■ Legislatura tienen 30 día hábiles para presentar pruebas y asistir a la confronta: Figueroa
■ El problema radica en la evaluación de docentes y la posible pérdida de 50 días de aguinaldo, dijo
El pasado martes, la 61 Legislatura fue notificada de manera formal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de la controversia constitucional que Gobierno Federal interpuso en contra de cuatro artículos de la Ley Estatal de Educación al considerar que contravienen la Ley General.
El secretario de la Comisión legislativa de Educación, José Luis Figueroa Rangel detalló en conferencia de prensa que los artículos son el 9, 12, 13 y 67, todos referentes a la evaluación docente, el respeto de los derechos adquiridos y la posibilidad de perder incluso 50 días de aguinaldo.
Es así que la 61 Legislatura tiene 30 días hábiles para presentar las pruebas ante la Corte y asistir a la confronta, a fin de que los ministros determinen si procede o no la controversia.
José Luis Figueroa detalló que el artículo nueve el Ejecutivo federal quiere cambiar los derechos adquiridos establecidos en Constitución local por constitucionales, con lo cual se ponen en riesgo 50 días de aguinaldo; actualmente tienen 90, pero la Carta Magna sólo establece 40.
Además se vulneran los convenios establecidos desde 1993 a la fecha que ha hecho el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en una doble negociación con los gobiernos locales. Se pretende reconocer únicamente los convenios establecidos desde la Federación, incluso se anulará el derecho adquirido del escalafón, la carrera magisterial y la jefatura de sector.
Respecto del artículo 12, se establecen dos situaciones en las que estén los trabajadores de la educación: el primero que la reforma no sea retroactiva y los maestros de base tengan el derecho de respetárseles su condición laboral. El segundo término se refiere a que los docentes que no aprueben la tercera evaluación, se les readscriba en la misma región, pero en respeto de sus derechos ya adquiridos como el escalafón y sus prestaciones.
En el artículo 13, la Ley local acredita el derecho del trabajador de abrir un proceso de revisión ante los hechos de la autoridad sobre el tema de los lineamientos de la Ley del Ejercicio Profesional Docente y su permanencia en el cargo que se ponen en cuestión por la evaluación; es decir hasta ahora la ley les da la posibilidad de interponer un juicio de revisión, pero la Federación quiere que no haya ese derecho.
De modo que no habrá transparencia ni justicia en la aplicación de la evaluación, para darse cuenta de las debilidades que tuvo en el examen y así orientar su capacitación.
A decir del legislador petista, la Comisión de Educación ha acordado que defenderán la Ley Estatal, de ahí la importancia de que el gobernador, Miguel Alonso Reyes “se faje” y en conjunto con los diputados apelen a la soberanía de la entidad para no permitir la retroactividad de la ley.
“Tenemos que ser contundentes en la defensa” y no facilitarse al Ejecutivo federal la controversia como lo hizo Veracruz. Aunque creyó que aquí no hay la posibilidad de ceder tan fácil ante la SCJN, por contrario se defenderán los cuatro artículos con argumentos.
Caravana de ex braceros
En otro tema, durante la misma conferencia de prensa, el legislador junto con su homólogo, José Guadalupe Hernández y líderes de ex braceros como Baldomero Capris de la Coordinador Binacional de ex Braceros (Cobieb) anunciaron una caravana que salió desde el 19 de mayo de Los Ángeles y termina en algunos días más en la ciudad de México.
En ella ex braceros exigen al Gobierno Federal el pago de mil 523 millones 306 mil pesos a 40 mil 87 ex trabajadores migrantes, a los cuales se les debe un fondo de ahorro de 38 mil pesos a cada uno por una sola ocasión, pero que la Federación negó etiquetar una partida para este 2014.
Detallaron además que tras solicitar un amparo ante un Tribunal Colegiado de la ciudad de México para exigir el pago, se les ha concedido la razón y ordenado a Gobierno Federal y el Congreso de la Unión modificar el presupuesto y pagar a los ex braceros de Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.
