■ La interacción de las empresas con los gobiernos locales, otro rubro a tratar, plantea Arturo Burnes
■ No se tienen planteamientos de cara al cierre y post cierre de las explotaciones, enfatiza
Un día antes de que inicie la Convención Internacional de Minería Zacatecas 2014, el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Arturo Burnes Ortiz, planteó que hay un tema fundamental que debería ser abordado en la reunión y que se trata de las posibilidades que existen de que la minería se enfoque al desarrollo regional.
En este sentido, señaló que tendría que abrirse el debate sobre “qué posibilidades y viabilidades fácticas hay para que la minería, la explotación del recurso natural no renovable, se enrumbe en un proyecto de desarrollo regional integral”.
Aun así, explicó que para lograr que esta actividad productiva pueda mejorar la calidad de vida de las comunidades que colindan con las empresas, es necesario que desde un inicio exista un proyecto de desarrollo para las distintas regiones de la entidad.
No obstante, sostuvo que actualmente la visión de las autoridades ha sido criticada por ser “cortoplacista”, de forma que no hay una planeación a largo plazo, incluido en el tema minero.
Entre otras consecuencias de esta actitud que busca únicamente solucionar los problemas inmediatos como la falta de empleo, a través de inversiones millonarias, se encuentra precisamente la ausencia de planteamientos de cara al cierre y post cierre de las explotaciones. Esto, precisó Burnes Ortiz, debería planificarse con base en las prioridades fijadas en los planes de desarrollo municipal.
Además, sostuvo que no se tiene en cuenta el futuro de la región porque no se plantean medidas de rehabilitación y de gestión de los impactos sociales, laborales y medioambientales.
Por el contrario, aseveró, “hoy (las mineras) dejan los residuos a cargo de los gobiernos municipales. Es increíble. Y se desentienden de sus efectos negativos en el ambiente del entorno. Y un caso paradigmático a nivel regional es el caso de Real de Ángeles”.
Comentó que si en eventos como el que se realizará esta semana no se abordan temas como los mencionados se debe a que “ellos (las autoridades y empresarios) tienen sus prioridades y en un momento dado esas prioridades se van escindiendo de las necesidades sociales”.
De igual forma, añadió que aunque se lleguen a abordar ligeramente estos elementos “realmente no se va a concretar en ello, porque para que se concretaran este tipo de políticas de desarrollo regional con equidad sería necesario en alguna medida afectar el monto de la renta minera y en segundo lugar afectar la disposición de las políticas públicas en su direccionalidad, todo lo que implicaría un diagnóstico diferente, una política económica diferente y un sujeto social diferente, lo cual no vemos a la vista”.
No obstante, insistió en la importancia de que los asistentes a la convención traten este aspecto, pues aseguró que actualmente en Zacatecas, siendo un estado minero con elevadas ganancias de esta industria, es “patético y una paradoja” que precisamente los municipios más ricos en la explotación de los recursos naturales del subsuelo son los que tienen “los indicadores económico-sociales más bajos de la entidad”.
Por ello, expuso que debe revisarse esta cuestión, pero también tendría que tratarse en el encuentro de esta semana el tema relacionado con la interacción que las empresas tienen tanto con las personas que habitan las localidades cercanas a sus instalaciones como con las autoridades locales y estatales.
En este punto, precisó que en estos momentos la relación directa y la toma de decisiones en torno a la actividad minera se da entre las empresas y la Federación, por lo que “Gobierno estatal, mucho menos el municipal, no saben la cantidad de recursos o impuestos que dejan (las compañías) porque todo se mueve a nivel de Gobierno Federal”.
Tras señalar la necesidad de abordar los temas de desarrollo regional, el papel de las autoridades estatales y municipales, así como la falta de regulación que existe en el tema minero, que se califica como “actividad preferencial sobre todas las demás” en el artículo 6 de la Ley Minera de 1992, indicó que también deben de tenerse en cuenta los aspectos que le corresponden a la empresa.
Al respecto, subrayó que los empresarios tienen, entre otras responsabilidades, las de respetar la identidad de las comunidades, apartar fondos para la sustentabilidad, así como “fomentar la diversificación productiva de las regiones mineras privilegiando la adquisición de bienes y servicios en la zona y apoyar programas de desarrollo de capital empresarial local”.
Concluyó que las autoridades del ámbito económico sí tienen estudios, investigaciones y una “mínima claridad respecto a los obstáculos y sin embargo no tienen la capacidad para poder afrontar esos obstáculos. (…) En ese sentido, lo que se quiere es tener esa inversión (a corto plazo) y realmente sobre las consecuencias indeseadas o efectos indeseables realmente ni se toca con el pétalo de la intención”.
