El Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia ha dado lugar a la plataforma Indicadores Municipales sobre Derechos de la Infancia: Construyendo Metas de Gobierno, que se presentó en Pachuca, Hidalgo, este 28 de mayo de 2014.
Esto nos enorgullece porque Odisea, AC cumple, desde Zacatecas, con su misión al aportar una mirada integral en la forma de evaluar la situación de los derechos de la infancia en México, fundamental para el diagnóstico y la definición de políticas públicas, y que éste goza del reconocimiento del gobierno.
Ahora impulsarán la utilización de esta nueva plataforma el Sistema Nacional DIF, la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), así como la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Infancia.
Quiero recordar que hicimos el Semáforo para contribuir con hacer efectivos los artículos 1º, 4º y 73º de la Constitución de la República. Hacer efectivo el constitucionalismo de los derechos significa que todos los niños, niñas y adolescentes tengan una oportunidad real de alcanzar todo su potencial.
Hoy se reconoce una simetría central para la vida democrática: existen titulares de derechos, que somos los ciudadanos, y obligaciones de los titulares de deberes, que corresponden al Estado y sus funcionarios o autoridades, de acuerdo con una normativa global. Para lograr la efectividad, el proyecto constitucional implica un método.
- La identificación de las demandas de los titulares de derechos y las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes;
- La identificación de las causas del no cumplimiento de derechos;
- El análisis de la disponibilidad de recursos humanos, financieros, jurídicos e institucionales para revertir dicha situación de incumplimiento;
La orientación de iniciativas adecuadas a la solución de los problemas.
Lo que celebramos hoy es que tenemos una herramienta que nos ayuda con el primer punto: “La identificación de las demandas de los titulares de derechos y las correspondientes obligaciones de los titulares de deberes”.
Este es un primer paso importantísimo para alcanzar la solución de los problemas.Nuestra contribución, en términos prácticos, asume que lo importante “es determinar cuántos y cuáles de esos derechos –en este caso de los niños–, son efectivamente respetados, protegidos y satisfechos por las instituciones”. (Salazar y Carbonell, 2012).
El Comité de los Derechos del Niño ha subrayado que combatir la discriminación y las desigualdades implica identificar a los niños que son víctimas de discriminación y exclusión de los servicios y las oportunidades, como los niños que viven en poblaciones rurales aisladas, indígenas, trabajadores y con discapacidad.
Pero también el Comité ha insistido en que no basta con reunir datos. Para poder identificar los problemas y orientar la formulación de políticas, los datos también deben analizarse, difundirse al público y utilizarse para evaluar los avances relativos al cumplimiento de los derechos de la infancia.
Dice el Estado Mundial de la Infancia, Unicef, 2014, que “Los datos, en sí mismos, no cambian el mundo. Pero sí posibilitan el cambio”. El cambio significa para nosotroscrear un Sistema Integral de Garantías de los Derechos de la Infancia.
En este sentido me da gusto que la señora Laura Vargas, directora general del DIF Nacional, haya expresado hace unos días en la REDIM que comparte nuestro deseo de que el Legislativo mande un proyecto de ley general de infancia que esté a la altura del desafío, como el que nos marca el Semáforo de Odisea, AC y ahora los Indicadores Municipales sobre Derechos de la Infancia.
También compartimos que ese proyecto de ley debe incorporar debidamente la participación de la sociedad civil en la construcción de ese Sistema que requieren los niños, las niñas y los adolescentes de México. Organizaciones como la nuestra y las que integran la REDIM nos asumimos como parte corresponsable en la construcción de las soluciones, como lo demuestra el nuevo instrumentoque presentamos.
Laura Vargas está de acuerdo en que necesitamos dar un gran paso para avanzar y que es crucial contar con una ley que contemple un verdadero Sistema. Necesitamos un esfuerzo vigoroso desde el gobierno que combine asistencia y desarrollo de forma virtuosa, a través de la coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno. Los derechos se interrelacionan de forma tal que difícilmente se puede ejercer, por ejemplo, el derecho a la educación, si no se ejercen los derechos a la salud o al agua o a la protección y a otros muchos más. El Informe del INEE 2014 señala que “muchos de los problemas que causan la inequidad en educación, no son educativos ni dependen de las políticas del sector. Encuentran sus raíces en la pobreza de la población y sus efectos.”
Tenemos una oportunidad única y estamos de acuerdo en que no queremos una ley sin fuerza, contraria al espíritu de los artículos 1º, 4º y 73ºde nuestra Constitución.
Me parece muy importante que la señora Vargas haya ratificado, nuevamente y con toda claridad, esos compromisos en el evento de Pachuca. Obviamente tiene todo nuestro apoyo.
Quiero también reconocer el apoyo y el empuje de Ricardo Bucio, que tomó nuestro Semáforo de una costilla de Odisea, AC, y creó los Indicadores Municipales sobre Derechos de la Infancia: Construyendo Metas de Gobierno. También su audacia para firmar con los gobernadores de los estados de Coahuila, Morelos y Tabasco el compromiso de impulsar e instrumentar, en coordinación con los municipios, una política de estado en favor de los derechos de la infancia con base en nuestro Semáforo.
Pienso que todo este acumulado puede animar al presidente Peña Nieto a cumplir con el compromiso que firmó el 26 de junio de 2012: “Presentar una iniciativa de Ley General sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que promueva, proteja y garantice sus derechos”. Si aprovecha la oportunidad para crear un Sistema fuerte, con atribuciones en todo Gobierno Federal y de los estados, no sólo en el DIF, podría colocar a la infancia como una prioridad nacional.
Estamos frente al tercer cumpleaños de la reforma en derechos humanos (10 de junio). Todos y todas podemos aportar si asumimos, como dirían Salazar y Carbonell, que “cuando las personas son efectivamente libres, conviven en condiciones de igualdad, ejercen su autonomía política y tienen sus necesidades básicas satisfechas; entonces, el constitucionalismo de los derechos será una realidad práctica”.
Vivimos un momento prometedor. Me quedo con una floreciente costilla de Odisea, AC y con el compromiso de Laura Vargas. ■
