Acontecimientos recientes, se entrecruzan en nuestro dolor/país, al introducirse un conjunto de obstáculos, que impedirían la realización efectiva del giro dado con la aprobación y publicación de la Ley General de Víctimas (LGV) hoy vigente.
Es necesario recordarlo, y repetirlo, se trata de una ley, que además de ser una conquista en el ámbito legislativo, impulsada por una iniciativa ciudadana -desde la sociedad civil-, y avalada por los legisladores y el Poder Ejecutivo, implicó, la entrada plena en el sistema de administración de justicia -realmente existente- del reconocimiento de un catálogo de derechos a las víctimas de las violencias, tanto las producidas por la delincuencia, como las generadas por violaciones a los derechos humanos, tema –este último- cuyo reconocimiento por parte de las instituciones estatales es -por regla general- encubierto, dado que son delitos cometidos por funcionarios y agentes estatales (por uso indebido de su autoridad, o, bien, por estar coludidos con los victimarios). Pero, ¿cuáles son esos nuevos obstáculos, que dificultan los avances establecidos por ese giro histórico hacia el derecho victimológico, capaz de garantizar a las propias víctimas, su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño, a la no repetición?
Un obstáculo, deriva directamente, de la propuesta de reglamento de la LGV, en la medida en que no ha incluido la opinión de las propias víctimas (directas o indirectas), y a que opera una reducción de los estándares de protección ofrecidos en el catálogo de la LGV, entre otras las de las medidas de ayuda inmediata y las de reparación integral del daño. Lo mismo al circunscribirse al ámbito jurisdiccional federal, limitando su efectividad, cuando se trate de ámbitos municipales, o, propios de las entidades federativas. Un aspecto que debe ser modificado, y de paso, pone aún más de relieve, la importancia que dentro de esta estrategia, estarían cobrando las legislaciones locales, donde se han visto, ya, regresiones con respecto a la LGV, como por ejemplo, el no reconocimiento en la ley local, a las víctimas por violaciones a los derechos humanos. En este mismo sentido, se elimina a las víctimas indirectas, a las potenciales (por dar asistencia las personas afectadas), y a las colectivas (grupos y organizaciones). De ahí el enérgico rechazo al reglamento, y la exigencia de un amplio y representativo núcleo de organizaciones, de que el Poder Ejecutivo, tome en cuenta la opinión de la sociedad civil (ver el link abajo).
El problema, es de calado más hondo, si lo pensamos, como parte de un sistemático modo de actuar, que se reproduce, por ejemplo, cerrando el papel a las candidaturas independientes, hasta llegar al caso –esperpéntico- de la pensión (o, “haber de retiro”), destinado a los magistrados (TEPJF). Ante semejante panorama… ¿Cómo no van a amplificarse –por obvias razones- las “resonancias” de la certera consigna de los indignados españoles… “Dicen que es democracia, pero no lo es”?
Un segundo punto, es lo que las ONG han calificado ya, como “perverso manejo de las cifras de los desaparecidos” proporcionadas por la Secretaría de Gobernación. Después de una “depuración” realizada, se llegó a establecer una cifra de 8 mil personas desparecidas. Sin duda, se trata de un muy importante –necesario- trabajo que permitiría afinar un sistema de información, tan mal estructurado y gestionado, que no contribuye, en su actual configuración y modo de funcionamiento, a mejorar eficazmente las tareas propias del sistema de administración de justicia en México, asignatura pendiente, puesta de manifiesto, hoy, con las víctimas. Son, resultados cuestionables, como justamente, lo han subrayado, de nuevo, las organizaciones de la sociedad civil, abocadas a las tareas de apoyar a las familias-víctimas. La confusión es mayor, sabemos que solo dos de cada diez delitos se denuncian. La cifra, dada por Gobernación, reporta, a más de 14 mil personas desaparecidas, como ya localizadas, de acuerdo con Jorge Verastegi (Fundec), no diferencia entre… “cuántas victimas de ellas eran por desapariciones forzadas, si estaban extraviadas, secuestradas, o si se habían ido de su casa, por voluntad propia”, Roberto Villanueva (MPJD), agrega, la discordancia de esas cifras con los registros de algunas OSCs, lo que remitiría, a su juicio- al juego de considerar como extraviadas, a personas desaparecidas (La Jornada, 24/05/2014).
Parece trazarse una estrategia transversal a las leyes estatales de víctimas, visible en parte en estos y otros puntos, a los que volveremos ¿Qué podemos hacer en Zacatecas, para mejorar la justiciabilidad, de un sistema de administración de justicia (prevención, procuración, aplicación y readaptación), cuyo “punto ciego” es precisamente el de las víctimas, verdadero locus de la injusticia? ¿Qué hacer cuando la participación de los ciudadanos, y, de las propias víctimas, se convierte, por obra y gracia de “una democracia que no es democracia”, en un hecho imposible? ■
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