El plan de votar las retrógradas reformas en las materias energética y de telecomunicaciones durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol es un claro indicador de la enorme vulnerabilidad del régimen. Si Enrique Peña Nieto se sintiera seguro en su trono y con plena legitimidad social, no sería necesario esconderse detrás de un espectáculo deportivo para distraer a la población. Al contrario, un gobierno fuerte y con solidez democrática tomaría su tiempo para convencer a los ciudadanos de las supuestas bondades de sus iniciativas en lugar de agravar el malestar social con un apresuramiento político innecesario e inútil.
Los únicos que tienen prisa para aprobar las reformas son las empresas y los individuos que se beneficiarán de ellas. Televisa, Shell, Pedro Joaquín Coldwell, Carlos Slim, Luis Videgaray, Emilio Azcárraga y una infinidad de especuladores financieros, televisivos y petroleros rondan como buitres sobre el cadáver descuartizado del Estado mexicano, listos para satisfacer sus voraces apetitos. Están desesperados por concretar el saqueo y la censura antes de que la ciudadanía se dé cuenta de que el rey camina completamente desnudo por las calles.
En contraste, el mejor escenario desde un punto de vista ciudadano sería dedicar todo el tiempo necesario a involucrar a los mexicanos en la discusión, la consulta y el debate de una serie de reformas que afectan profundamente tanto a sus bolsillos como a sus derechos fundamentales. Los procesos de deliberación democrática normalmente toman más tiempo, pero casi siempre generan resultados más equilibrados y justos para todos. “Despacio, que tengo prisa”, reza el sabio dicho mexicano.
Las reformas energética y de telecomunicaciones son demasiado importantes para dejarlas en manos de una clase política corrupta y desacreditada. En lugar de apresurar irresponsablemente su aprobación, debería abrirse la cancha a una serie de debates públicos sobre el presente y el futuro de la nación, así como en torno al papel que juegan el oro negro y los medios de comunicación en la sociedad. Esta exigencia central de Alfonso Cuarón, a la cual se han sumado cientos de colectivos y millones de mexicanos, ha sido totalmente ignorada tanto por los poderes públicos como por los privados.
La pasarela de opiniones de “expertos” en un Senado de la República cuya pluralidad ha sido anulada por inconfesables negociaciones políticas, de ninguna manera constituye un debate público auténtico. La serie de “entrevistas”, o más bien monólogos, de integrantes del gabinete federal en prominentes noticiarios de televisión y radio tampoco satisface los requerimientos del diálogo democrático. Y el supuesto “diálogo por Internet” con funcionarios federales escondidos detrás de preguntas preseleccionadas en Google Hangout no es más que una abierta burla a la inteligencia del pueblo mexicano.
Se repite hoy el vergonzoso escenario de la campaña presidencial de 2012, donde los medios electrónicos de comunicación, en lugar de fomentar el debate democrático, asumieron una postura parcial a favor de Peña Nieto y su equipo al protegerlos de cualquier cuestionamiento incómodo o necesidad de responder sin teleprompter. Recordemos cómo el 6 de mayo de 2012 Televisa y TV Azteca decidieron transmitir en sus principales canales nacionales partidos de futbol en lugar del primer debate presidencial entre Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Hoy los poderes fácticos nos recetan la misma fórmula pretendiendo utilizar el deporte como distractor para evitar la participación política informada.
La buena noticia es que hace dos años le salió el tiro por la culata al régimen. Primero creció la indignación en las redes sociales por medio del hashtag #QueremosDebateNoFutbol. Y posteriormente, apenas cinco días después del primer debate silenciado, el 11 de mayo, se levantó la voz de los valientes jóvenes de la Universidad Iberoamericana, lo cual transformó por completo la dinámica del proceso electoral. En la actualidad, la sordera intolerante del Ejecutivo federal y de Televisa tendría que generar una respuesta similar de parte de los mexicanos.
Es importante mencionar que la opacidad y la cerrazón no solamente son indeseables en sí, sino que también generan graves desequilibrios sociales. Por ejemplo, el desastre financiero y la crisis política con los cuales culminó su sexenio Carlos Salinas de Gortari en 1994 fueron los resultados directos del centralismo autoritario desplegado durante su mandato. Protegidos de la ciudadanía por un grueso velo de opacidad e impunidad, los funcionarios salinistas repartieron sin rubor el pastel de las privatizaciones, hundieron la economía en un hoyo negro y polarizaron políticamente a la población. Si Peña Nieto no da pronto un golpe de timón en su conducción política, la crisis de 2018 muy probablemente será aún más profunda que la de hace 20 años.
Para evitar este escabroso escenario, los mexicanos tendrían que unir desde ahora sus diversas voces en una sola exigencia de defensa del espacio público y a favor de la equidad informativa, tal y como lo hicieron durante la campaña presidencial de 2012. Por ejemplo, una demanda sensata y razonable podría ser que Televisa ceda gratuitamente a la sociedad por lo menos cuatro bloques de dos horas de programación en el Canal 2 durante el horario AAA antes de la votación de las nuevas reformas. De acuerdo con la Constitución, todo el espectro radioelectrónico pertenece originariamente a la nación y, por lo tanto, es un bien público cuyo uso tendría que priorizar los intereses generales por encima de los particulares.
También habría que emplazar tanto a periodistas de manera individual como al Instituto Nacional Electoral (INE) a cumplir con sus responsabilidades públicas. Más allá de las filias y las fobias de los dueños de los medios donde laboran, se supone que los conductores de los noticiarios y de los programas de análisis del país tendrían libertad para convocar a sus propios debates entre integrantes del gabinete federal y destacados críticos de las reformas. Su silencio cómplice hoy los compromete a todos. Asimismo, como la institución a cargo de garantizar el buen funcionamiento de la democracia en México, el INE también tendría la responsabilidad de intervenir directamente para fomentar el debate público informado y la equidad informativa.
Pero más allá de lo que hagan o dejen de hacer los poderosos, los de abajo no podemos esperar sentados. Habría que actuar ahora, y de manera coordinada, antes de que sea demasiado tarde. ■
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