Un grupo de personas al que respaldan la dirigencia de un partido, un señor Espinosa y hasta algún comentarista intentan se sancione a un grupo de legisladores por haber vendido su voto aprobatorio de un ejercicio presupuestal, y así mismo a su comprador.
Amén de la concordancia gramatical ignoran los integrantes del grupo susodicho que leyes y reglamentos no obstante, un principio universal del derecho determina que nadie está obligado a lo imposible; o, dicho de otro modo, que reglamento alguno pude constreñir a un felino a ser vegetariano, alambrista a un tullido o considerado a un burócrata.
¿Podríamos así pues, acatando este supremo ordenamiento, condenar a estos desgraciados por hacer lo que siempre han hecho?; ¿lo que desde sus primeros pasos en el “servicio público” aprendieron a hacer?; ¿lo que les permitiría ser diputados?; ¿lo único, en última instancia, qué saben hacer?
Y las interrogantes continúan:
¿Tuvieron ante proposición tan jugosa, alguna alternativa?; ¿estaban en capacidad real de decir no a su generoso patrocinador?; ¿estaban en condiciones morales de enfrentar a sus pares, que de haber actuado honradamente de “pendejos” no los habrían bajado?; ¿se puede en suma exigir una conducta decente a quienes han prácticamente nacido, crecido y reproducido en, por y para la corrupción?
Son preguntas.
Comentan algunos enterados que tanto la espléndida labor del Ejecutivo local como la abrumadora popularidad del Ejecutivo federal, así como el probabilísimo carisma de los familiares, amigos y compadres beneficiarios del gran dedo en los próximos comicios habrían activado las alarmas, encendido luces rojas y puesto en operación operativos de emergencia en el partido tricolor, por lo que la designación para presidirlo de un candidato vergonzosamente vapuleado en elecciones anteriores obedecería a una estrategia elaborada por el alto mando para que los adversarios bajen la guardia, y una vez confiados en la probada memez del dirigente estatal dejarles caer todo el peso de Monex y Soriana.
¿Será? ■
