■ Se han gastado más de 3 mil 500 mdp en 16 años, advierte legislador
En los últimos 16 años, en conjunto entre los tres niveles de gobierno se han invertido más de 3 mil 500 millones de pesos en la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el estado y no ha habido “ningún resultado positivo”, aseguró el legislador José Luis Figueroa Rangel.
Sostuvo que las consecuencias “desastrosas” de esta política de saneamiento del vital líquido de derivan, precisó, del desconocimiento, las tecnologías rudimentarias que se utilizan y la corrupción en torno a la construcción de las plantas tratadoras.
Por ello, el diputado leyó un punto de acuerdo durante los asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes en el congreso local, en el que se solicitó la comparecencia de las autoridades de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz). Al respecto, dijo que “requerimos que se presenten para dar la explicación de a qué se debe el fracaso”.
Figueroa Rangel añadió que espera concientizar a los diputados locales para hacer este llamado los servidores públicos encargados del tema del agua, ya que es una obligación atender con urgencia la cuestión de la contaminación de este recurso natural tan escaso en la entidad.
Hay que determinar, puntualizó, cómo se va a aprovechar la infraestructura actual y de qué forma se va a poner en funcionamiento de manera responsable.
En caso de no lograr el consenso, agregó el legislador, “no soltaremos el tema” sino que continuarán señalando la ineficacia de estos sistemas de tratamiento en Zacatecas porque es grave el desperdicio de agua y sobre todo su contaminación.
Expuso como “alternativa” para que realmente se brinde un buen servicio, aunque precisó que no sería la única, la privatización del mismo, es decir, que las autoridades concesionen la operación de las plantas de tratamiento.
En este sentido, Figueroa Rangel aseveró que la iniciativa de Ley Estatal del Agua se plantea únicamente con la visión de solucionar el problema de los adeudos históricos de los municipios, pero no se proponen mecanismos para conservar el recurso natural.
Expuso que el gobierno sólo gestiona recursos para la construcción de la infraestructura pero no para garantizar la operación de las plantas tratadoras. Precisamente por la falta de obtención de recursos suficientes así como por la “imposibilidad financiera de los municipio; no vemos cuándo lleguen las bolsas de recursos para el medio ambiente”.
Por lo tanto, lo que propuesto es analizar la opción que ya se ha implementado en otros lugares del país y que se trata de la privatización del servicio de saneamiento del agua, es decir, que se concesione la operación de la infraestructura a “entes privados”.
En ese tenor, sostuvo que los municipios no tienen ni siquiera dinero para subsanar los gastos de energía o la contratación del personal suficiente en número y capacidad. El diputado señaló que esto “es lo que se recomienda (…) Se tiene que concesionar” y añadió que no cree que esta decisión suponga un incremento en los costos del servicio para la ciudadanía.
