■ El texto normativo que se derive tiene que ir más allá del papel y ponerse en práctica: Nahle
■ Se debe determinar con precisión aspectos como la indemnización de los afectados: CDHEZ
Aunque el plazo de 180 días naturales del que se disponía para que las diferentes entidades federativas pudieran armonizar su legislación y los reglamentos a la Ley General de Víctimas ya concluyó, este miércoles se llevó a cabo el foro de consulta en Zacatecas para la conformación de una ley estatal en este ámbito.
El procurador general de Justicia, Arturo Nahle García, reiteró que, pese a que “los 180 días ya transcurrieron, nunca es tarde para ponerse al corriente”. Asimismo, comentó que el texto normativo que se derive de estos foros deberá ir más allá del papel y ponerse realmente en práctica.
En este sentido, sostuvo que “ojalá en este periodo de sesiones o en el próximo se cuente ya con esta ley. Hay muy pocos estados con ella y queremos ser de los primeros en tener armonizada la Ley General de Víctimas”.
El funcionario recordó que en la ley nacional se enumeran los derechos de las víctimas, entre los que destacó los de asistencia, protección, atención, el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.
Al respecto, comentó que de la lista de garantías se desprende también un conjunto de medidas que deben ser implementadas, tanto por las autoridades federales como por las estatales y las municipales.
El procurador expuso que algunas de estas son las medidas de ayuda inmediata, alojamiento y alimentación, transporte, asesoría jurídica, económica, de rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.
La importancia de tener una ley estatal de víctimas, aseguró, radica en la necesidad de aterrizar las responsabilidades que en la legislación nacional se adjudican a las entidades, así como al requerimiento de conformar un fondo económico de apoyo, por lo que hay que saber cuál va a ser el recurso que estará disponible para este fin y cuáles van a ser los casos que podrán ser beneficiados.
Entre las competencias que se les asignan a los gobiernos locales están las de crear una comisión ejecutiva de atención a víctimas y la elaboración de un registro estatal de víctimas.
También, expuso Nahle García, corresponde a los estados “fortalecer e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que presten atención a las víctimas; y proponer, en coordinación con Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las víctimas”.
De igual forma, comentó que las administraciones de las entidades federativas aparte tendrán que desarrollar programas para mejorar la calidad de vida de las mujeres y será necesario que se instalen refugios para las víctimas.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Arnulfo Joel Correa Chacón, coincidió en señalar la importancia de la ley para determinar con precisión aspectos como el de la indemnización de las víctimas.
En este sentido, sostuvo que en la ley nacional se establece que por víctima podrán darse hasta 900 mil pesos, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso concreto de desaparición forzada, ofreció la cantidad de 300 mil dólares. Por esto, se tendrán que definir este tipo de pagos, entre otros aspectos.
Tras la exposición de motivos del procurador, la diputada local y presidenta de la Comisión legislativa de Seguridad Pública y Justicia, Claudia Anaya Mota, aseguró que “en caso de que sí” se decida elaborar la ley de víctimas en Zacatecas, es fundamental la participación de todos los sectores de la sociedad.
Precisó, además, que las leyes como la que se pretende conformar a raíz del foro de consulta no es un instrumento que al ser promulgado deba quedar “intacto”, sino que tiene que actualizarse para estar en concordancia con la realidad de cada momento.
Asimismo, el secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, expuso que esta ley, además de ser un instrumento fundamental de acción para la sociedad, es un “compromiso extraordinario para el estado (…), tendrá que ser una ley que realmente se aplique, que sea un beneficio para víctimas, porque no tendría ningún sentido que fuera letra muerta”.
