■ Es una situación de excesivo beneficio a funcionarios públicos: Rodolfo García Zamora
■ Este problema es un indicador de impunidad, complicidad y ejercicio arbitrario de la autoridad, considera
Rodolfo García Zamora, director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), afirmó que la pensión millonaria de que son beneficiarios los magistrados zacatecanos, obedece a su vínculo y corrupción con el poder político.
“Es una situación de excesivo beneficio a funcionarios públicos que durante el tiempo que estuvieron laborando ya tenían pagos excesivos, que además no guardan relación alguna con los servicios que prestaron”, indicó.
Desde su punto de vista ese es el resultado de un Estado mexicano atrofiado “que siempre ha visto a los integrantes del sistema judicial como un instrumento cómplice de todas las impunidades y rapacidades, como se demuestra en el caso de los magistrados electorales”.
En consecuencia, la pensión que se les otorga a esas figuras evidencia que no hay el mínimo recato para llegar a esa inmoralidad que representa el hecho de pagar montos que ningún sistema judicial del mundo tiene para los magistrados en activo, ni tampoco para aquellos que están jubilados.
García Zamora manifestó que los magistrados deberían avergonzarse por recibir esos pagos en un país donde existen 53 millones de pobres y en un estado con más de 900 mil personas en situación de pobreza crónica y 300 mil con hambre crónica.
“Eso evidencia la inmoralidad del sistema, pero también evidencia la falta de escrúpulos de que, sin merecerlo, están recibiendo un pago excesivo como resultado de las complicidades que han tenido con el sistema a nivel federal y a nivel de los gobiernos de los estados”, agregó el académico.
Además, expuso que, así como el presidente Enrique Peña Nieto tiene la obligación moral de hacer esos pagos excesivos a quienes son cómplices de un triunfo fraudulento en el pasado proceso electoral, los magistrados en Zacatecas sienten que tienen ese derecho por las irregularidades y complicidades que hicieron durante su vida activa con los gobernantes en turno y con los diversos poderes fácticos.
También señaló que, si la sociedad civil tuviera la capacidad de exigir a los diputados que reflejen sus intereses, lo que procedería sería echar abajo ese tipo de decretos y establecer que esos funcionarios tuvieran un ingreso que les permita obtener una vida sin precariedades, pero sin excesos, sobre todo si no hay alguna razón técnica, laboral ni de especialización para merecerlo.
García Zamora reiteró que ese problema es un indicador de la corrupción, impunidad, complicidad y ejercicio arbitrario del poder que prevalece entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además, dijo que el otorgamiento de esas pensiones a los magistrados refleja la situación actual en el país, donde hay una dictadura del Ejecutivo a partir del dominio de un partido en los estados.
