Zacatecas, destino en la ruta de la migración interna indígena

Zacatecas, destino en la ruta de la migración interna indígena
  • Fundamental, fomentar respeto a sus derechos humanos

Aunque del total de la población de Zacatecas sólo 0.39 por ciento, es decir, 5 mil personas, se consideran integrantes de algún grupo indígena, la presencia de las distintas etnias es mucho mayor debido a la migración interna que se da en el país y en la que Zacatecas se convierte en uno de los destinos de estos ciudadanos.

Ésta fue una de las coincidencias que expusieron en sus discursos las autoridades, este miércoles, durante la inauguración del curso-taller Los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, impartido por personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En este sentido, el ombudsman zacatecano, Arnulfo Joel Correa Chacón, recordó que las últimas comunidades indígenas de la entidad, que mantuvieron hasta hace poco sus usos y costumbres, su lenguaje y las características propias de su pueblo, fueron Cicacalco y Tlachichila, entre otras.

Asimismo, agregó que, aunque estas localidades ya perdieron las raíces que las distinguían, todavía es muy importante precisamente la migración interna y la necesidad de trabajar en el campo, lo cual provoca la llegada de coras, tepehuanes y huicholes, sobre todo a la zona Huicot, que comprende el municipio zacatecano de Valparaíso y parte de los estados de Durango, Nayarit y Jalisco.

Estas personas, explicó, llegan a la entidad para trabajar en las labores agrícolas de pizca en la región de Tlaltenango, por ejemplo, y también en próximas fechas comenzarán a llegar al municipio de Fresnillo, en concreto a la comunidad Río Florido, para empezar también con los trabajos del campo en este lugar.

Correa Chacón aseguró que los principales rezagos y discriminaciones que sufren las personas de grupos indígenas son en materia de salud, educación, empleo y vivienda digna. Señaló que de ahí radica la importancia de estar capacitados como ciudadanos y, sobre todo, como servidores públicos, para saber también determinar hasta qué punto deben respetarse sus usos y costumbres frente a la violación a otros derechos, como por ejemplo, los de un niño.

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