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Si bien la reforma político electoral ha encumbrado como paradigma democrático el nuevo modelo fiscalizador “en tiempo real”, el fenómeno de politización al interior de los cambios legales se verán concentrados en lo que, al día de hoy, se ha definido como una posible “Comisión de Vinculación” entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos locales.
Según información del senador panista, Héctor Larios Córdova, las negociaciones que se encontraban en estado de intermitencia en días pasados, podrían saltar a un probable acuerdo entre las tres grandes bancadas del Congreso de la Unión, dando como resultado la votación del dictamen ya elaborado, este mismo martes.
La nueva figura jurídica que dotaría al INE de una comisión especial, misma que se encargaría de llevar una evaluación cercana de las actividades de las autoridades electorales estatales, especialmente durante los tiempos de comicios, es una muestra del empuje que ha logrado el PAN para interponer una especie de balanza al poder (de facto) centralizado que los gobernadores ejercen en el ámbito electoral.
En este punto es importante aclarar que no toda la factura de dicho problema corresponde a los gobernadores, sino a la correlación de fuerzas particulares que existen en determinado momento, en las entidades federativas. La crítica que hiciera el PAN ante el fenómeno de centralización de poder en lo local –contrastante con todo el discurso a favor del federalismo- obedece al andamiaje legal, el cual facilita la concentración de poder en manos del ejecutivo. Sin embargo, en la realidad, los ejecutivos locales sólo son una pieza (importante, sí) en el mapa político que se despliega en una elección.
Como analista, insisto, no ha habido un trabajo de fondo para reconocer la actividad política de las autoridades electorales locales y federales, en materia de lobbying. En el Congreso de la Unión ha habido cierto recelo para entrar al tema de reglamentación del cabildeo, pero no por ello la visibilidad del fenómeno ha disminuido entre las fuerzas políticas involucradas.
El último ejemplo lo daría el diputado perredista Silvano Aureoles, durante el mes de octubre de 2013, al proponer un esquema de regulación de la actividad de mercadeo político al interior de San Lázaro, con dedicatoria especial a televisoras y empresas interesadas en promover la reforma energética. Apenas unas semanas después, los diarios de la Ciudad de México destaparían el problema de los “moches” legislativos, donde se comprobaba el potencial de corrupción que representa el cabildeo en aquella cámara.
Si llevamos este fenómeno al terreno electoral, entenderemos que la naturaleza de los organismos e instituciones políticas permite, a la vez que hace necesario, el constante contacto para la generación de consensos. Lo que aquí importa no es la capacidad de gestión y reunión de las autoridades electorales en su vida cotidiana, especialmente a la hora de dirimir conflictos, sino la posible discrecionalidad con que se realicen dichas actividades netamente políticas.
Es ahí donde la propuesta del PAN de intentar incidir en la vida local electoral busca su fundamento y lógica. Como lo proponía anteriormente, el mapa comicial no se debe de dibujar alrededor de la actividad del Ejecutivo estatal, sino en el de las autoridades electorales regionales vistas como espacios de interés, tanto para los partidos políticos, como para actores políticos, funcionarios públicos, agentes económicos, grupos sociales, y todos aquellos sujetos que sean regidos por la normatividad electoral correspondiente.
Lo que busca la propuesta de una comisión de vinculación electoral, es conocer la lógica de las relaciones de poder entre los sujetos involucrados en un proceso político comicial estatal, para poder incidir en la correlación de fuerzas que se despliega al interior de la misma, con el respaldo de los Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos.
Recordemos que el debate de donde nacieron todas estas modificaciones a las reglas con las que se opera en la actualidad en los procesos electorales, no es uno donde se cuestione la dicotomía entre federalismo y centralismo (y concentración de poder), sino las coyunturas electorales en 2012 y 2013, tanto a nivel nacional, como en casos locales específicos.
Es previsible que existan voces que sigan manifestándose en contra de los cambios que están por realizarse en próximas horas, y que incluso intenten impugnar un consenso nutrido a nivel nacional. Si en sus argumentos encuentran el sustento para derribar un acuerdo fortalecido por el condicionamiento de la aprobación de próximas reformas, no deben olvidar que el espíritu de las nuevas leyes político electorales seguirá siendo para el legislador el de vigilar de cerca a las autoridades electorales.
Esas voces son quienes deberían evaluar sus posturas políticas con la congruencia de sus acciones, ya que la esencia del debate surgió de coyunturas políticas, y no de indicadores legales que intentan confundir institucionalidad con potencial de politización de una institución. ■
