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jueves, 28 marzo, 2024
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Confiscación de bienes, sustento de la lucha y castigo a los “enemigos”: López Ferreira

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Por: ALMA RÍOS • Araceli Rodarte •

■ “El dinero hay que tomarlo de donde se encuentre”, expone docente

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¿La Revolución tuvo un costo, de dónde se financió? Mientras que Francisco Villa creía que tendría que costearse con recursos tomados de los bienes de los enemigos, entiéndase a estos como la Iglesia y las élites, Venustiano Carranza creía, debía sustentarse en capital extranjero procedente de inversionistas que radicaban en el país. Sin embargo, más allá de estas realidades privó otra, una expuesta en palabras de Luis Cabrera y a la que se ajustaron ambas situaciones en la guerra: “El dinero hay que tomarlo de donde se encuentre”,  expuso Alfredo López Ferreira.

Con la ponencia La confiscación de bienes en Zacatecas durante la Revolución mexicana, el docente e investigador del Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ofreció un panorama acerca de la actuación de los revolucionarios durante las que dijo, fueron “las fases más álgidas del conflicto armado”.

La intervención formó parte del Coloquio Nacional La Marea Revolucionaria que organizan conjuntamente esta instancia educativa y la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de su posgrado en Historia, en ella expuso elementos acerca de esta “política y medida radical, aplicada entre otras, específicamente contra la élite del estado de Zacatecas”.

El ponente precisó que la relación y confrontación establecida entre los revolucionarios y las élites en el contexto local durante la Revolución de 1910, ha sido un tema poco estudiado y aun, observó, ignorado en la historiografía mexicana, no obstante su importancia.

Durante la Revolución se les llamó “confiscaciones” a las propiedades intervenidas, citó al historiador Friedrich Katz en su obra Pancho Villa (Ediciones Era, 2007).

Señaló que “el movimiento revolucionario constitucionalista norteño que en 1913 enfrentó a la dictadura de Victoriano Huerta, se valió como fuente inicial de financiamiento, para sus necesidades y requerimientos de guerra de dos opciones diferentes y opuestas, escogidas por sus dos principales dirigentes: La intervención de los bienes rústicos y urbanos de los hacendados y la Iglesia –capital nacional- y la aportación de capitalistas extranjeros –capital extranjero-“

Estas dos visiones y hechos, correspondieron respectivamente a Francisco Villa y Venustiano Carranza, expuso.

Los criterios de selección para esta confiscación tenían en primer término, un carácter clasista, podían ser miembros de la élite “alejados de la política” pero poseedores de haciendas, personajes con claro vínculo y aun trayectoria de participación con los regímenes de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta o vinculados a actividades “antimaderistas” y por último, aquellos que concentraran, “la animadversión política de antaño o personal”, la venganza.

En Zacatecas, comentó, hubo dos decretos de confiscación, uno que incluía “todas las haciendas del estado -27 de junio de 1914-“, y el expedido por Pánfilo Natera “de intervención de fincas rústicas”.

También se tuvo un Decreto sobre la devolución de las fincas intervenidas -22 de septiembre de 1915-, bajo el mandato del Gobierno federal de Venustiano Carranza y local de Rómulo Figueroa.

El decreto de Pánfilo Natera tuvo tres intenciones, el castigo a quienes “ayudaron a los traidores”, el social, en tanto que la intervención fue vinculada a la política agraria de “fraccionamiento de las fincas” y una económica, mediante la que se obligaba a “proporcionar al Gobierno los elementos que éste necesite”, expuso.

De esta manera fueron confiscadas 156 propiedades rústicas en Zacatecas. Las principales familias de hacendados afectadas por el decreto del 8 de agosto de 1914 fueron los Aguirre, Felguérez, García, Gordoa, Llaguno y Moncada, precisó.

Entre 1914 a 1916, durante los gobiernos locales de Antonio Acuña Navarro, José Trinidad Cervantes, Pánfilo Natera y M. I. Arreola y Rómulo Figueroa, las devoluciones tuvieron como móviles, dijo, vinculaciones políticas y “apoyos” brindados por las familias a los gobiernos revolucionarios.

Fueron devueltas en este proceso 151 fincas, 133 de las cuales corresponden al mandato de Figueroa.

Para 1919, comentó, fueron intervenidas: El carro, Santa Ana, Cieneguilla y Pinos cuates, haciendas de Matilde González viuda de Saracho, las tres primeras,  y José Landeros y Coss. La ciudadana española interpuso un recurso legal que le valió su devolución.

“La intervención de los bienes inmuebles a los hacendados, principalmente, a quienes los diferentes grupos revolucionarios calificaron como sus ‘enemigos’, fue uno de los sucesos más importantes por las implicaciones inmediatas durante la fase armada y en la posterior de reconstrucción en el estado de Zacatecas”, dijo.

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