La verdadera reforma del campo mexicano sólo podrá realizarse con el desmantelamiento del enorme poder que tienen los oligopolios sobre el mercado agroalimentario y la captura que sistemáticamente ejercen sobre los funcionarios de Gobierno Federal. Lo que se requiere no es sólo cambiar reglas de operación de programas asistenciales, sino acabar y romper ese acuerdo que han construido unos pocos para apoderarse de un mercado que tiene un valor superior a un billón de pesos anuales, informó en comunicado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de El Barzón.
Indicó que esta complicidad se ha convertido en la plataforma para golpear el ingreso de los productores y mantener el abuso a los consumidores, además de imponer precios desproporcionados a las semillas y fertilizantes y apoderarse de la riqueza producida con la actividad de más de 5 millones de unidades económicas y del consumo de cerca de 119 millones de mexicanos. En este contubernio descansa una pobreza extrema de la mayoría de la población rural y la ruina de la clase media agrícola, la dependencia alimentaria del país y es también la responsable del grave problema de obesidad y desnutrición que golpea, sobre todo, a amplios segmentos de la niñez mexicana.
“El gobierno está obligado a poner en marcha, de inicio, las primeras tres acciones para desmantelar la estructura oligopólica y el control del mercado que ejercen pocas empresas que abusan de su posición dominante e impiden el desarrollo de la producción de alimentos y la prosperidad de los agricultores del país”, aseveró.
La Comisión Federal de Competencia Económica no puede seguir siendo omisa frente a un mercado sin competencia –dijo-, y donde se presentan las más groseras violaciones a la legislación y a las normas anti monopólicas. “Es urgente la evaluación oficial sobre los altos niveles de concentración y de control y sobre el profundo daño que están provocando en el bienestar de los productores y consumidores. Ya llegó el momento de acabar con la impunidad que permite el acaparamiento y la especulación y los sobreprecios en los alimentos. Es la hora de imponer sanciones y nuevas regulaciones”.
La primera medida planteada consiste en acabar con una estructura donde, dijo, actualmente participan 5 millones 325 mil unidades económicas pero sólo 460 empresas generan 74.5 por ciento de las ventas agropecuarias; un millón 200 mil no tienen vinculación con el mercado y el resto sólo tienen ingresos promedio entre 17 y 150 mil pesos al año.
La segunda solicita a Gobierno Federal la creación de una empresa pública que participe en el acopio y comercialización de las cosechas de maíz, frijol, trigo, arroz, café y la producción de leche.
“Con el nuevo competidor se podrá regular la oferta y los precios, se establecerá un nuevo sistema de almacenamiento, se fortalezcan los mercados regionales y funcione un sistema nacional de compras públicas para satisfacer los requerimientos de productos alimentarios”.
Como tercera medida se propone que Gobierno Federal entre a regular el mercado de los insumos para la producción alimentaria restableciendo el subsidio y congelando el precio del diésel.
“Resulta inaceptable que a los productores mexicanos se les imponga un margen de intermediación de 200 dólares en la tonelada de fertilizante por arriba del precio internacional sólo en beneficio de las cinco grandes empresas importadoras de dicho insumo.
“El control que tiene Monsanto, Pionner o Syngenta en 95 por ciento de la producción y venta de semillas ha provocado la imposibilidad para que el productor de maíz pueda pagar los 100 pesos por cada kilo o que los productores de sorgo y de frijol inviertan 42 o 18 pesos por kilo de semillas respectivamente”, aseveró.
