El fin de semana se cruzó justamente ante un escándalo más en la vida institucional de México, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y algunos del PRD, introdujeron, como parte de la reforma política, una modificación subrepticia a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de permitir que éste otorgue pensiones vitalicias a los magistrados del Tribunal Electoral.
Por su parte los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de inmediato emitieron un comunicado en el que afirman que la modificación aprobada no contempla la entrega de una pensión vitalicia, sino de un haber de retiro previsto en el artículo 94 de la Constitución. La afirmación del máximo organismo de justicia electoral contraviene la planteada por los legisladores de oposición en San Lázaro, quienes afirmaron que la discusión de la referida modificación legal fue introducida de manera subrepticia por la Presidencia de la República como parte de un intercambio en el contexto de la aprobación de la reforma político-electoral. Por desgracia hasta el momento ningún legislador zacatecano ha participado en los debates denunciando o – si es que se puede – defendiendo la pensión millonaria.
Dejando de lado la guerra declarativa y los tecnicismos sobre la naturaleza de la prestación comentada, es evidente que en el poder Legislativo se dio pie a una alteración mayúscula a la operación de los procesos legislativos y, lo más grave, se trastocó la credibilidad de una institucionalidad electoral que supuestamente está siendo sometida a un proceso de reconfiguración con el fin de dotarla de lo que carece hoy en día: imparcialidad y confianza de la ciudadanía.
En ese sentido, la afirmación de los integrantes del TEPJF de que el haber de retiro estaba previsto en la Constitución –de lo que se podría inferir que los legisladores se limitaron a dar cumplimiento a un mandato de la Carta Magna– denota un exceso de candidez que no es compatible con la importancia de la actividad que ese organismo desempeña, en tanto pasa por alto la coyuntura en que dicha prestación fue aprobada: la discusión de una reforma que regulará las contiendas electorales venideras, que coincide, además, con la responsabilidad del propio órgano, de pronunciarse sobre asuntos como el caso Monex. Esos factores, quiérase o no, dan sustento a la percepción –y para el caso, la forma es fondo– de que la prestación comentada constituye en los hechos un pago de facturas políticas pasadas o futuras.
El episodio exhibe, en suma, una institucionalidad que en su conjunto ha perdido el sentido del decoro. Bien harían los legisladores federales de Zacatecas en utilizar los recursos a su alcance para revertir una determinación que, además de excesiva e inmoral –a la luz de las condiciones materiales ruinosas que enfrenta el grueso de la población y en especial Zacatecas–, resultará sumamente costosa para la frágil credibilidad de las instituciones.
