Dar cuenta -y razón- del Foro Estatal sobre la Ley de Víctimas, en Zacatecas, cobra su verdadero sentido, si logramos contextualizar su propósito declarado, desde el punto de vista de la sociedad civil organizada, y, de las propias víctimas, comprometidas con la justicia y el derecho victimológico, cristalizadas –ya- en el sistema nacional de atención a víctimas, y, qué prosigue esa lucha -hoy- por la reapropiación cívico-pública de lo estatal, (ente público-cada vez más privatizado-, también, en el ejercicio del poder mismo).
En el actual contexto, ¿para qué puede servir una ley estatal de víctimas en Zacatecas? ¿Cuáles deberían ser los contenidos propios- de la ley estatal, tanto con las víctimas de la violencia entre particulares (delincuencia organizada –o, victimarios- contra la población civil, incluyendo -de este lado- a los trabajadores -o funcionarios- del sector público, que son victimizados); cómo con aquellas violaciones de los derechos humanos, es decir, con la violencia en la que incurren de manera directa, o bien, a través de terceras personas, o, por omisión, aquellos funcionarios, o agentes de seguridad pública, que hacen uso de su poder, contra la población civil, victimizándolas?
A la luz de lo que conocemos sobre la situación real de las víctimas, en su mayoría paralizadas por el miedo, la desconfianza, e incluso la culpa, como podemos garantizar que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, (y el sistema al que ella dirige) tenga un funcionamiento eficaz, apoyando a las víctimas, que se atreven a romper el anillo de hierro del miedo, dejando de ser avasallados, o súbditos de poderes, sin legitimidad democrática efectiva, afirmándose –contra ellos- como ciudadanos, en sus exigencias por su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño, y a la no repetición (revictimización). Por las grietas del lenguaje aquí empleado, debería poder hacer visibles las innumerables –trágicas, dolorosísimas- situaciones en que se encuentran actualmente un gran número de familias-víctimas, y, también, el valor –con su singular economía moral- que impulsa a quienes luchan, de plurales y diversas formas, por el reconocimiento de su dignidad, lastimada por las injusticias que las han marcado atrozmente como víctimas.
Nos pronunciamos –ver artículo anterior- por una Comisión estatal de atención a víctimas, que, mejorando el diseño de la Comisión Ejecutiva Nacional (CEAV), tenga autonomía efectiva, y que sea –del mismo modo que la nacional- colegiada, no unitaria, buscando, con ello, (y otras medidas) evitar que sea controlada, por los designios de Gobierno estatal de turno. Es en la ciudadanización efectiva de la Comisión, donde ciframos algunas de las claves, para mejorar la justiciabilidad del sistema de administración de justicia (prevención, procuración, aplicación y readaptación), especialmente, en lo que atañe a la atención a las víctimas del delito y de las violaciones los derechos humanos.
Mención especial, merece la participación de USAID, desde la preparación del foro, hasta su decidida actuación, en el apoyo, asesoría -y cabildeo- necesarios para que el Estado de Zacatecas, elabore su ley estatal de víctimas. Ante una pregunta expresa, Gabriela Saavedra (USAID-México), me contesto, que ellos actúan, apoyando los esfuerzos para rediseñar los sistemas de administración de justicia.
En la próxima colaboración, retomaré algunas aportaciones de los panelistas, de especial interés.
Es necesario insistir en que… sólo -y sólo sí-, somos capaces de contextualizar adecuadamente, la importante decisión legislativa en puerta, (en el Congreso estatal, queda como responsable la diputada Claudia Anaya), podremos ciudadanizar el debate, generalizándolo. Debemos partir del conocimiento de la dinámica de los procesos de victimización en curso, articulándolos al mapa de la violencia y de la delincuencia realmente existentes, así como a la evaluación de las políticas de seguridad pública y de prevención de la violencia y del delito, lo mismo que a las relacionadas con el sistema de administración de justicia, así como las demás políticas públicas, que se encuentran directa -o indirectamente- vinculadas a la grave problemática que afecta de manera multidimensional, la sociedad que somos. Considerando -por ejemplo-, que, el desempleo y subempleo juvenil, son condiciones que inclinan al “reclutamiento” de los jóvenes, hacia trayectorias delictivas, “ofrecidas” por parte del crimen organizado. Violencias y delitos, se manifiestan como un conjunto de síntomas evidentes de descomposición social, ej. Desde el aumento de la tasa de delitos graves ligados a la delincuencia organizada, hasta las desigualdades sociales brutales; etc., aceleradas (pasando a lo macro) por la “crisis civilizatoria” –global-, que produce -cada vez más- deterioro ecológico, anomia, guerras, destrucción.
Es este panorama considerado en su “globalidad”, sin dejar, nunca, de prestar atención a la dinámica local, el contexto a considerar, para elucidarlo –colectivamente.
Cabe entonces avanzar iniciativas “desde abajo” a la altura de los desafíos que enfrentamos. (Re)diseñando controles judiciales, patrimoniales, sociales, y, contra la corrupción (E. Buscaglia). Volveré sobre el tema. ■
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