada Legislatura, el cual ya había sido cerrado por falta de prueba.

Al respecto, el dirigente del PRI consideró que “en la lucha por el poder todo es permitido” y quizás una de las estrategias de otros partidos pudiera ser la reapertura del caso, de modo que insistió en que para erradicar el “juego mediático” de los perversos, está bien, porque quien nada debe nada teme y los ex diputados priístas han manifestado son transparentes.

Se pronunció por tanto porque se llegue a las últimas consecuencias, porque de esa manera se les terminará el discurso a los contrarios.

 

Disminuirá presupuesto del PRI

Por otro lado, Lozano detalló que para este 2014 el PRI ejercerá 30 millones de pesos de sus prerrogativas, pero se les ha anunciado que para el próximo año habrá un recorte, de modo que las campañas de 2015 se deberán ajustar a los topes presupuestales y modificar su manera de hacer campaña y ya no dar tanto artículo o materiales, aunque refirió que esos indumentos llaman la atención de algunos votantes.

Respecto de las cuotas que dan los servidores públicos priístas al partido que es de cinco por ciento de su salario, dijo que la gran mayoría cumple, de modo que actualmente reciben un promedio  100 mil pesos mensuales de ese rubro.

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